martes, 17 de enero de 2017

Jurisprudencia - Planteamiento cuestión prejudicial al TJUE sobre la expulsión de un extranjero condenado judicialmente


Juzgado de lo Contencioso-administrativo N°. 1 de Pamplona/Iruña, Auto de 2 Dic. 2016, Rec. 279/2015: Extranjeros. Planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJUE respecto de la expulsión de un ciudadano extranjero residente de larga duración del territorio nacional español al haber sido condenado a pena privativa de libertad superior a un año. Suspensión del procedimiento hasta que quede resuelta la cuestión prejudicial planteada. El Juzgado plantea la cuestión con el fin de enjuiciar la conformidad o disconformidad a Derecho de la decisión administrativa de expulsión. Necesidad de una valoración personalizada del residente de larga duración antes de acordar su expulsión, que no se respeta al acordarse automáticamente la expulsión en los casos de condena a más de un año de prisión.
Ponente: Rodríguez Antúnez, Daniel.
Nº de Recurso: 279/2015
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 8902, Sección Jurisprudencia, 17 de Enero de 2017

Jurisprudencia - Denegación de la transmisión a las autoridades italianas de la ejecución de la libertad condicional del penado interno en España


Juzgado de Vigilancia Penitenciaria N°. 3 de Madrid, Auto de 30 Dic. 2016, Proc. 440/2015: Ejecución de condenas. Suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad condicional adelantada a las 2/3 a extranjero de centro penitenciario de Madrid. Denegación de la transmisión de la ejecución de aquéllas medidas a su país de origen, Italia, por ausencia de medidas de libertad vigilada que controlar. Estudio de la transmisión y ejecución de resoluciones de libertad vigilada en otro Estado miembro de la UE, entre las que se incluye la libertad condicional, conforme a la Ley 23/2014 y Decisión Marco 2008/947/JAI. Carácter facultativo de la transmisión para la autoridad competente del Estado de emisión. Para que pueda transmitirse es preciso que se haya dictado una resolución de libertad condicional firme y que ésta contenga algunas de las medidas de libertad vigilada que se establecen en la ley (arts. 93 y 94). No basta para la transmisión una decisión de libertad condicional firme si ésta no contiene medidas de libertad vigilada que controlar.
Ponente: Torrecilla Collada, María del Prado.
Nº de Recurso: 440/2015
Jurisdicción: PENAL
Diario La Ley, Nº 8902, Sección Jurisprudencia, 17 de Enero de 2017

BOE de 17.1.2017


Corrección de errores de la Resolución de 15 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
Nota: Véase la Resolución de 15 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, así como la entrada de este blog del día 21.7.2016.

lunes, 16 de enero de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-174/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de noviembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag — Países Bajos) — Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht (Procedimiento prejudicial — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Derecho de alquiler y préstamo de obras protegidas — Directiva 2006/115/CE — Artículo 1, apartado 1 — Préstamo de copias de obras — Artículo 2, apartado 1 — Préstamo de objetos — Préstamo de una copia de un libro en forma digital — Bibliotecas públicas)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 10.11.2016.
-Asunto C-301/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de noviembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Marc Soulier, Sara Doke/Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication (Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Directiva 2001/29/CE — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Artículos 2 y 3 — Derechos de reproducción y de comunicación al público — Alcance — Libros «no disponibles» no publicados o que ya no se publican — Normativa nacional que atribuye a una sociedad de gestión colectiva el ejercicio de los derechos de explotación digital, con fines comerciales, de libros no disponibles — Presunción legal de consentimiento de los autores — Inexistencia de mecanismos que garanticen una información efectiva e individualizada a los autores)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 16.11.2016.
-Asunto C-417/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 16 de noviembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austria) — Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt [Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Ámbito de aplicación — Artículo 24, punto 1, párrafo primero — Competencias exclusivas en materia de derechos reales inmobiliarios — Artículo 7, punto 1, letra a) — Competencias especiales en materia contractual — Acción para la anulación de un acto de donación de un inmueble y la cancelación en el registro de la propiedad de la inscripción de un derecho de propiedad]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 16.11.2016.
-Asunto C-452/16 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de noviembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam — Países Bajos) — Ejecución de una orden de detención europea emitida contra Krysztof Marek Poltorak [Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Cooperación policial y judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Artículo 1, apartado 1 — Concepto de «resolución judicial» — Artículo 6, apartado 1 — Concepto de «autoridad judicial emisora» — Orden de detención europea emitida por el Rikspolisstyrelsen (Dirección General de la Policía Nacional, Suecia) para la ejecución de una pena privativa de libertad]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 10.11.2016.
-Asunto C-453/16 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de noviembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam — Países Bajos) — Ejecución de una orden de detención europea emitida contra Halil Ibrahim Özçelik (Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Cooperación policial y judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Artículo 8, apartado 1, letra c) — Concepto de «orden de detención» — Concepto autónomo del Derecho de la Unión — Orden de detención nacional emitida por un servicio de policía y ratificada por un fiscal a efectos del ejercicio de una acción penal)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 10.11.2016.
-Asunto C-477/16 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de noviembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam — Países Bajos) — Ejecución de una orden de detención europea emitida contra Ruslanas Kovalkovas (Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Cooperación policial y judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Artículo 1, apartado 1 — Concepto de «resolución judicial» — Artículo 6, apartado 1 — Concepto de «autoridad judicial emisora» — Orden de detención europea emitida por el Ministerio de Justicia de la República de Lituania para la ejecución de una pena privativa de libertad)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 10.11.2016.

domingo, 15 de enero de 2017

Bibliografía - Novedad Editorial


Se ha publicado la obra de S.I. Strong (Universidad de Missouri), K. Fach Gómez (Universidad de Zaragoza) y L. Carballo Piñeiro (Universidad de Santiago 
de Compostela), "COMPARATIVE LAW FOR SPANISH–ENGLISH SPEAKING LAWYERS. Legal Cultures, Legal Terms and Legal Practices / DERECHO
COMPARADO PARA ABOGADOS ANGLO- E HISPANOPARLANTES. Culturas jurídicas, términos jurídicos y prácticas jurídicas", editado por Edward Elgar Publishing.

Este es un libro diseñado para ofrecer a abogados y estudiantes de derecho que hablan inglés y español la información y las habilidades necesarias para acometer con propiedad análisis de derecho comparado relativos a estas jurisdicciones lingüísticas, al tiempo que les facilita la comunicación con colegas y clientes en su segundo idioma.
Comparative Law for Spanish–English Speaking Lawyers provides lawyers and law students who are conversationally fluent in both Spanish and English with the information and skills needed to undertake comparative legal research in their second language, and facilitate communication with colleagues and clients in that language.

Entre sus características principales destacan las siguientes:
• bilingüe inglés-español;
• ayuda a los juristas a desarrollar habilidades prácticas que son esenciales para triunfar en un mercado jurídico cada vez más internacionalizado;
• cubre varios sectores jurídicos, sustantivos y procesales, e incluye información sobre prácticas jurídicas y de negocio en diversas jurisdicciones hispano- y angloparlantes;
• contextualiza información sobre sistemas jurídicos extranjeros y desarrolla las capacidades lingüísticas y jurídicas de los lectores a través de métodos de inmersión e instrucción.
Adecuado tanto para uso individual como en grupo con el objetivo de ayudar a prácticos del derecho, académicos y estudiantes en cualquier fase de su formación profesional, esta obra es perfecta para el lector que busca transformar sus habilidades conversacionales en un segundo idioma en una herramienta jurídica de trabajo.
Key features include:
• fully Spanish–English bilingual;
• enables lawyers to develop the broad practical skills critical to success in today’s increasingly international legal market;
• covers a variety of substantive and procedural areas of law and includes information on legal and business practices in a number of English- and Spanish-speaking jurisdictions;
• contextualizes information about foreign legal systems and develops readers’ linguistic and legal skills through both immersion and instruction.
Suitable for use by both individuals and groups, helping practitioners, academics and law students at any stage of their professional development, this book is perfect for anyone who wishes to move from conversational fluency in a second language to legal fluency.

Contenidos / Contents:
Prefaces. SECTION I/SECCIÓN I: INTRODUCTION - INTRODUCCIÓN 1. Introduction – Introducción 2. Legal, Business and Social Cultures – Culturas Jurídicas, Empresariales y Sociales. SECTION II/SECCIÓN II: SOURCES OF LAW – FUENTES DEL DERECHO 3. Basic Principles of Comparative Law – Principios Básicos De Derecho Comparado. 4. Legislation – Legislación.
5. Decisions From Judicial and Other Tribunals – Decisiones de la Judicatura y otros Tribunales 6. Treatises and Scholarly Commentary – Doctrina. SECTION III/SECCIÓN III: SUBJECT-SPECIFIC AREAS OF LAW – ÁREAS JURÍDICAS ESPECÍFICAS. 7. Substantive Law – Derecho Sustantivo 8. Procedural Law – Derecho Procesal. SECTION IV/SECCIÓN IV: PRACTICAL ISSUES – CUESTIONES PRÁCTICAS. 9. Submissions to Judicial, Arbitral and Other Tribunals – Escritos Dirigidos a Tribunales De Justicia, Arbitrales y Otros. 10. Transactional Documents/Documentos Transaccionales. 11. Internal and External Correspondence
and Memoranda – Correspondencia Externa e Interna y Dictámenes. SECTION V/SECCIÓN V: EXERCISES AND FURTHER DEVELOPMENT – EJERCICIOS Y OTROS DESARROLLOS. 12. Mock Arbitral Dispute – Simulación De Arbitraje. 13. Mock Legal Transaction – Simulación De Transacciones Jurídicas. SECTION VI/SECCIÓN VI: ANSWERS TO SELF-TESTS – RESPUESTAS A LAS AUTOEVALUACIONES. Index. 

Ficha técnica:
S.I. Strong, K. Fach Gómez, L. Carballo Piñeiro
"COMPARATIVE LAW FOR SPANISH–ENGLISH SPEAKING LAWYERS. Legal Cultures, Legal Terms and Legal Practices / DERECHO
COMPARADO PARA ABOGADOS ANGLO- E HISPANOPARLANTES. Culturas jurídicas, términos jurídicos y prácticas jurídicas"
Edward Elgar Publishing, 2016.
720 pp. - £175.00 (UK/RoW), $280.00 (N/S America)
ISBN: 978-1-84980-786-9 (Hardback)

Revista de revistas (8 a 15 enero)


-Jus - Juristische Schulung: 2016, núm. 12; 2017, núm. 1.
-Revista de Derecho Mercantil: núm. 301 (2016).
-Revista Jurídica de Catalunya: 2016, núm. 2.

jueves, 12 de enero de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12.1.2017)


CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. EVGENI TANCHEV, presentadas el 12 de enero de 2017, en el asunto C‑617/15 (Hummel Holding): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania)] Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual o industrial — Marca de la Unión Europea — Competencia judicial internacional — Ampliación de la competencia para abarcar todo el territorio de la Unión Europea — actor sequitur forum rei— Concepto de “establecimiento” con arreglo al artículo 97, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 sobre la marca comunitaria — Acción por violación de marca ejercitada contra una empresa que tiene su sede fuera de la Unión Europea — Competencia judicial basada en la sede en un Estado miembro de la filial jurídicamente independiente de una empresa de un tercer Estado.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste la cuestión planteada en el siguiente sentido:
"En circunstancias tales como las del litigio principal, una filial de segundo grado jurídicamente independiente, que tiene su sede en un Estado miembro de la Unión Europea, de una empresa que no tiene su sede en la Unión Europea debe considerarse un “establecimiento” de dicha empresa en el sentido del artículo 97, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, si esa filial de segundo grado jurídicamente independiente es un centro de operaciones que, en el Estado miembro en el que está situado, se manifiesta de modo duradero hacia el exterior como una prolongación de la casa matriz del tercer Estado."

Nota 2: El art. 97.1 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, establece en relación con la competencia internacional lo siguiente:
"Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento así como de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 44/2001 [Reglamento Reglamento (UE) nº 1215/2012] aplicables en virtud del artículo 94, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 96 se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si este no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento."

DOUE de 12.1.2017


Resumen ejecutivo del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el primer paquete de reformas del Sistema Europeo Común de Asilo (Reglamentos Euroodac, EASO y Dublín).
Nota: El SEPD recomienda, entre otros puntos, las siguientes vías de actuación principales:
— Mencionar en el Reglamento de Dublín que la introducción del uso de un identificador único en la base de datos de Dublín no podrá en ningún caso utilizarse para fines distintos de los descritos en el Reglamento de Dublín;
— Realizar una evaluación completa del impacto sobre la protección de datos y la privacidad en la refundición del Reglamento Eurodac de 2016 con el fin de determinar las repercusiones que tendría la nueva propuesta textual y la prolongación del ámbito de aplicación de la base de datos Eurodac sobre la privacidad;
— Evaluar la necesidad de recopilar y usar las imágenes faciales de las categorías de personas contempladas en la refundición del Reglamento Eurodac de 2016 y la proporcionalidad de su recopilación, partiendo de un estudio coherente o de un enfoque basado en datos contrastados;
— Evaluar detenidamente la situación de los menores y efectuar una ponderación entre los riesgos y perjuicios que puede entrañar el procedimiento consistente en tomar las huellas dactilares de menores y las ventajas de las que pueden beneficiarse, aparte de la exposición de motivos.
El dictamen define igualmente otras deficiencias de las diferentes propuestas y define recomendaciones adicionales en materia de protección de datos y privacidad que deberían tenerse en cuenta en el proceso legislativo.

Texto completo del Dictamen: [inglés] [francés]

BOE de 12.1.2017


Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se convocan exámenes de aptitud acreditativos de los conocimientos necesarios para la actividad profesional de Agente de la Propiedad Industrial y del conocimiento del Derecho español para el reconocimiento de la cualificación profesional para el ejercicio en España de la actividad de Agente de la Propiedad Industrial a ciudadanos de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Nota: Véase la Orden ITC/2505/2010, de 22 de septiembre, por la que se regula el reconocimiento de la cualificación profesional para el ejercicio en España de la actividad de agente de la propiedad industrial a ciudadanos de la Unión Europea, así como la entrada de este blog del día 28.9.2010.

miércoles, 11 de enero de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (11.1.2017)


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 11 de enero de 2017, en el asunto C‑289/15 (Grundza): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco 2008/909/JAI — Artículo 7 — Requisito de la doble tipificación — Artículo 9 — Motivo de la negativa al reconocimiento y a la ejecución basado en la ausencia de doble tipificación — Nacional del Estado de ejecución condenado en el Estado de emisión por contravenir a una resolución dictada por una autoridad pública.
Fallo del Tribunal: "El artículo 7, apartado 3, y el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, deben interpretarse en el sentido de que el requisito de la doble tipificación ha de considerarse satisfecho en una situación como la del asunto principal, toda vez que los hechos que dieron lugar a la infracción, tal como fueron plasmados en la sentencia dictada por la autoridad competente del Estado de emisión, también estarían, en cuanto tales, sujetos a sanción penal en el territorio del Estado de ejecución si se hubieran producido en dicho territorio."

Grabación de las intervenciones del "Congreso Internacional sobre sucesiones de extranjeros y españoles tras el Reglamento (UE) 650/2012"


Los días 1 y 2 de diciembre de 2016 se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada el Congreso internacional sobre Sucesión de extranjeros y españoles tras el reglamento (UE) 650/2012: Problemas procesales, notariales, registrales y fiscales, dirigido por Ángeles Lara Aguado (Profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada) (véase la entrada de este blog del día 28.10.2016).

Ya están disponibles las grabaciones con las intervenciones del Congreso, que se pueden ver en el Portal de Recurso Multimedia de la Universidad de Granada.

Jurisprudencia - Denegación de protección internacional solicitada por una mujer marroquí como familiar de un nacional sirio


Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Sentencia de 2 Junio 2016, Rec. 667/2015: Protección internacional. Solicitud por una mujer marroquí como familiar de un nacional sirio. Conforme a la normativa vigente y la jurisprudencia que la interpreta, no cabe apreciar que la solicitante y sus hijos sufran persecución o tengan fundados temores a sufrirla por alguna de las causas contempladas en la Convención de Ginebra, sobre el Estatuto de los Refugiados, pues Marruecos es uno de los países firmantes de la Convención, donde no se ha demostrado que ni la actora ni sus hijos sufran peligro o persecución alguna. Su marido, de nacionalidad Siria, y al que sí se admitió su solicitud de asilo, se reunió con ellos en Marruecos, país en el que vivían en un contexto de normalidad y ajenos a conflictos propios del asilo. Sin embargo, la solicitud estaba motivada por razones económicas.
Ponente: Novoa Fernández, Ángel.
Nº de Recurso: 667/2015
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Iustel - Diario Del Derecho, 11 enero 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: SAN 2120/2016 - ECLI:ES:AN:2016:2120]

Jurisprudencia - Deducción fiscal de cónyuges separados residentes en distintas Comunidades Autónomas


Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 1286/2016 de 21 Dic. 2016, Rec. 462/2015: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducción por adquisición de vivienda habitual. Aplicabilidad de la deducción correspondiente a la vivienda adquirida privativamente por la esposa, en la que reside junto al hijo del matrimonio, pese a que su marido, del que se encuentra separado legalmente y con el que presenta de manera conjunta su autoliquidación, resida en otra vivienda sita en otra Comunidad Autónoma. En los supuestos de tributación conjunta no puede limitarse la deducción a la vivienda que constituya el domicilio conyugal, pues aunque la convivencia de los cónyuges sea lo más frecuente, existen determinadas circunstancias que rompen tal presunción. Los cónyuges no tienen obligación de justificar ante la AEAT la separación legal.
Ponente: Ornosa Fernández, María Rosario.
Nº de Sentencia: 1286/2016
Nº de Recurso: 462/2015
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 8898, Sección Jurisprudencia, 11 de Enero de 2017

DOUE de 11.1.2017


Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Nota: Según el tenor literal de la información, "el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia sobre exención de visados para estancias de corta duración entrará en vigor el 1 de diciembre de 2016". Dadas las fechas en las que estamos, se podría haber cambiado el tiempo verbal: "entró".
Véase el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia así como la entrada de este blog del día 19.12.2015

martes, 10 de enero de 2017

Jurisprudencia - Plazo para solicitar la primer matriculación definitiva en España de buques de recreo


Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Sentencia de 31 Mayo 2016, Rec. 1801/2015: Acuerdos de liquidación y sanción en concepto de Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Los titulares de buques dedicados a la navegación privada de recreo están obligados a solicitar la primera matriculación definitiva en España dentro del plazo de 30 días siguientes de su utilización.
Ponente: Frías Ponce, Emilio.
Nº de Recurso: 1801/2015
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Iustel - Diario Del Derecho, 10 enero 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: STS 2344/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2344]

Bibliografía - Aproximación teleológica a la tutela cautelar en el proceso civil y en el arbitraje


Aproximación teleológica a la tutela cautelar en el proceso civil y en el arbitraje
José Carlos FERNÁNDEZ ROZAS, Catedrático de Derecho Internacional Privado (Universidad Complutense de Madrid)
Diario La Ley, Nº 8897, Sección Tribuna, 10 de Enero de 2017
La justicia cautelar ocupa un lugar prioritario en el proceso hasta el punto de que la eficacia misma de éste puede hacer depender la posibilidad de la ejecución de la sentencia de fondo. Es un derivado directo del principio constitucional de la tutela judicial efectiva y desempeña un papel relevante en cualquier procedimiento de arreglo de controversias. Es cierto que un buen sistema de medidas cautelares constituye un instrumento valioso del cual hoy en día los ordenamientos jurídicos no pueden prescindir, pero de ahí a creer que estamos frente a sistema taumatúrgico que va a solucionar gran parte de los múltiples problemas que aquejan a los procedimientos judiciales, hay largo camino que recorrer.

lunes, 9 de enero de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-554/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de noviembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Proceso penal contra Atanas Ognyanov (Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco 2008/909/JAI — Artículo 17 — Derecho por el que se rige la ejecución de una condena — Interpretación de una norma nacional del Estado de ejecución que prevé la redención de penas privativas de libertad por el trabajo realizado por el condenado durante su reclusión en el Estado de emisión — Efectos jurídicos de las decisiones Marco — Obligación de interpretación conforme)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 8.11.2016.
-Asunto C-195/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 26 de octubre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — SCI Senior Home, en concurso de acreedores/Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG [Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) n.° 1346/2000 — Artículo 5 — Concepto de «derechos reales de terceros» — Gravamen público sobre la propiedad inmobiliaria que garantiza la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 26.10.2016.
-Asunto C-212/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 9 de noviembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Mureș — Rumanía) — ENEFI Energiahatékonysági Nyrt/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) n.° 1346/2000 — Artículo 4 — Efectos previstos por la normativa de un Estado miembro sobre los créditos no incluidos en el procedimiento de insolvencia — Caducidad — Naturaleza fiscal del crédito — Irrelevancia — Artículo 15 — Concepto de «procesos en curso» — Procedimientos de ejecución forzosa — Exclusión]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 9.11.2016.
-Asunto C-428/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 27 de octubre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — Child and Family Agency/J. D. [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) n.° 2201/2003 — Artículo 15 — Remisión del asunto a un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro — Ámbito de aplicación — Requisitos para su aplicación — Órgano jurisdiccional mejor situado — Interés superior del menor]
Nota: Véase la entrada de esto blog del día 27.10.2016.
-Asunto C-439/16 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 27 de octubre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Spetsializiran Nakazatelen Sad — Bulgaria) — Procedimiento penal seguido contra Emil Milev [Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Cooperación judicial en materia penal — Directiva (UE) 2016/343 — Artículos 3 y 6 — Ámbito de aplicación temporal — Control jurisdiccional sobre la prisión preventiva del encausado — Normativa nacional que durante la fase judicial del procedimiento prohíbe que se investigue si hay indicios racionales de que el encausado haya cometido alguna infracción — Contradicción con el artículo 5, apartados 1, letra c), y 4, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales — Margen de discrecionalidad reservado a los tribunales nacionales por la jurisprudencia nacional para que decidan si aplican o no dicho Convenio]
Nota: Véase la entrada de esto blog del día 27.10.2016.

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional


Sala Segunda. Sentencia 201/2016, de 28 de noviembre de 2016. Recurso de amparo 201-2016. Promovido por don Abdelmajij Bilal, en calidad de tutor legal de don Z.B., en relación con las resoluciones de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona que acordaron la salida del territorio nacional, y las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona que desestimaron su impugnación. Vulneración del derecho a la tutela judicial: resoluciones administrativa y judicial que no ponderan las circunstancias familiares y de arraigo al acordar la expulsión de un extranjero del territorio nacional (STC 131/2016).
Nota: El Tribunal acuerda "estimar el recurso de amparo interpuesto por el representante legal de don Z. B. y, en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
2.º Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, anular la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Barcelona de 24 de noviembre de 2014, dictada en el procedimiento abreviado núm. 516-2013 y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 11 de diciembre de 2015, dictada en el rollo de apelación núm. 168-2015.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Barcelona de 24 de noviembre de 2014, para que dicho órgano judicial dicte una nueva resolución compatible con el derecho fundamental vulnerado en los términos que se precisan en el fundamento jurídico 5."

Nota 2: Véase el comentario a la sentencia publicado en la edición del 12.1.2017 del Diario La Ley.

BOE de 9.1.2017


-Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles XVII de Madrid a inscribir un contrato de arrendamiento financiero de una aeronave.

-Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles XVII de Madrid a inscribir un contrato de arrendamiento financiero de una aeronave.

-Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles XVII de Madrid a inscribir un contrato de arrendamiento financiero de una aeronave.

Nota: En los tres casos se analiza la inscripción de un contrato de arrendamiento con opción de compra por la sociedad «Yamasa Sangyo Aircraft VY2 Kumiai», como arrendador, y «Vueling Airlines, S.A.», como arrendatario, de tres aeronaves. Los argumentos utilizados en las tres resoluciones son prácticamente idénticos, por lo que paso a continuación a exponerlos.

La cuestión jurídica que se analiza en ellas es la de examinar si es o no inscribible en el Registro de Bienes Muebles un arrendamiento con opción de compra de una aeronave, cuya inmatriculación no resulta haya sido practicada en el Registro, dándose además la circunstancia de que el arrendatario figura como titular administrativo en el Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles. Para ello, la DGRN examina las únicas normas que en la actualidad se refieren a la inscripción de las aeronaves en el Registro de Bienes Muebles, como sucesor de los libros especiales llevados antaño en el Registro Mercantil, que son los arts. 145 a 190 del RRM, y en concreto sus artículos 177 a 190.

De conformidad con el art. 179 la inscripción de las aeronaves en el Registro Mercantil -hoy en el Registro de Bienes Muebles- es obligatoria siempre que se trate de aeronaves de nacionalidad española, de propiedad privada y que se destinen o puedan destinarse a fines industriales o mercantiles, datos estos últimos que en ningún momento han quedado desvirtuados en este expediente, con relación a la aeronave objeto del mismo. A continuación el art. 180 señala que la primera inscripción será de dominio y se practicará en virtud de «contrato de entrega o de venta de la entidad constructora en unión del certificado administrativo de su matrícula». Por lo que respecta a los sucesivos actos jurídicos inscribibles relativos a las aeronaves el mismo reglamento nos dice en su art. 182 que para la transmisión y demás actos de trascendencia real relativos a la aeronave se practicará en virtud de escritura pública o documento auténtico. Respecto de esta última cuestión y aunque ello no ha sido objeto de la nota de calificación del registrador, procede señalar ahora que el actual sistema de títulos inscribibles en el Registro de Bienes Muebles es escasamente formalista, que el arrendamiento aunque sea financiero o por larga duración e inscribible, no tiene la consideración de derecho real, que la escritura pública sólo debe ser exigible si su necesidad está claramente establecida en la ley, y finalmente que para la inscripción de toda clase de derechos en el Registro de Bienes Muebles es suficiente con la utilización de los modelos, debidamente aprobados por esta Dirección General a que hace referencia el art. 10 de la Ordenanza de 1999 o bien la escritura pública que contenga todos los requisitos necesarios para la inscripción, según ha dicho reiteradamente este Centro Directivo.
En los casos planteados, se pretende la inscripción de un arrendamiento financiero sobre aeronave, sin que resulte que la misma figure previamente inmatriculada o inscrita en el Registro, pretendiéndose, al parecer, su inmatriculación directa en base a dicho contrato, inmatriculación que el registrador rechaza por no coincidir la titularidad administrativa del bien con la que resulta del documento presentado. A la vista de las consideraciones anteriores ello no es posible, pero no sólo por la disparidad existente en cuanto a la titularidad administrativa de la aeronave, sino fundamentalmente por la inexistencia en el Registro de una previa inscripción de titularidad a favor del arrendador financiero, sin que el contrato de arrendamiento sirva, como hemos visto, como título inmatriculador.
Por tanto para conseguir la inscripción del mencionado contrato de arrendamiento financiero, en primer lugar el titular civil de la aeronave deberá registrarla a su nombre en el Registro de Matrícula de Aeronaves, regulado hoy por el Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de matriculación de aeronaves civiles, y a continuación, en virtud de título hábil para ello, en la sección correspondiente del Registro de Bienes Muebles, y finalmente ya podrá proceder a la inscripción del contrato de arrendamiento financiero interesado. Una vez matriculado en el registro administrativo e inmatriculado en el Registro de Bienes Muebles, de conformidad con los puntos 3 y 4 del art. 10 del Real Decreto citado «los actos jurídicos posteriores a la matriculación de las aeronaves que sean inscribibles en el Registro de Bienes Muebles, conforme a su legislación específica, se inscribirán primero en dicho Registro» e incluso los actos que «impliquen cambio de titularidad se anotarán en el Registro de Matrícula de Aeronaves, a petición de los interesados, siempre que quede acreditada la inscripción previa en el Registro de Bienes Muebles mediante la comunicación efectuada por éste. Las cargas y gravámenes se anotarán de oficio en virtud del comunicado del Registro de Bienes Muebles» y todo ello se hará, según concluye el punto 5 del mismo artículo de forma telemática. No es un sistema muy distinto al que, a efectos de inscripción de la hipoteca mobiliaria sobre aeronaves, establece el art. 38 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión de 16 de diciembre de 1954 cuando dispone que podrán ser hipotecadas las aeronaves que se hallen inscritas en la sección correspondiente del Registro Mercantil de la Provincia (hoy Registro de Bienes Muebles) donde estén matriculadas.
Ahora bien todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo que el mismo Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo, sobre inscripción en el registro de matriculación de aeronaves civiles, dispone en su disposición adicional sexta relativa a que cuando la garantía establecida sobre la aeronave matriculada en España fuera susceptible de inscripción en un Registro Internacional serán de preferente aplicación las normas internacionales debiendo el registrador, desde la práctica del asiento de presentación, o, en su caso, desde la inscripción, hacer constar la reserva de prioridad en el registro internacional correspondiente, y como consecuencia de ello y en lo que afecta a este expediente, el Registro de Bienes Muebles se considera que es «el punto de acceso nacional de la información necesaria para la práctica de la inscripción internacional» de conformidad con «el artículo 18 del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, hecho en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de 2001».
No existe, por tanto, como alega el recurrente, una duplicidad de registros, con duplicidad de documentación, ni un empeoramiento respecto de la situación existente anteriormente entre ambos registros, dado que no se ha producido un cambio sustancial en la legislación aplicable. Se trata de registros con distinto ámbito de actuación: uno, el registro de matriculación de aeronaves civiles, regulado por el citado Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo, y cuya finalidad es regular los requisitos, forma y efectos de su inscripción en el Registro de Matrícula de Aeronaves, de conformidad con la Ley 48/1960. de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, lo que es requisito imprescindible para la posterior inscripción en el Registro de Bienes Muebles, y con efectos limitados al ámbito administrativo, y el otro, el Registro de Bienes Muebles, de carácter estrictamente jurídico y que tiene por finalidad el reflejo de la titularidad dominical de la aeronave, una vez registrada administrativamente, y a partir de dicho momento recoger en su plenitud la totalidad de los avatares de carácter jurídico que le afecten y como muy importantes la de todas las cargas, gravámenes y, en su caso, arrendamientos financieros o no que se puedan constituir sobre la misma. En definitiva, el sistema que se sigue para la inmatriculación de la aeronave, no es un sistema distinto del que se sigue con otros objetos inscribibles en el Registro de Bienes Muebles, sino que por el contrario es un sistema similar al establecido para la inmatriculación de los buques y la posterior constatación de los actos jurídicos que le conciernen y también similar al establecido para los vehículos automóviles si bien con la esencial diferencia, respecto de estos últimos, de que la apertura del folio registral en ningún caso se puede llevar a cabo con la presentación e inscripción de los distintos contratos inscribibles referidos a los mismos, sino que, por la esencial diferencia de la singularidad y especificidad de su objeto, dotado de características propias, le hacen tener reglas especiales, tanto para su inmatriculación, como para el reflejo de su posterior trayectoria jurídica.
No se trata por tanto de un problema de falta de tracto sucesivo entre la inscripción en el Registro de Aeronaves y el Registro de Bienes Muebles, que como se ha expuesto son totalmente independientes aunque interconectados telemáticamente, sino de un problema de falta de previa inscripción de la aeronave, el cual deberá ser subsanado por los medios que el Derecho ofrece para ello antes de que pueda procederse a la inscripción del contrato de arrendamiento financiero.

Por todo lo anterior, la DGRN desestimar el recurso y confirmar la calificación impugnada.