martes, 23 de mayo de 2017

DOUE de 23.5.2017


Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta por la que se crea un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)
Nota: De acuerdo con la propuesta, el sistema exigiría a los viajeros exentos de visado someterse a una evaluación de riesgos en materia de seguridad, migración irregular y salud pública antes de llegar a las fronteras del espacio Schengen. Esta evaluación se efectuaría comparando los datos presentados por el solicitante a través del SEIAV con los de otros sistemas de información de la UE, una lista de alerta rápida SEIAV específica y normas de control. El resultado de este proceso será la concesión o denegación de una autorización automatizada para entrar a la UE.
La creación del SEIAV tendría un impacto importante en el derecho a la protección de los datos personales, ya que un amplio espectro de autoridades públicas (por ejemplo, autoridades de inmigración, guardias fronterizas, fuerzas de seguridad, etc.) tendría acceso a diversos tipos de datos, recogidos en un principio con fines muy diferentes. Por este motivo, el SEPD considera que es necesario llevar a cabo una evaluación del impacto que tendrá la propuesta en el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos.
También preocupa de la propuesta el proceso para determinar el riesgo que puede representar el solicitante. Habida cuenta de que la consecuencia para las personas podría ser la denegación de entrada, la legislación deberá definir claramente cuáles son los riesgos que se evalúan. La elaboración de perfiles, al igual que cualquier otra forma de análisis informático de datos aplicado a personas, plantea serias cuestiones de carácter técnico, legal y ético. Por ello, el SEPD pide que se presenten pruebas convincentes que demuestren la necesidad de utilizar instrumentos de elaboración de perfiles para los fines del SEIAV.
El SEPD también cuestiona la pertinencia de recopilar y procesar datos sobre salud, como se prevé en la propuesta. Pide que se justifique mejor el periodo indicado de conservación de datos y la necesidad de conceder acceso a los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales y Europol.
Finalmente, presenta recomendaciones, por ejemplo, sobre la división de funciones y responsabilidades entre las distintas entidades implicadas y la arquitectura y seguridad de la información del SEIAV.

BOE de 23.5.2017


Terminación del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de la India, hecho "ad referendum" en Nueva Delhi el 30 de septiembre de 1997.
Nota: El Acuerdo dejó de aplicarse el 22 de marzo de 2017. Ahora bien, y de conformidad con su art. 14.2, respecto a las inversiones efectuadas antes de la fecha de expiración, las disposiciones de todos los demás artículos del Acuerdo seguirán estando en vigor por un período de quince años a partir de dicha fecha.
Véase el Acuerdo entre España y la India para la promoción y protección recíproca de inversiones de 1997.

lunes, 22 de mayo de 2017

La Orden Europea de Investigación en Materia Penal


Hoy, 22 de mayo, finaliza el plazo de transposición de la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal (véase la entrada de este blog del día 1.5.2014).

Esta directiva crea la Orden Europea de Investigación (OEI), que se expedirá a efectos de obtener una o varias medidas de investigación específicas que se llevarán a cabo en el Estado de ejecución de la OEI con vistas a la obtención de pruebas. Esto incluye la obtención de pruebas que ya están en posesión de la autoridad de ejecución. La OEI tiene un ámbito horizontal, por lo que se aplica a todas las medidas de investigación dirigidas a la obtención de pruebas. Los Estados miembros ejecutarán una OEI sobre la base del principio de reconocimiento mutuo y de conformidad con la Directiva.
La OEI debe centrarse en la medida de investigación que vaya a llevarse a cabo. Debe optarse por la OEI cuando la ejecución de una medida de investigación se considere proporcionada, adecuada y aplicable al caso concreto. La autoridad de emisión debe asegurarse, por consiguiente, de que la prueba buscada sea necesaria y proporcionada para el procedimiento, de que la medida de investigación escogida sea necesaria y proporcionada para obtener la prueba en cuestión, y de si procede implicar a otro Estado miembro en la obtención de dicha prueba por medio de la emisión de una OEI.

Jurisprudencia - Concesión de la nacionalidad española tras permanecer casi seis meses fuera de España sin acreditar el motivo de la ausencia


Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Sentencia de 27 octubre 2016, Rec. 2787/2014: Nacionalidad española. Adquisición por residencia. Persona que permaneció casi seis meses fuera de España dentro del periodo de los dos años anteriores a la solicitud de la nacionalidad, sin acreditar el motivo de su ausencia. La efectividad y continuidad de la residencia deriva de la fijación real de domicilio en España y la vinculación al territorio en cuanto al medio de vida, desarrollo de las relaciones personales, familiares, sociales, administrativas y demás que conforman el régimen de vida del interesado, que no se desvirtúan por el hecho de que, sin desvincularse de tal relación con el territorio, haya de permanecer en el extranjero por razones de trabajo o estudios. Cabe tener en cuenta los elementos de arraigo, anteriores y posteriores a la misma, de tal forma que España sea el centro de sus relaciones en una perspectiva de vinculación como la que implica la nacionalidad.
Ponente: García García-Blanco, Isabel.
Nº de Recurso: 2787/2014
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Iustel - Diario Del Derecho, 22 mayo 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: SAN 4012/2016 - ECLI: ES:AN:2016:4012]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-652/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 29 de marzo de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Darmstadt — Alemania) — Furkan Tekdemir, representado legalmente por Derya Tekdemir y Nedim Tekdemir/Kreis Bergstraße (Procedimiento prejudicial — Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Turquía — Decisión n.° 1/80 — Artículo 13 — Cláusula de standstill — Derecho de residencia de los miembros de la familia de un trabajador turco que forma parte del mercado legal de trabajo de un Estado miembro — Posible existencia de una razón imperiosa de interés general que justifique nuevas restricciones — Gestión eficaz de los flujos migratorios — Obligación de los nacionales de terceros Estados menores de 16 años de estar en posesión de un permiso de residencia — Proporcionalidad)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 29.3.2017.
-Asunto C-146/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 30 de marzo de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof, Alemania) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/DHL Paket GmbH (Procedimiento prejudicial — Prácticas comerciales desleales — Publicidad en un medio impreso — Omisión de información sustancial — Acceso a dicha información a través del sitio de Internet en el que se distribuyen los productos en cuestión — Productos vendidos por la persona que publicó el anuncio o por terceros)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 30.3.2017.
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-66/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (Polonia) el 7 de febrero de 2017 — Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś/DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG
Cuestiones planteadas: "¿Debe interpretarse el artículo 4, punto 1, en relación con el artículo 7 de Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, en el sentido de que es posible expedir el certificado de título ejecutivo europeo de una decisión sobre el reembolso de las costas procesales obtenida en una sentencia declarativa de un derecho?"

DOUE de 22.5.2017


Reglamento (UE) 2017/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, que modifica el Reglamento (CE) n.o 539/2001 por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Ucrania).
Nota: Se considera que Ucrania ha cumplido todos los criterios de referencia establecidos en el Plan de Acción para la Liberalización de Visados presentado al Gobierno ucraniano en noviembre de 2010, de modo que cumple los criterios aplicables para que sus ciudadanos queden exentos de la obligación de visado cuando viajen al territorio de los Estados miembros. Por lo tanto, la referencia a Ucrania debe trasladarse del anexo I al anexo II del Reglamento (CE) nº 539/2001

Jurisprudencia - El matrimonio de complacencia no constituye necesariamente delito de falsedad


Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 261/2017 de 6 Abr. 2017, Rec. 649/2016: Matrimonio de complacencia. Delito de falsedad documental. En concurso con delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Simulación de matrimonio para lograr legalizar la situación en España de uno de los contrayentes y obtener una posterior reagrupación familiar. Revocación de condena. Inexistencia de sentencia civil previa que anule el matrimonio, que integraría la prueba de la nulidad o inexistencia del mismo. Exceso en el ejercicio de la Jurisdicción Penal cuando el tribunal de instancia declara su nulidad. Ni toda simulación integra nulidad en el ámbito civil, ni todo negocio nulo civilmente por simulación, es falso penalmente. No existe falsedad, en el caso, porque el acta matrimonial es genuina, su data correcta y recoge un acto objetivamente celebrado en forma, lo que consta en la inscripción registral. El consentimiento otorgado por conveniencia no constituye falsedad ideológica salvo usurpación de estado civil o falsedad documental previa. El matrimonio de complacencia, incluso cuando la finalidad acreditada fuere eludir la normativa sobre inmigración, constituye ilícito administrativo y no penal, al no mediar ánimo de lucro, elemento subjetivo del injusto requerido en el comportamiento típico del art. 318.bis.2 CP. Incluso de considerarse delito concurriría la excusa absolutoria de ayuda humanitaria, que excluye la punibilidad.
Ponente: Palomo del Arco, Andrés.
Nº de Sentencia: 261/2017
Nº de Recurso: 649/2016
Jurisdicción: PENAL
Diario La Ley, Nº 8984, Sección La Sentencia del día, 22 de Mayo de 2017
ECLI: ES:TS:2017:1486

Bibliografía - Jurisdicción penal y medidas repatriativas de extranjería


Jurisdicción penal y medidas repatriativas de extranjería
Natividad PLASENCIA DOMÍNGUEZ, Fiscal Delegada de Extranjería, Fiscalía Provincial de Sevilla
Diario La Ley, Nº 8984, Sección Doctrina, 22 de Mayo de 2017
La jurisdicción penal tiene un relevante papel en materia de control de legalidad de las medidas repatriativas previstas en la legislación de extranjería a través de tres cauces fundamentales: de una parte, en cuanto la misma ejerce una función de tutela del derecho a la libertad mediante las autorizaciones para el internamiento cautelar de extranjeros sobre los que pesan dichas medidas en los denominados Centros de Internamientos de Extranjeros; en segundo término, en cuanto que corresponde al Juez de Instrucción el control de legalidad de la actividad administrativa que se desarrolla en dichos centros y, finalmente, a través de las autorizaciones judiciales para materializar expulsiones administrativas de extranjeros sujetos a un procedimiento penal, como mecanismo de renuncia al ejercicio del ius puniendi. En el presente trabajo se analizan las dos primeras funciones mencionadas y, con el fin de ofrecer una visión integral sobre la materia, también se abordan la nueva figura de los rechazos en frontera y las suspensiones cautelarísimas que el Juez Penal puede acordar en sustitución del Juez de los Contencioso.
La extranjería constituye un complejo fenómeno de nuestros días al que el ordenamiento jurídico debe dar respuesta desde múltiples perspectivas. Singularmente, la jurisdicción penal ejerce un destacado papel en materia de control de legalidad de las medidas repatriativas previstas en la legislación de extranjería a través de tres cauces fundamentales como son las autorizaciones para internamientos cautelares en centros de internamiento de extranjeros, el control de legalidad de la actividad administrativa de internamiento y las autorizaciones para la materialización de expulsiones administrativas de extranjeros sometidos a un procedimiento penal. Dicha intervención tiene por objeto la tutela del derecho a la libertad de los extranjeros sobre los que pesan dichas medidas así como, el control judicial de la actividad administrativa relativa a medidas repatriativas, pudiendo implicar en el tercero de los casos mencionados, una eventual renuncia al ejercicio del ius puniendi del Estado.
La regulación de tales funciones se contiene de forma dispersa y fragmentaria en diversos cuerpos legales que, por otra parte, no han sido modificados para armonizarlos con las últimas reformas sustantivas y procesales en materia penal, lo que sin duda dificulta su ejercicio y plantea innumerables dudas interpretativas.
Nos hallamos, por otra parte, ante una materia que resulta desconocida para algunos de los profesionales que operan en el orden penal, lo que constituye una dificultad añadida.
Este trabajo trata de responder a esas dudas ofreciendo de manera resumida una guía global y eminentemente práctica sobre el tema.

BOE de 22.5.2017


Ley 4/2017 de la Comunidad Autónoma de la Rioja, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja.
Nota: En esta disposición cabe destacar su art. 2, en el que se regula su ámbito de aplicación personal:
"Tienen derecho a la renta de ciudadanía en los términos y condiciones previstos en esta ley:
a) Quienes tengan la condición de ciudadanos de La Rioja, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía.
b) Las personas extranjeras con vecindad administrativa en La Rioja, en los términos previstos en la legislación aplicable."
Igualmente, cabe destacar el art. 7.a), en el que se regula el requisito de la residencia para ser titular del derecho a la renta de ciudadanía:
"a) Tener la residencia efectiva en cualquier municipio de La Rioja, de forma ininterrumpida y al menos con un año de antelación a la solicitud.
A efectos de dicho plazo, podrán computarse los periodos de residencia en distintos municipios de la Comunidad Autónoma, siempre que los mismos sean sucesivos.
Los solicitantes extranjeros deberán acreditar, además, la residencia legal con un año de antelación a la solicitud.
No se tendrán en cuenta a los efectos de acreditar la residencia efectiva, los periodos de residencia fuera de La Rioja inferiores a treinta días dentro del año natural anterior a la fecha de la solicitud, cuando dicha residencia obedezca a motivos laborales o de enfermedad del solicitante o de cualquier familiar que guarden con él el parentesco establecido en el artículo 5.1 de la ley.
No se exigirán estos requisitos a los emigrantes riojanos retornados de otros países, a las personas refugiadas o beneficiarias de protección internacional, a las mujeres que en el momento de la solicitud acrediten ser víctimas de violencia de género, ni a quienes hayan sido objeto de acogimiento familiar o procedan de instituciones de protección de menores, habiendo sido objeto de tutela o guarda por parte del Gobierno de La Rioja hasta su mayoría de edad."

El Consejo de Ministros acuerda recurrir la Ley catalana del libro sexto del CCiv de Cataluña


El Consejo de Ministros, en su sesión del pasado viernes 19 de mayo, acordó solicitar al presidente del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Cataluña 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto (véase la entrada de este blog del día 8.3.2017).

Entiende el Consejo de Ministros que esta norma desoye la doctrina del Tribunal Constitucional al regular de forma innovadora el contrato de compraventa, la cesión de finca o de aprovechamiento urbanístico a cambio de construcción futura y el contrato de permuta. Asimismo, contiene importantes innovaciones respecto del contrato de mandato y del contrato de gestión de asuntos ajenos sin mandato. De acuerdo con el art. 149.1.8º de la Constitución, la regulación de estas materias es competencia exclusiva del Estado: legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales, o especiales, allí donde existan. Por tanto, no se pueden regular materias de derecho civil novedosa o que contienen instituciones que no se encontraran contenidas en el derecho civil autonómico con anterioridad a la Constitución. Igualmente, el art. 149.1.6º establece la competencia exclusiva en materia de "legislación mercantil", por lo que, entiende el Consejo de Ministros, que los preceptos de dicha Ley podrían vulnerar el principio de unidad de mercado.

Véase la referencia del Consejo de Ministros [aquí].

domingo, 21 de mayo de 2017

Final Conference 'Brussels Ia and Transport (BRIaTRA)' (Valencia, 30 Mai 2017)


FINAL CONFERENCE 'BRUSSELS Ia AND TRANSPORT (BRIaTRA)'
EU PROJECT JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7706
University of Valencia. Faculty of Law (Salón de Grados)
30 MAY 2017


9.30 WELCOME
Prof. Guillermo Palao Moreno. Vice-Chancellor of International Relations. University of Valencia

9.45 CONSIDERATIONS ABOUT THE BRIaTRA PROJECT
Prof. Rosario Espinosa Calabuig (University of Valencia)

PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN THE EU: GENERAL ISSUES AND PARTICULAR MATTERS IN TRANSPORT
CHAIR: PROF. CARLOS ESPLUGUES MOTA. UNIVERSITY OF VALENCIA
10.00 “The interactions between EU law and International transports conventions: mechanisms of connection, disconnection and incorporation”, Prof. Laura Carpaneto. University of Genova
10.30 “Brussels Ia and International maritime transport”, Prof. Rosario Espinosa Calabuig. University of Valencia
11.00 “Brussels Ia and International conventions on Land transport”, Prof. Achim Puetz. University of Castellón
11.30 COFFEE BREAK

PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN THE EU: TRANSPORT AND MATTERS CONNECTED
CHAIR: PROF. LAURA CARPANETO. UNVIERSITY OF GENOVA
12.00 “Air transport liability in the EU and scope of the technical investigations”, Prof. Mª Jesús Guerrero Lebrón. University of Pablo de Olavide, Sevilla
12.30 “Jurisdiction and conflict of laws issues between contract of transport and insurance”, Prof. Pierangelo Celle. University of Genova
13.00 “Brussels Ia and the arrest of ships: from the 1952 to the 1999 Arrest Convention”, Prof. Simone Carrea. University of Genova
13.30. CLOSING REMARKS, Profs. Rosario Espinosa Calabuig and Laura Carpaneto.

• More information: isabel.reig (at)uv.es
• A certificate of attendance will be provided.


Revista de revistas (14 a 21 de mayo)


-Journal du Droit International: 2016, núm. 2.
-Jus - Juristische Schulung: 2017, núm. 5.
-Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale: 2015, núm. 4; 2016, núm. 1; 2016, núm. 3.

sábado, 20 de mayo de 2017

El Comité de Bioética de España aprueba un Informe sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada


En la nota de prensa publicada por el Comité de Bioética de España (CBE) se informa que en su reunión plenaria del día 8 de mayo acordó por unanimidad de los vocales presentes aprobar un "Informe sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada", elaborado a iniciativa propia.

Según el CBE, la maternidad subrogada es uno de los temas bioéticos más controvertidos del momento por su carácter disruptivo sobre el modo en que la procreación humana, y las consecuentes relaciones de maternidad y filiación, han sido entendidas y reguladas hasta la actualidad, planteándose por primera vez en la historia la posibilidad de disociar la gestación de la maternidad.
En líneas generales, como se expone detalladamente en el Informe, dos son los principales problemas jurídicos que se plantean en España. El primero tiene que ver con el hecho de que la maternidad subrogada sea contraria a la ley nacional y, sin embargo, muchos españoles consigan ser padres recurriendo a ella en otros países donde es legal. ¿Se puede pretender que las leyes aprobadas en España tengan verdadera eficacia y que no solo sean de aplicación para quienes, por carecer de recursos y de temeridad, no pueden sortearlas en el extranjero?
El otro problema tiene que ver con que existe una nueva vida humana por cuyo interés el Derecho tiene que velar. Un aspecto esencial de ese interés consiste en reconocerle una filiación legal. Y
de ahí surge la segunda cuestión: ¿Se debe reconocer a los padres comitentes la filiación legal del hijo concebido por encargo, aunque se reconozca la ilegalidad del proceso, o resulta más coherente no reconocerla para desincentivar que sea un medio de conseguir lo que legalmente está prohibido?

En el informe se exponen los principios y razones que el CBE considera fundamentales a la hora de sustentar una posición coherente sobre esta práctica, abordándose el dilema de si la legislación española vigente debería reformarse para permitir la maternidad subrogada en determinadas condiciones o, más bien, debería mantenerse tal como está y adoptar medidas para reforzar su eficacia.
El CBE considera que, si bien el deseo de una persona de tener un hijo constituye una noble decisión, ello no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. La mayoría del CBE entiende que todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio. Otros miembros del Comité, aunque aceptan en línea de principio que esta práctica podría regularse de modo que compaginara la satisfacción de dicho deseo con la garantía de los derechos e intereses de los otros, no alcanzan a ver la fórmula de hacerlo en el contexto actual.

En sus conclusiones al Informe, el CBE recoge tres criterios en torno a los que entiende debería articularse la reforma de la normativa vigente:
  • Principio de mínima intervención. La ley vigente establece la nulidad de los contratos de gestación por sustitución; no sanciona a quienes intenten llevarlos a cabo. La reforma de la ley debería orientarse a lograr que la nulidad de esos contratos sea también aplicable a aquellos celebrados en el extranjero. Para contribuir a la efectividad de la medida podría considerarse la posibilidad de sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad. Solo en el caso de que estas medidas resultaran insuficientes para impedir la gestación por sustitución en el extranjero se debería considerar la posibilidad de recurrir a otras medidas legales que reforzaran su cumplimento.
  • Hacia una prohibición universal de la maternidad subrogada internacional. Las desgraciadas experiencias de países en los que esta práctica ha puesto crudamente de manifiesto las explotación a la que son sometidas las mujeres gestantes es una razón fuerte para que España defienda, en el seno de la comunidad internacional, la adopción de medidas dirigidas a prohibir la celebración de contratos de gestación por sustitución a nivel internacional.
  • Transición segura. No se puede desconocer que, en estos momentos, un número indeterminado de españoles está inmerso en procesos de maternidad subrogada internacional. Es importante que la transición a una regulación más efectiva no produzca el efecto colateral de dejar desprotegidos a los niños que nacen de estos procesos. Para ello se garantizará que su filiación en el extranjero se realice conforme a la doctrina establecida por el TS.

Véase el texto del Informe [aquí]

DOUE de 20.5.2017


-Decisión (UE) 2017/865 del Consejo, de 11 de mayo de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta a asuntos relacionados con la cooperación judicial en materia penal.
Nota: Se autoriza la firma del Convenio del Consejo europeo sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta a asuntos relacionados con la cooperación judicial en materia penal.
-Decisión (UE) 2017/866 del Consejo, de 11 de mayo de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta al asilo y a la no devolución.
Nota: Mediante el presenta acto se autoriza la firma del Convenio europeo sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta al asilo y a la no devolución.

viernes, 19 de mayo de 2017

Biliografía - Trabajo en situación irregular y prestación por desempleo


Trabajo en situación irregular y prestación por desempleo
Yolanda CANO GALÁN, Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Profesora Titular de la Universidad Rey. Juan Carlos
Diario La Ley, Nº 8983, Sección Comentarios de jurisprudencia, 19 de Mayo de 2017
El tiempo de prestación de servicios sin permiso de residencia y trabajo no computa a efectos de la determinación del número de días de prestación por desempleo a que se tiene derecho.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el trabajador contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 22 de diciembre de 2014 (Rec. 4565/2014 (LA LEY 220437/2014)), que confirmó la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 de Barcelona de 28 de marzo de 2014, que a su vez desestimó la demanda en la que solicitaba que se le reconocieran 600 días de prestación por desempleo teniendo en cuenta el periodo de tiempo en que prestó servicios sin permiso de residencia ni trabajo, ya que sólo se puede computar el periodo de ocupación cotizada.

jueves, 18 de mayo de 2017

IV Certamen de Derecho internacional privado MillenniumDIPr (Zaragoza, 26 de mayo de 2017)



IV CERTAMEN DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO MILLENNIUM DIPr

Aula Magna de la Facultad de Derecho
Universidad de Zaragoza
26 de mayo de 2017, a las 9’00 hrs.

PROGRAMA

9’00 hrs. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL
Preguntas y sugerencias a los ponentes a través de nuestras Redes Sociales (Con el hastag #IVMillennium)

10’00 hrs. INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza
Sr. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza
Dra. Dª. Pilar Diago Diago. Coordinadora de Millennium DIPr.

10’30 hrs. EXPOSICIÓN DE COMUNICACIONES. CATEGORÍA PROFESIONALES
1. “Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ejecución hipotecaria” Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio Medrano Sánchez Presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza
2. "La DGRN y el Derecho Internacional Privado. Great power, greater responsibility” Ilmo. Sr. D. Borja Iriarte Ángel, Magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ del País Vasco
3. “La reciente jurisprudencia del TS sobre la competencia para conocer del procedimiento de “exequátur” de resoluciones judiciales extranjeras” Iltre. Sr. D. Javier Casado Román, LAJ, Punto de Contacto de la Red Española de Cooperación Jurídica Internacional de LAJ
4. “¿Qué es el arbitraje internacional? El día a día de un abogado en un arbitraje internacional” Dña. María Luz Lorenzo Guillén y Dña. Mercedes Romero Iglesias, Abogadas en Pérez-Llorca Abogados
12’30 hrs. EXPOSICIÓN DE COMUNICACIONES. CATEGORÍA ESTUDIANTES
1. “Solución a la problemática de la ley aplicable a la Seguridad Social internacional, en concreto, a los trabajadores offshore desplazados” Dña. Alicia Bayona Soñén y Dña. Isabel Campos Bonel
2. “Consecuencias de la existencia de Derecho interregional” Dña. Maria Ortega Aicua y Dña. Edurne Zarza Corral
3. “Materia matrimonial y responsabilidad parental” Dña. Andrea Izquierdo Alonso y Dña. Marina García-Rodeja Paricio
4. “Derecho al nombre: análisis de la STJUE de 14 de octubre de 2008: Leonard Matthias Grunkin-Paul” Dña. Ángela Bayo Urraca
5. “La excepción al principio general de unidad en la sucesión. Interpretación del art 9.8 CC in fine (STS 2126/2014)” Dña. Isabel Ferrer Manero y Dña. Paula Toha Granado

16’00 hrs. EXPOSICIÓN DE LOS PÓSTERS FINALISTAS. CATEGORÍA ESTUDIANTES
- Sergio Ayerra Gorraiz y Raúl Ginestra Puyalto
- Paula García Manrique y María Saray Pradel Arruego
- Moisés Alagón Villarejo
- Patricia Pola Abadia
- Ariana Torres Sánchez
- María Pilar Berges Périz
- Diana Anamaria Mihai y Pablo Blanquet Abós
- Ana Navajas Torrero y Claudia Lopez Barrabino
- Lucía Burgos Burgos y Beatriz Franc Miñana
- Marta Asensio Puyuelo y Alejandro Alcaire Marco
- Paula Martínez Ortín y Jessica Ruiz Muñecas
- Elisa Arriazu Redrado y Teresa Benavides Medrano
- Jorge Pueyo Sanz y Pablo Munárriz Gistau
- Beatriz Martínez Iruela y María Pilar Viladés Amador
- Manel Trave y Javier Martínez
- Marta Pérez Gracia
17’00 hrs. EXPOSICIÓN DE LAS COMUNICACIONES. CATEGORÍA ESTUDIANTES
1. “La prueba del Derecho extranjero (STS Nº 528/2014, de 14 de octubre de 2014)” Dña. Sara Romano Alcalde y Dña. Diana Szobo
2. “¿Puede ser el sol objeto de compra venta?” (SAP Madrid (sección vigesimoquinta) de 22 de diciembre de 2016 Nº 469/2016D)” Sergio Ayerra Gorraiz y D. Raúl Ginestra Puyalto
3. “El título nobiliario como apellido en el Derecho Internacional Privado” Dña. Reyes Quiñones
4. “Análisis de la STJUE de 15 de marzo de 2011: Heiko Noelzsch v Etat du Grande-Duche de Luxemburgo” Dña. Elena Villalba Ferrer y Dña. Aihnoa Sancho Villanueva
5. “Reconocimiento de sentencia extranjera. Análisis de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina el 6 de Marzo de 2014” D. Pablo Cesar Perini
6. “Matrimonios civiles entre personas del mismo sexo y diferente nacionalidad” Dña. Olga Mercedes Albalá Soria y Dña. Carolina Gallego Latorre
17’30 hrs. EXPOSICIÓN DE COMUNICACIONES. CATEGORÍA PROFESIONALES
1. “Princípios da Haia sobra a escolha de lei nos contratos comerciais internacionais e o reforço da autonomia da vontade” Dra. Dña. Ana Sofia Gómes, investigadora do CEJEA (Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais da Universidade Lusíada de Lisboa)
2. “Los centros de internamiento de extranjeros en España. Marco normativo y condiciones de detención” Dña. Carolina Soler García
3. “El asunto Nestlé o la paradoja del safe harbor” Dra. Dña. Lorena Sales Pallarés, Profesora Titular (A) de Derecho Internacional Privado (UCLM), y Dra. Dña. Maria Chiara Marullo, Personal investigador postdoctoral (U. Jaume I)
4. “Sucesiones transnacionales, estudio de algunos cambios introducidos por el Reglamento
(UE) 650/2012 a través del análisis de un caso real” Dña. Mónica de la Campa Plata, Doctoranda de la Universidad de Cantabria

DELIBERACIÓN DEL TRIBUNAL (CATEGORÍA PÓSTERS)
21’30 hrs. PROCLAMACIÓN DE GANADORES Y ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS FINALISTAS

Inscripción hasta el día 21 de mayo:
-La inscripción para asistir al Certamen es imprescindible.
-Debe cumplimentarse de manera online el formulario que se encuentra en la siguiente página web: https://goo.gl/forms/KE1mcFz1Kz6DnE8Z2
-Inscripción gratuita hasta cubrir aforo.
-Los asistentes recibirán certificado de asistencia.

Comité Científico del IV Certamen Internacional Millennium:
Prf. Dr. Federico Garau Sobrino, Catedrático de Derecho Internacional Privado (Universidad de las Islas Baleares).
Dr. Olivier Boriel, Chercheur associé à l’Université de Toulouse 1 Capitole, laboratoire Institut de Recherche en Droit Européen, Intenacional et Comparé.
D. Antonio Ripoll Soler, Notario de Alicante.
Prfa. Dra. Mª Pilar Diago Diago, Catedrática (Acr) de Derecho Internacional Privado (Universidad de Zaragoza).

Más información [aquí]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (18.5.2017)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 18 de mayo de 2017, en el asunto C‑617/15 (Hummel Holding): Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual o industrial — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Marca de la Unión Europea — Artículo 97, apartado 1 — Competencia judicial internacional — Acción por violación de marca ejercitada contra una sociedad establecida en un tercer Estado — Filial de segundo grado establecida en el territorio del Estado miembro del órgano jurisdiccional que conoce del asunto — Concepto de “establecimiento”.
Fallo del Tribunal: "El artículo 97, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que una sociedad jurídicamente independiente establecida en un Estado miembro y que sea filial de segundo grado de una empresa matriz no domiciliada en la Unión Europea constituye un «establecimiento» de esa empresa matriz, en el sentido de dicha disposición, siempre que esa filial sea un centro de operaciones que disponga, en el Estado miembro en que esté situada, de algún tipo de presencia real y estable, a partir de la cual se desarrolle una actividad comercial, y que se manifieste de forma duradera hacia el exterior como la prolongación de dicha empresa matriz."

Nota: El art. 97.1 del Reglamento 207/2009 establece lo siguiente:
"Artículo 97 (Competencia internacional): 1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento así como de las disposiciones del Reglamento (CE) n o 44/2001 aplicables en virtud del artículo 94, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 96 se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si este no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 18 de mayo de 2017, en el asunto C‑99/16 (Lahorgue): Procedimiento prejudicial — Libre prestación de servicios — Directiva 77/249/CEE — Artículo 4 — Ejercicio de la profesión de abogado — Dispositivo de conexión al réseau privé virtuel des avocats (red privada virtual de los abogados, RPVA) — Dispositivo “RPVA” — Denegación de entrega a un abogado inscrito en un colegio de abogados de otro Estado miembro — Medida discriminatoria.
Fallo del Tribunal: "La negativa a entregar un dispositivo de conexión al réseau privé virtuel des avocats (red privada virtual de los abogados), opuesta por las autoridades competentes a un abogado debidamente inscrito en un colegio de abogados de otro Estado miembro, por el mero hecho de no estar inscrito en un colegio de abogados del primer Estado miembro en el que desea ejercer su profesión como libre prestador de servicios en aquellos casos en los que la Ley no impone la obligación de actuar de acuerdo con otro abogado, constituye una restricción de la libre prestación de servicios en el sentido del artículo 4 de la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados, interpretado a la luz de los artículos 56 TFUE y 57 TFUE, párrafo tercero. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, habida cuenta del contexto en el que se inscribe, dicha negativa responde verdaderamente a los objetivos de protección de los consumidores y de buena administración de justicia que podrían justificarla y si las restricciones que impone no resultan desproporcionadas respecto a estos objetivos."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MICHAL BOBEK, presentadas el 18 de mayo de 2017, en el asunto C‑340/16 (Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo, Austria)] Procedimiento prejudicial — Competencia judicial en materia de seguros — Concepto de “materia de seguros” y de “persona perjudicada” — Acción directa entablada por la persona perjudicada en contra del asegurador — Subrogación del empleador, un organismo de Derecho público, en los derechos del trabajador frente al asegurador, basada en la cesión ex lege de los derechos de la persona que sufrió daños en un accidente de circulación.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1. Una demanda como la del procedimiento principal, presentada por un empleador en un Estado miembro solicitando la compensación del perjuicio que terminó por sufrir al haber seguido pagando el salario a su trabajador, contra el asegurador de la responsabilidad civil establecido en otro Estado miembro por los daños causados por un vehículo asegurado por este último constituye una demanda «en materia de seguros» en el sentido del artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
2. Una persona, como un organismo de Derecho público en su condición de empleador, establecida en un Estado miembro, puede invocar, como parte perjudicada, lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, letra b), y en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento n.º 44/2001 para iniciar directamente un procedimiento (si la acción directa está permitida en el Derecho nacional de que se trate) contra el asegurador de la persona responsable de un accidente de tráfico si los derechos que se invocan derivan de un perjuicio que terminó por sufrir tal empleador, a saber, el pago continuado del salario al empleado que sufrió lesiones en un accidente de tráfico:
– si la causa de la presentación de la demanda es la existencia de una relación de seguro entre la parte responsable del accidente y su asegurador, y
– siempre que el demandante no se haya subrogado en la acción judicial:
i) por la existencia de una relación de seguro entre el demandante y la persona directamente perjudicada, o
ii) porque el demandante haya satisfecho la reclamación en ejercicio de su actividad mercantil o profesional de otro tipo."
-CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. ELEANOR SHARPSTON, presentadas el 18 de mayo de 2017, en el asunto C‑225/16 (Ouhrami): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos)] Espacio de libertad, seguridad y justicia — Retorno de nacionales de terceros países en situación irregular — Directiva 2008/115/CE — Artículo 11, apartado 2 — Prohibición de entrada histórica — Punto de partida — Excepción de orden público a la duración máxima de cinco años de la prohibición de entrada.
Nota: La Abogado General propone al Tribunal que resuelva las cuestiones planteadas del siguiente modo:
"– El punto de partida de la duración de una prohibición de entrada, como se establece en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, debe ser el momento en el que el nacional de un tercer país abandona efectivamente el territorio de los Estados miembros.
– El artículo 11, apartado 2, última frase, de la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que una prohibición de entrada histórica puede exceder el límite de cinco años si se cumplen las condiciones previstas en dicha disposición. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar, de conformidad con las normas procedimentales nacionales, si, cuando se adoptó la prohibición de entrada histórica, las autoridades nacionales evaluaron la conducta personal del nacional del tercer país en cuestión y decidieron que representaba una amenaza grave para el orden público. En este contexto, la existencia de varias condenas previas por infracciones penales puede bastar para invocar la excepción prevista en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2008/115, siempre que estas condenas demuestren la existencia de una pauta de comportamiento establecida por parte de la persona en cuestión. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente evaluar si el procedimiento respetó los derechos fundamentales como principios generales del Derecho de la Unión."

miércoles, 17 de mayo de 2017

"Seminario Internacional sobre movilidad internacional de personas y nacionalidad" (Granada, 5 julio 2017)


SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE PERSONAS Y NACIONALIDAD
Facultad de Derecho - Universidad de Granada
Granada, 5 de julio de 2017

Dirección: Dra. Mercedes Moya Escudero.
Organiza: Proyecto de I+D “Movilidad internacional de personas: el impacto jurídico-social en España y en la UE de la adquisición de la nacionalidad española por la población inmigrante”.

Comité Organizador: Dra. Ángeles Lara Aguado. Dra. Nuria Marchal Escalona. Dr. Ricardo Rueda Valdivia. Dra. Carmen Ruiz Sutil. Dra. Mercedes Soto Moya.

El estudio comparado del Derecho de la nacionalidad, al que la doctrina española ha dedicado hasta el momento pocos esfuerzos, se erige en la actualidad en una necesidad social. Y ello por cuanto los problemas, en ocasiones irresolubles, a los que se enfrentan los ciudadanos extranjeros que se encuentran en nuestro país cuando pretenden obtener la validez en España de las instituciones jurídico-familiares constituidas en su país de origen se ven acrecentados cuando tales personas adquieren la nacionalidad española sin perder la de origen, así como en los casos en que, desde el nacimiento, les vienen atribuidas dos o más nacionalidades. De ahí la importancia de organizar un seminario internacional destinado a analizar el Derecho de nacionalidad de los principales países de procedencia de los extranjeros que viven en España (en particular países iberoamericanos, asiáticos y del Magreb), así como de abordar los problemas que la movilidad internacional de personas genera para la eficacia extraterritorial de decisiones y documentos en el ámbito jurídico-familiar.

PROGRAMA DEL SEMINARIO
SESIÓN DE MAÑANA

9.30-10.00: INAUGURACIÓN
10:00-10:30: “MOVILIDAD INTERNACIONAL DE PERSONAS: EL IMPACTO JURÍDICO SOCIAL EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA DE LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA”, Dra. Mercedes Moya Escudero, Catedrática de Derecho Internacional Privado. Universidad de Granada.
10.30-11.00: “TÉCNICA DE CODIFICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE LA FAMILIA EN LA UNIÓN EUROPEA”, Dr. Andrés Rodríguez Benot, Catedrático de Derecho Internacional Privado. Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
11.00-11.30: PAUSA-CAFÉ
11.30-12.00:“LA PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO EN LOS PROCESOS DE FAMILIA TRANSNACIONALES”, Dra. Pilar Diago Diago, Catedrática acreditada de Derecho Internacional Privado. Universidad de Zaragoza.
12.00-12:30: “IMPORTANCIA DE LA TRADUCCIÓN EN LA EFICACIA DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y DOCUMENTOS EXTRANJEROS EN EL ÁMBITO FAMILIAR”, Dra. Ángeles Lara Aguado, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado. Universidad de Granada.
12:30-13:00: DEBATE
Moderadora: Mercedes Soto Moya. Profesora Titular acreditada de Derecho Internacional Privado. Universidad de Granada.

SESIÓN DE TARDE

17.00-17.45: “LA NACIONALIDAD EN DERECHO COMPARADO (I)” PRIMERA MESA: CUBA, ECUADOR Y MÉJICO
Moderador: Dr. Federico Garau Sobrino. Catedrático de Derecho Internacional Privado. Universidad de las Islas Baleares.
Dra. Isabel Reig Fabado. Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Privado. Universidad de Valencia
Dras. Mª. Ángeles Sánchez Jiménez y María Dolores Ortiz Vidal. Universidad de Murcia.
Dra. Nuria González Martín. Investigadora DIPr. Universidad Nacional Autónoma de Méjico.
17.45-18.30: “LA NACIONALIDAD EN DERECHO COMPARADO (II)” SEGUNDA MESA: ARGENTINA, BOLIVIA Y PERÚ
Moderadora: Dra. Nuria Marchal Escalona. Profesora Titular Derecho Internacional Privado. Universidad de Granada.
D. Gustavo Pons. Universidad Católica de La Plata. Argentina.
Dra. María Dolores Casas Planes. Profesora contratada de Derecho Civil. Universidad de Jaén.
Dr. Ricardo Rueda Valdivia. Profesor Titular de Derecho Internacional Privado. Universidad de Granada.
18.30-19.00: PAUSA-CAFÉ
19.00-19.45: “LA NACIONALIDAD EN DERECHO COMPARADO (III)” TERCERA MESA: CHINA, MAGREB Y RUSIA
Moderadora: Dra. Carmen Ruíz Sutil. Profesora Titular acreditada de Derecho Internacional Privado. Universidad de Granada.
Dª M. Ángeles Blanco Escobar. Universidad de Granada.
Dª. Houda Zekri, Investigadora. Centro de Estudios Femeninos en Islam. Rabat.
Dª Irina Sviridovitch Sviridovitch. Abogada. Ilustre Colegio de Abogados de Granada.
19.45-20.30: COMUNICACIONES
20:30: CLAUSURA

Inscripción: La inscripción al Seminario es gratuita, pero debe formalizarse remitiendo un correo con los datos personales a la siguiente dirección de correo electrónico: memoya(at)ugr.es. La inscripción quedará abierta desde el día 5 de mayo de 2017 hasta el día 30 de junio.

Presentación de Comunicaciones: Las comunicaciones deben versar necesariamente sobre el tema de la Nacionalidad en Derecho comparado. Las propuestas de comunicación, deberán incluir: identificación del autor/a; filiación institucional; título, y resumen de no más de 400 palabras. El manuscrito electrónico de las comunicaciones deberá presentarse en Word, con letra tipo "Times New Roman", a un espacio y medio, 12 de cuerpo de letra (un espacio y cuerpo 10 para notas). La no observancia de este requerimiento impedirá la aceptación de las mismas. Las propuestas deberán ser individuales y cada autor solo podrá presentar una propuesta.
El plazo de presentación de las propuestas de comunicación se extenderá hasta el 10 de junio de 2017. Deberán ser enviadas al correo electrónico ruizsuti(at)ugr.es (Profesora Carmen Ruiz Sutil). El tiempo para la presentación de cada comunicación no excederá los 5 minutos. El Comité Científico, examinará las propuestas y decidirá la relación de comunicaciones que serán aceptadas para su presentación oral en las correspondientes mesas del Seminario Internacional. La decisión sobre la admisión de la comunicación será comunicada a los autores antes el 20 de junio de 2017.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (17.5.2017)


-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. YVES BOT, presentadas el 17 de mayo de 2017, en el asunto C‑218/16 (Kubicka): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunal Regional de Gorzów Wielkopolski, Polonia)] Procedimiento prejudicial — Sucesiones y certificado sucesorio europeo — Ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012 — Bien inmueble situado en un Estado miembro que no conoce el legado vindicatorio — Denegación del reconocimiento de los efectos reales de dicho legado.
Nota: El Abogado General recomienda al Tribunal que responda a las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
" En una situación como la del asunto principal, los artículos 1, apartado 2, letras k) y l), y el artículo 31 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, deben interpretarse en el sentido de que no permiten la denegación del reconocimiento de los efectos reales del legado vindicatorio (legatum per vindicationem) previsto por la ley sucesoria, cuando este legado afecta al derecho de propiedad de un inmueble situado en un Estado miembro cuya legislación no conoce el instituto del legado con efectos reales directos."

-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. YVES BOT, presentadas el 17 de mayo de 2017, en el asunto C‑171/16 (Beshkov): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski Rayonen sad (Tribunal de Distrito de Sofía, Bulgaria)] Espacio de libertad, seguridad y justicia — Decisión Marco 2008/675/JAI — Consideración de las resoluciones condenatorias anteriores entre los Estados miembros — Concepto de “nuevo proceso penal” — Inadmisibilidad de que el Estado miembro ante el que se ha incoado el nuevo proceso penal modifique la ejecución de la condena anterior.
Nota: El Abogado General recomienda al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) Para tomar en consideración una resolución judicial procedente de otro Estado miembro del espacio de libertad, seguridad y justicia con motivo de un nuevo proceso penal en un Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros, no es necesario que dicha resolución judicial sea reconocida previamente mediante un procedimiento especial, como el establecido por el Nakazatelno-protsesualen kodeks (Ley de Enjuiciamiento Criminal).
2) El artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/675 debe interpretarse en el sentido de que:
– constituye un proceso penal aquel que tenga por objeto la ejecución de una pena impuesta por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro para la que deba tomarse en consideración una condena anterior pronunciada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro;
– la persona condenada puede ser quien solicite directamente que se tome en consideración una condena anterior pronunciada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro.
3) El artículo 3, apartados 1 y 3, de la Decisión Marco 2008/675 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite que, con motivo de un nuevo proceso penal, un órgano jurisdiccional nacional revise la pena impuesta por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro y ya ejecutada, al objeto de imponer una pena privativa de libertad global que incluya la pena impuesta por ese otro Estado miembro.
4) Para garantizar el efecto útil de la Decisión Marco 2008/675, el juez nacional debe, en su caso y con sujeción a las condiciones y reservas que se señalan en dicho texto normativo, aplicar lo dispuesto en el artículo 3, apartados 1, 3 y 5, de esta Decisión Marco, a la luz de los considerandos 8 y 9 de ésta."

Jurisprudencia - Denegación de la nacionalidad española por falta de residencia legal y continuada


Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Sentencia de 24 Octubre 2016, Rec. 2426/2015: Nacionalidad española. Adquisición por residencia. Incumplimiento del requisito de residencia legal y continuada tal como es interpretado por la jurisprudencia, en el sentido de que la efectividad y continuidad de la residencia deriva de la fijación real de domicilio en España y la vinculación al territorio en cuanto al medio de vida, desarrollo de las relaciones personales, familiares, sociales, administrativas y demás que conforman el régimen de vida del interesado, que no se desvirtúa por el hecho de que, sin desvincularse de tal relación con el territorio, haya de permanecer excepcionalmente en el extranjero por razones de trabajo o estudios. En el caso no se han justificado importantes ausencias ni que éstas obedezcan a razones laborales, de estudios o de enfermedad de algún familiar directo. No obsta a lo anterior la concesión posterior de permiso de trabajo y residencia con validez de dos años, porque no implica el reconocimiento de la continuidad de la residencia a efectos de concesión de la nacionalidad.
Ponente: Herrero Pina, Octavio Juan.
Nº de Recurso: 2426/2015
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Iustel - Diario Del Derecho, 17 mayo 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: STS 4606/2016 - ECLI: ES:TS:2016:4606]

Bibliografía - El espacio judicial europeo y la fiscalía europea como órgano de investigación y persecución penal


El espacio judicial europeo y la fiscalía europea como órgano de investigación y persecución penal; versus modelo procesal español - European area of justice and european public prosecutor as responsible for investigating and prosecuting; versus spanish criminal process
Delia Carolina DORESTE ARMAS, Abogada del Ilustre Colegio de Las Palmas de Gran Canaria. Doctora en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Diario La Ley, Nº 8981, Sección Tribuna, 17 de Mayo de 2017
En este estudio se ha analizado la evolución de la cooperación judicial penal donde se enmarca el nacimiento del Fiscal Europeo, teniendo en cuenta que la construcción de un espacio judicial único ha resultado fundamental para el establecimiento de las coordenadas procesales en las que habrá de enmarcarse la actuación de este nuevo órgano de persecución criminal. La creación del espacio de libertad, seguridad y justicia, suponía ir mucho más allá de la mera integración económica. Sin embargo, el camino que se recorrió para alcanzarlo, hacía necesario afrontar retos, como hacer compatibles y convergentes los sistemas judiciales de los Estados miembros, y dentro de este apartado, resultaba fundamental reforzar el reconocimiento mutuo de las resoluciones y sentencias judiciales. Y con este escenario de fondo, la Fiscalía Europea viene a incorporar un modelo de proceso penal por el que se atribuye al Fiscal las facultades de investigación y acusación, lo que traería consigo posibles rivalidades de criterio entre órganos nacionales y europeos en el ejercicio de la función de persecución del delito, debiendo de afrontarse una serie de medidas y problemas adicionales de hondo calado, en relación con diferentes aspectos de carácter procesal y orgánico.

DOUE de 17.5.2017


-Corrección de errores de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros — Declaraciones realizadas por algunos Estados miembros con ocasión de la adopción de la Decisión marco.
Nota: Aquí nos llega, casi 15 años después de publicada la norma, una corrección de errores. Se trata de la realizada a la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros - Declaraciones realizadas por algunos Estados miembros con ocasión de la adopción de la Decisión marco.
Ahora se ha descubierto que donde decía «[…] Nada de lo dispuesto en la presente Decisión marco podrá interpretarse en el sentido de que impide la entrega de una persona contra la que se ha dictado una orden de detención europea cuando existan razones objetivas […]», debe decir «[…] Nada de lo dispuesto en la presente Decisión marco podrá interpretarse como una prohibición de rechazar la entrega de una persona contra la que se ha dictado una orden de detención europea cuando existan razones objetivas […]».

-Comunicación de la Comisión — Documento orientativo — Régimen de la UE que regula el comercio dentro de la UE y la reexportación de marfil.
Nota: Según el propio documento, el objetivo de estas orientaciones es formular una interpretación del Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo y recomendar que los Estados miembros de la UE: i) suspendan la (re)exportación de marfil en bruto, y ii) garanticen una interpretación estricta de las disposiciones en la legislación de la UE que autorizan el comercio de marfil dentro de la UE y la (re)exportación de marfil elaborado.
-Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre especímenes elaborados en el marco de la normativa de la UE sobre el comercio de especies silvestres.
Nota: Esta orientaciones tienen por objeto ayudar a los Estados miembros de la UE y partes interesadas a evaluar qué puede y qué no puede considerarse «especímenes elaborados adquiridos con anterioridad superior a cincuenta años» («especímenes elaborados)» en virtud de la normativa de la UE sobre el comercio de especies silvestres y, por tanto, deben servir para determinar cuándo se ha de aplicar a los especímenes elaborados la excepción general de la obligación de obtener un certificado para el comercio dentro de la UE de especímenes de especies incluidas en el anexo A del Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo.
También pueden aplicarse en casos de introducción en la UE o de (re)exportación a partir de la UE, cuando las condiciones de expedición de permisos de importación o de exportación/certificados de reexportación de especímenes elaborados de especies incluidas en los anexos del Reglamento (CE) n.o 338/97 sean menos restrictivas que las aplicables a otros especímenes de esas especies.
Dada la extensa gama de artículos que pueden encajar en la definición de especímenes elaborados, las presentes orientaciones no constituyen más que una guía para ayudar a determinar si puede aplicarse la definición de especímenes elaborados. En caso de duda sobre si un artículo puede o no considerarse un espécimen elaborado, conviene presentar al órgano de gestión de la CITES una solicitud de certificado de uso comercial para el comercio dentro de la UE.
Expresa la manera en que la Comisión interpreta el Reglamento (CE) n.o 338/97 y las medidas que, a su juicio, constituyen las mejores prácticas. Pretende ayudar a las autoridades nacionales, los ciudadanos y las empresas en la aplicación de la normativa de la UE sobre el comercio de especies silvestres. Solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para formular interpretaciones vinculantes del Derecho de la Unión.
Algunos Estados miembros de la UE y otros terceros países podrán aplicar controles nacionales más estrictos sobre artículos que pueden o no utilizarse para fines comerciales. Por tanto, deben comprobarse las normas vigentes en el país de destino antes de trasladar un espécimen elaborado.