miércoles, 26 de abril de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (26.4.2017)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 26 de abril de 2017, en el asunto C‑527/15 (Stichting Brein): Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Directiva 2001/29/CE — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Artículo 3, apartado 1 — Comunicación al público — Concepto — Venta de un reproductor multimedia — Extensiones (add-ons) — Publicación de obras sin autorización del titular — Acceso a sitios de Internet de difusión en flujo continuo (streaming) — Artículo 5, apartados 1 y 5 — Derecho de reproducción — Excepciones y limitaciones — Uso lícito.
Fallo del Tribunal:
"1) El concepto de «comunicación al público», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que incluye la venta de un reproductor multimedia, como el controvertido en el litigio principal, en el que se han preinstalado extensiones, disponibles en Internet, que contienen hipervínculos que reenvían a sitios de Internet libremente accesibles al público en los que se ponen a su disposición obras protegidas por derechos de autor sin la autorización de los titulares de tales derechos.
2) El artículo 5, apartados 1 y 5, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que no cumplen los requisitos establecidos en dicho artículo los actos de reproducción temporal, en un lector multimedia como el controvertido en el litigio principal, de una obra protegida por derechos de autor obtenida en flujo continuo desde un sitio de Internet perteneciente a un tercero en el que la referida obra se ofrece sin autorización del titular de los derechos de autor."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. YVES BOT, presentadas el 26 de abril de 2017, en el asunto C‑249/16 (Kareda): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Austria)] Procedimiento prejudicial — Competencia judicial en materia civil y mercantil — Concepto de “materia contractual” — Acción de repetición ejercitada por un deudor contra su codeudor por las cuotas de reembolso de un contrato de crédito común — Determinación del lugar de ejecución del contrato de crédito.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) El artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una acción de repetición entre los codeudores de un contrato de crédito queda comprendida en la “materia contractual” en el sentido de esta disposición.
2) El artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que:
– el contrato de crédito que sirve de base a la acción de repetición ejercitada por un codeudor debe calificarse como contrato de prestación de servicios en el sentido de esta disposición, y
– el lugar de ejecución de la obligación que sirve de base a esta acción es el lugar en el que el acreedor que concede el préstamo tiene su domicilio."

Jurisprudencia - Médicos sin fronteras discrimina a los extranjeros con contrato temporal negándoles la conversión a indefinido


Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, Sentencia 541/2017 de 30 Ene. 2017, Rec. 3942/2016: Discriminación laboral. Discriminación por parte de Médicos Sin Fronteras a los extranjeros con autorización de estancia por estudios y permiso de trabajo, al mantenerles con un contrato de duración determinada, frente a la decisión llevada a cabo con otros trabajadores nacionales a los que sí se les convirtió en indefinidos. La razón esgrimida por la empresa, que entendió que su contrato debía ser temporal, al igual que lo era su autorización de estancia, constituye una discriminación directa. La duración del contrato de trabajo determina la duración de la autorización para trabajar, pero no a la inversa.
Ponente: Villarino Moure, Carlos.
Nº de Sentencia: 541/2017
Nº de Recurso: 3942/2016
Jurisdicción: SOCIAL
Diario La Ley, Nº 8968, Sección Jurisprudencia, 26 de Abril de 2017
ECLI: ES:TSJGAL:2017:523

DOUE de 26.4.2017


-Decisión (UE) 2017/733 del Consejo, de 25 de abril de 2017, sobre la aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen relativas al Sistema de Información de Schengen en la República de Croacia.
Nota: En el presente acto se recogen las condiciones de participación y de aplicación por Croacia de las siguientes disposiciones del acervo de Schengen relativas al Sistema de Información de Schengen (SIS).

-Informe Especial n.o 6/2017 del Tribunal de Cuentas Europeo — «Respuesta de la UE a la crisis de los refugiados: el enfoque de “puntos críticos”»
Nota: En mayo de 2015, la Comisión introdujo el enfoque de «puntos críticos» a fin de ayudar a Grecia y a Italia a afrontar el repentino y drástico incremento de migrantes irregulares que llegaban a sus fronteras exteriores. En este informe, el Tribunal concluye que el enfoque de puntos críticos garantizó, en 2016, la identificación, el registro y la toma de impresiones dactilares de la mayoría de los migrantes y el cotejo de sus datos con las correspondientes bases de datos de seguridad. Sin embargo, a pesar de la considerable ayuda de la UE, a finales de 2016 las instalaciones de acogida existentes en ambos países todavía no eran apropiadas. Además, todavía faltaban instalaciones apropiadas para alojar a los menores no acompañados y efectuar sus trámites de conformidad con las normas internacionales. Por otro lado, el enfoque de puntos críticos requiere que los migrantes pasen por los procedimientos de seguimiento pertinentes, como una solicitud de asilo nacional, la reubicación, cuando proceda, en otro Estado miembro o el retorno al país de origen. La ejecución de estos procedimientos de seguimiento a menudo es lenta y pasa por diversos tipos de obstrucciones, lo que puede repercutir en el funcionamiento de los puntos críticos.
Véase el informe completo [aquí].

BOE de 26.4.2017


-Instrumento de ratificación del Acuerdo sobre la simplificación de la extradición entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en Santiago de Compostela el 3 de noviembre de 2010.
Nota: Este Acuerdo entró en vigor de forma general y para España el 16 de septiembre de 2015, es decir, hace más de 19 meses (!!!).
-Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa de la registradora de la propiedad de Alicante n.º 5, por la que acuerda no practicar la inscripción de una escritura de adjudicación de herencia.
Nota: Salvo error mío, ésta es la primera resolución de la DGRN en la que se resuelve un tema sucesorio en el que a la herencia se le aplica el Reglamento 650/2012. El origen de esta resolución es una escritura de febrero de 2016 en la que se adjudica la herencia causada por fallecimiento de don E.N., de nacionalidad alemana al tiempo de su fallecimiento, ocurrido el día 12.10.2015. En su testamento, otorgado el día 22.9.2014, manifestaba su estado de viudo y la existencia de una hija habida de un matrimonio anterior, y ordenaba su sucesión instituyendo heredera universal a doña C.G.C., manifestando que su hija recibió en vida ciertas propiedades sitas en Nueva York.
La registradora deniega la inscripción por la existencia de dos defectos: a) el testamento del causante fue vehículo para el establecimiento de la «professio iuris» y, por lo tanto, el testador eligió su ley nacional, por lo que la sucesión se ha de regir por la ley alemana, y dado su domicilio determinado en este caso por su lugar de nacimiento, a la legislación alemana; en tal caso, y al tratarse de Derecho extranjero, debe probarse, conforme a lo dispuesto en el art. 281.2 LECiv y, específicamente, en el art. 36 RH; y b) es necesario aportar el certificado del Registro de Actos de Última Voluntad del país de su nacionalidad por las consecuencias legitimadoras que atribuye la inscripción registral, al Registro de la Propiedad, con ocasión de la inscripción sucesoria o acreditarse que en dicho país no existe dicho del Registro de Actos de Última Voluntad, de acuerdo con la resolución DGRN de 18.12005.

La aplicación del Reglamento (UE) N.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, a las herencias causadas desde el 17.8.2015, como es ésta, ha constituido una modificación sustancial del régimen legal aplicable a las sucesiones que presentan un elemento internacional –conexión no definida en el mismo– al sustituir en nuestro Derecho la aplicación de la ley nacional del causante (art. 9.8 CCiv) por la aplicación –en general– de la ley del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento (art. 21.1 Reglamento). Asimismo, supone un cambio evidente en la autorización de documentos públicos por notario español, en cuanto exige una mayor diligencia en su actuación.
La aplicación del Reglamento impone que el notario al reglar una sucesión no contenciosa, tras verificar la fecha de fallecimiento y comprobar la aplicación del Reglamento, analice detalladamente –y deje constancia– de determinados extremos.
a) En primer lugar de la propia existencia de un elemento transfronterizo. La DGRN ya ha señalado (Resolución de 4.7.2016) que el elemento internacional no viene definido en el Reglamento debiéndose estar al caso concreto. En el presente no cabe duda de ello, en cuanto son dos las posibles leyes aplicables concurrentes a la totalidad de la sucesión.
b) Establecido el elemento internacional y no existiendo en el Reglamento reglas de competencia para la ejecución de las sucesiones no contenciosas (art. 2 y considerandos 21, 22 y 29), el segundo paso es la determinación de la ley aplicable. El notario debe establecer su juicio sobre la ley aplicable a la sucesión y en los términos que resultan de la doctrina de la DGRN, debe probar su contenido.
c) Debe recordarse que la regla general del Reglamento conduce a la aplicación de la ley de la residencia habitual, de aplicación universal, es decir, puede establecer la determinación y prueba de una ley aplicable de un tercer Estado, no europeo, y parte de la conexión de la residencia habitual del causante (art. 21 y considerandos 23 y 23 y 24). No obstante, el art. 21.2 determina que «si, de forma excepcional, resultase claramente de todas las circunstancias del caso que, en el momento del fallecimiento, el causante mantenía un vínculo manifiestamente más estrecho con un Estado distinto del Estado cuya ley fuese aplicable de conformidad con el apartado 1, la ley aplicable a la sucesión será la de ese otro Estado». La determinación de la residencia habitual es un juicio complejo que consiste en «una evaluación general de las circunstancias de la vida del causante durante los años precedentes a su fallecimiento y en el momento del mismo, tomando en consideración todos los hechos pertinentes, en particular la duración y la regularidad de la presencia del causante en el Estado de que se trate, así como las condiciones y los motivos de dicha presencia» (considerando 23). Deberá revelar un vínculo estable con el Estado seleccionado. Si el causante es nacional español y la ley de la residencia es la española, el concreto ordenamiento seleccionado, vendrá determinado por su vecindad civil; si es un no nacional, será aplicable la normativa común o foral que determine su residencia habitual.
d) No obstante, el art. 22 permite la elección de la ley aplicable, disponiendo en su apartado 1: «Cualquier persona podrá designar la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento. Una persona que posea varias nacionalidades podrá elegir la ley de cualquiera de los Estados cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento». Añadiendo el Reglamento de ejecución (UE) 1329/2014 –Formulario V punto 8.2.4, 8.3 y 8.4– de acuerdo con los arts. 30, 34 y 36 del Reglamento (UE) n.º 650/2012, otras leyes aplicables posibles el supuesto de reenvío desde un tercer país; la ley aplicable a un Estado con más de un sistema jurídico y las disposiciones especiales previstas en el art. 30 del Reglamento (además de la norma del artículo 32 sobre conmoriencia). Ahora bien, para que exista «professio iuris», la elección de ley debe ser expresa o resultar de los términos de la disposición «mortis causa» (art. 22 y Resoluciones de la DGRN de 15.7.2016, 4.7.2016 y 28.7.2016). Por ello el notario, cuando entiende de una sucesión no contenciosa, deberá inexcusablemente establecer, in abstracto la ley aplicable a una sucesión y en concreto, los elementos relevantes al caso, nada de lo cual ha hecho la notaria autorizante en el presente caso.

En el presente caso, el testamento que sirve de base a la escritura de adjudicación de herencia calificada, se autorizó ante un notario español el 22.9.2014. Es decir, estando en vigor el Reglamento (art. 84), si bien aún no en aplicación (art. 82.1). En él no se hace «professio iuris» expresa, informando la notaria autorizante «que no prejuzga los posibles derechos que la ley que regule la sucesión conceda a los legitimarios o herederos forzosos»; reconoce la existencia de una hija, a la que considera satisfecha en sus derechos e instituye heredera a un tercero.
Considera la registradora que «ha de entenderse que el título testamentario del causante, fue vehículo para el establecimiento de la professio iuris y que por lo tanto el testador eligió su ley nacional, por lo que la sucesión se ha de regir por la ley alemana, y dado su domicilio determinado en este caso por su lugar de nacimiento, a la legislación alemana. Esta solución esta reforzada además por el hecho de que en el momento en que se realizó el testamento era aplicable a la sucesión la ley nacional del causante, que conduce al mismo resultado». Sin embargo, esta afirmación no puede ser mantenida. La interpretación del testamento, elemento integrado en la validez material del mismo –conforme al art. 26.1.d) en relación con el art. 83.3 de la norma europea–, se ha de realizar conforme a la lex putativa o presuntiva que conduce a la residencia habitual del causante el día del otorgamiento del testamento que, conforme a lo indicado en la disposición testamentaria, es la española. Y sólo de resultar una «professio iuris» expresa o indubitada en sus términos –lo que no ocurre–, dicha elección, conforme al art. 22, implicaría la regulación de la validez material por la ley elegida. Por lo tanto, nada tiene que ver la nacionalidad del disponente en el momento del otorgamiento, salvo a los efectos de realizar elección de ley, ni de ello cabe inferir la aplicación de la ley de la nacionalidad como ley sucesoria.
El testamento, por lo tanto, ha de interpretarse a la luz de la ley española, que incorpora las pautas hermenéuticas de la norma europea. Y de su literalidad y contexto resulta aplicable, nuevamente, a la sucesión, la ley española, que es la de su residencia habitual. Este extremo no es discutido por la recurrente que alega en su escrito de interposición del recurso la procedencia de aplicar la ley española, ley de la residencia del causante conforme al Reglamento 650/2012. Conforme a ésta es aplicable la normativa del Derecho común en cuanto la residencia del causante, no español, se sitúa en la Comunidad Valenciana. El art. 36.1 del Reglamento, dispone que: «1. En el caso de que la ley designada por el presente Reglamento fuera la de un Estado que comprenda varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de sucesiones, las normas internas sobre conflicto de leyes de dicho Estado determinarán la unidad territorial correspondiente cuyas normas jurídicas regularán la sucesión». Y el apartado 2.a) dispone que: «A falta de tales normas internas sobre conflicto de leyes: a) toda referencia a la ley del Estado a que hace referencia el apartado 1 se entenderá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la residencia habitual del causante, como una referencia a la ley de la unidad territorial en la que este hubiera tenido su residencia habitual en el momento del fallecimiento.» Por ello, la hija del testador resulta legitimaria con derecho a una porción de bienes de la herencia, conforme a las reglas generales del Código Civil (arts. 806 y 807 y, a contrario, 842 y 1056.2).

No siendo necesario probar Derecho extranjero alguno, aún subsiste una cuestión puesta asimismo de relieve en la nota de calificación: la ausencia de aportación de certificado del Registro de Actos de Última Voluntad o equivalente en el país de su nacionalidad o la justificación de su inexistencia. Así se viene exigiendo por esta Dirección General para las herencias causadas antes de la aplicación del Reglamento, al considerarse especialmente relevante la vis atractiva de la ley nacional. Y así fue entendido por la Resolución de la DGRN de 18.1.2005 y sentencia de la AP de Las Palmas de 30.6.2015 –ambas previas a la aplicación del Reglamento– que llegaron a la conclusión de que al tramitar en aquél supuesto una declaración de herederos «parece una medida oportuna, prudente y casi obligada» el solicitar además de las Últimas Voluntades españolas del país de la nacionalidad del causante extranjero. También deberá aportarse, si existiere, por las consecuencias legitimadoras que atribuye la inscripción registral, al Registro de la Propiedad, con ocasión de la inscripción sucesoria. Y, si este Registro de Actos de Última Voluntad no existiere deberá acreditarse esta circunstancia en la forma determinada en el art. 36 RH.
Sin embargo la plena aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012 aconseja una matización de esta doctrina. En efecto, la norma europea presenta un tratamiento especial de las disposiciones «mortis causa» (arts. 1.3, 3.1.b),.c) y.d) y 24 a 28). Esta normativa conduce, como se ha indicado, a la regulación de la validez material y formal de la disposición «mortis causa», en base a la ley presuntiva, que remite a la ley que se aplicaría, conforme a los arts. 21 y 22 –no otras posibles leyes asimismo citadas en el fundamento segundo– si falleciere el día en que se otorgó la disposición «mortis causa» relevante conforme a los citados arts. 1 y 3 del Reglamento. En este contexto, de superación de la ley de la nacionalidad –común al Derecho de la Unión europea– salvo elección indubitada, no resulta indispensable (vid., arts. 23, 24, 26 y 75.1) el recurso a la información del país de la nacionalidad, salvo que coincida con el de la residencia habitual, matización que obliga a realizar ahora la norma.
Por lo tanto, en cuanto no se complete la interconexión de los Registros de disposiciones sucesorias y de certificados sucesorios europeos de los Estados miembros, medida complementaria a la aplicación del Reglamento (UE) nº 650/2012, en el contexto e–justice, parece sólo oportuno mantener la exigencia de la acreditación de la obtención de certificación diferente al de nuestro Registro General de Actos de Última Voluntad, que acreditare la existencia o no de disposición de última voluntad cuando de la valoración de los elementos concurrentes en la sucesión resultare que la ley aplicable fuere distinta de la española, imponiéndose la presentación de certificado o justificación de su inexistencia en el Estado cuya ley resultare aplicable a la sucesión o a la disposición de última voluntad (arts. 21, 22, 24 y 25 del Reglamento), sea o no la del Estado o Estados cuya nacionalidad ostentare el causante.
Por lo tanto, en el presente caso, en que la ley aplicable es la común española, según ha sido argumentado, y no resulta elemento que permita suponer que la ley presuntiva aplicable a la validez material o formal de la disposición de última voluntad sea distinta a esta, no es precisa la presentación de certificado expedido por el Registro testamentario alemán.

Por todo lo anterior, la DGRN estima parcialmente, excepto en orden a la necesaria intervención de la legitimaria en la manifestación de herencia, el recurso interpuesto.

lunes, 24 de abril de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


RESOLUCIONES

-Asunto C-443/16: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 9 de febrero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 8 de Madrid) — Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid (Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusula 4 — Sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en el sector público — Reestructuración de la organización universitaria — Normativa nacional — Integración de los Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad — Requisito — Obtención del título de doctor — Transformación de puestos a tiempo completo en puestos a tiempo parcial — Aplicación únicamente a los profesores funcionarios interinos — Principio de no discriminación)
Decisión del Tribunal: "La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que autoriza, en el marco de medidas de reestructuración de la organización universitaria, a las administraciones competentes del Estado miembro de que se trata a reducir a la mitad la jornada laboral de los Profesores Titulares de Escuela Universitaria que sean funcionarios interinos, debido a que no poseen el título de doctor, mientras que los Profesores Titulares de Escuela Universitaria funcionarios de carrera que tampoco poseen el título de doctor no son objeto de la misma medida."
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-71/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) el 9 de febrero de 2017 — David Vicente Fernandes/Gabinete Português de Carta Verde.
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Produce efectos jurídicos en Portugal el seguro celebrado en Luxemburgo de la misma forma que si la póliza correspondiente hubiese sido emitida en Portugal?
2) ¿Es el Gabinete Português de Carta Verde el organismo de indemnización a que se refiere el artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2009/103/CE y […], como responsable de la indemnización a los perjudicados en los casos a los que se refiere el artículo 20, apartado 1, de la Directiva, responde del mismo modo que lo haría la compañía de seguros luxemburguesa?
3) En el caso de autos, ¿basta con demandar al organismo de indemnización o […] es necesario demandar también a la compañía de seguros? En este último supuesto, […] podrá ser demandada dicha compañía de seguros en su domicilio de Luxemburgo o […] deberá demandarse a su representante en Portugal?
4) En caso de que la compañía de seguros no tenga un representante en Portugal, ¿a quién deberá demandarse para que se satisfaga la indemnización íntegra, en caso de que exista una póliza de seguros de responsabilidad civil ilimitada?"
-Asunto C-89/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Reino Unido) el 20 de febrero de 2017 — Secretary of State for the Home Department/Rozanne Banger
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Exigen los principios recogidos en la sentencia de 7 de julio de 1992, Surinder Singh (C-370/90, EU:C:1992:296), a un Estado miembro que expida o, en su caso, facilite la concesión de una autorización de residencia a un nacional de un tercer Estado que es la pareja no casada de un ciudadano de la Unión que, tras haber ejercido su derecho a la libre circulación previsto en el Tratado para trabajar en un segundo Estado miembro, regresa con dicha pareja al Estado miembro del que es nacional?
2) Con carácter subsidiario, ¿exige la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (Directiva sobre ciudadanía) que se conceda o, en su caso, que se facilite la concesión de dicha autorización de residencia?
3) Cuando una decisión por la que se deniega una autorización de residencia no se basa en un estudio exhaustivo de las circunstancias personales del solicitante y no se justifica con razones adecuadas y suficientes, ¿cabe considerar que dicha decisión es ilegal por vulnerar el artículo 3, apartado 2, de la Directiva sobre ciudadanía?
4) ¿Es compatible con la Directiva sobre ciudadanía una norma de Derecho nacional que impide que se interponga un recurso ante un órgano jurisdiccional contra una decisión de un órgano del Poder ejecutivo por la que se deniega la expedición de una tarjeta de residencia a una persona que alega ser miembro de la familia extensa?"

Bibliografía - Matrimonio infantil, precoz y forzado (2ª Parte)


Matrimonio infantil, precoz y forzado (2.ª Parte)
Teresa PERAMATO MARTÍN, Fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer
Diario La Ley, Nº 8966, Sección Doctrina, 24 de Abril de 2017
No todas las legislaciones regulan un tipo penal de matrimonio forzado y cuando lo hacen no dan siempre una respuesta equivalente. En esta parte se analizará el derecho comparado y nuestra legislación y se intentará poner en evidencia las carencias de nuestro delito de matrimonio forzado en relación al matrimonio infantil y precoz y las practicas consuetudinarias o rituales que obligarán igualmente a la niña o mujer mantener una convivencia marital con la persona no querida, con todas sus consecuencias.
El legislador español con la reforma operada en el CP por la L.O. 1/2005 introdujo el delito den matrimonio forzado dando así cumplimiento a la obligación asumida al firmar y ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, sin embargo, no dio respuesta a todas las situaciones en las que una persona —mayoritariamente, una niña o mujer— se pueden ver obligadas a contraer matrimonio en contra de su voluntad; así sanciona sólo el matrimonio forzado con efectos civiles, dejando al margen los matrimonio ritual o consuetudinarios y las uniones de hecho forzadas, registradas o no.
Además el tipo penal exige que se haya utilizado violencia o intimidación grave, incluso cuando la víctima es menor de edad, no dando respuesta por tanto a aquellos supuestos en los que los progenitores —en la mayoría de las ocasiones los que obligan a la menor a contraer matrimonio no querido— no tendrán que utilizar violencia o intimidación para que sus hijas acepten la voluntad y decisión paterna sin oponer ningún tipo de resistencia; e incluso, aunque hayan incurrido en esas prácticas para doblegar la frágil voluntad de la menor, el hermetismo de las familias a las que, en la mayoría de los casos, pertenecen las víctimas harán muy difícil probar la existencia de violencia o intimidación y que, además, ésta sea grave. De la misma manera, se hará muy difícil probar que se ha utilizado engaño para llevarlas a su país de origen con la finalidad de obligarlas a contraer matrimonio, pues, la mayoría de las niñas que son casadas prematuramente, si son trasladadas a su país con esa finalidad, no lo hacen engañadas, ellas saben perfectamente que el fin de ese viaje es su matrimonio pero, la férrea disciplina en la que han sido educadas, orientada desde el primer momento a acatar las decisiones paternas en todos los ámbitos de la vida y después la del marido, les impiden cualquier reacción. Todo ello, insisto, sin perjuicio de aquellas situaciones subsumibles en el delito de trata y la aplicación de las normas concursales a las que haré referencia.

Nota: Para la primera parte de este trabajo véase la entrada de este blog del día 21.4.2017.

Bibliografía - La larga marcha de Gran Bretaña hacia ninguna parte


La larga marcha de Gran Bretaña hacia ninguna parte
José Antonio DE YTURRIAGA BARBERÁN, Embajador de España
Diario La Ley, Nº 8966, Sección La Sentencia del día, 24 de Abril de 2017,
La Ley Unión Europea, Nº 47, 28 de Abril de 2017
El autor describe las posiciones del Gobierno británico y de la Unión Europea con vistas a las negociaciones sobre el Brexit, que ponen de manifiesto las grandes divergencias existentes entre las dos partes. Comenta las declaraciones hechas por el Ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y la sorprendente reacción producida en el Reino Unido por la inclusión de una cláusula sobre Gibraltar en el proyecto de instrucciones del Consejo Europeo al equipo negociador de la Unión. También recoge las reflexiones del eurodiputado Esteban González Pons en relación con la inminente negociación y hace una consideración sobre las perspectivas de la misma.

domingo, 23 de abril de 2017

Bibliografía - Competencia judicial internacional y Derecho aplicable en la obsolescencia programada (II)


Competencia judicial internacional y Derecho aplicable en la obsolescencia programada (Parte II) - International jurisdiction and applicable law in the planned obsolescence (Part II).
Lidia MORENO BLESA Profesora Titular de Derecho Internacional Privado (Universidad Europea de Madrid)
Bitácora Millennium DIPr., nº 5 (Prepublicación)
SUMARIO: PARTE II: III. Derecho de la competencia. IV. Regulación medioambiental. V. Conclusiones.
[PARTE I: I. Introducción. II. Normas de consumo. 1. Competencia judicial internacional. 2. Derecho aplicable. 3. Limitaciones temporales de la protección jurídica]

La obsolescencia programada se basa en planificar unos defectos en el funcionamiento de los productos, con el objetivo de conseguir un incremento en la sustitución de los mismos y, por ende, un aumento de las ganancias en las industrias involucradas en su fabricación. La falta de regulación jurídica expresa para tratar la obsolescencia programada no ha sido óbice para que haya doctrina consolidada que postula el recurso a las normas de consumo, así como al Derecho de la competencia e incluso a la regulación medioambiental. Desde una perspectiva de análisis de naturaleza privada e internacional, serán las controversias entre particulares con elemento extranjero las que centrarán nuestro estudio, por cuanto la conexión del problema con más de un ordenamiento jurídico suele ser un escenario recurrente en un mundo globalizado como el actual.

Para la Parte I de este trabajo véase la entrada de este blog del día 9.4.2017.

Revista de revistas (16 a 23 de abril)


-Aranzadi Civil-Mercantil: 2017, núm. 2; 2017, núm. 3.
-Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly: 2017, núm. 1.

sábado, 22 de abril de 2017

Bibliografía - Novedad editorial


Se ha publicado la monografía de Eliseo Sierra Noguero, "El Seguro de responsabilidad civil derivada de la navegación de buques. Especial referencia a los seguros obligatorios", editada por la Fundación MAPFRE.

El mercado asegurador de riesgos de “responsabilidades civiles marítimas” puede cubrir a operadores marítimos y a operadores terrestres. Este libro se centra de forma exclusiva en el seguro del propietario, del armador, del fletador o del operador del buque o embarcación. Se dedica una especial atención a los seguros obligatorios de RC marítima. Queda, pues, fuera del estudio la cobertura de los riesgos asumidos por operadores terrestres del ámbito marítimo, como las terminales portuarias y los reparadores de buques, que tiene su mercado específico.
El mercado de seguros RC de operadores marítimos es especializado, como lo es el propio sector marítimo. Se caracteriza por la participación de un número limitado de aseguradores. No es un mercado cerrado, a los efectos del Derecho de la competencia (así lo ha reconocido la Comisión Europea con respecto al Grupo Internacional de Clubes P&I), pero sí con un alto grado de especialización por sus prácticas y usos aseguradores y reaseguradores. Los aseguradores se conocen unos a otros, sus prácticas y su solvencia, cómo funciona el mercado y se reaseguran entre ellos.
El producto esencial del mercado asegurador de riesgos de responsabilidad civil derivada de la navegación de un buque es el conocido como seguro de protección e indemnización, seguro P&I (pronunciado con fonética inglesa). No existe un tratado internacional, ni una ley nacional que diga lo que se cubre y se excluye con este seguro. Son los usos y prácticas aseguradoras las que dotan de seguridad jurídica al mercado y a sus aseguradores y asegurados. A partir de la práctica, creada sobre todo por los clubes P&I del Grupo Internacional (una asociación considerada de interés público por la Comisión Europea), puede hablarse de un seguro P&I estándar de armador, pero hay que atender a cada club o asegurador comercial para verificar diferencias de coberturas, pues nunca es totalmente idéntico (aunque los clubes P&I del Grupo no pueden cambiar las coberturas sin permiso de la mayoría de los otros clubes). En cualquier caso, para un club o un asegurador comercial ofrecer un seguro P&I muy distinto, puede impedirle reasegurar todo o gran parte del riesgo (“fronting”) en el mercado reasegurador.
El seguro P&I ofrecido por un club P&I es un seguro de responsabilidad civil de reembolso, esto es, el armador asegurado ha de abonar primero la indemnización al tercero y luego intentar recuperar lo pagado de su club. Es la cláusula de pago previo, recogida en las reglas del seguro P&I. El contrato de seguro P&I en sí no reconoce derecho alguno a la indemnización al tercero perjudicado, que no tiene tampoco acción directa, salvo que el club la admita voluntariamente (el caso habitual es cuando libra una carta de garantía para levantar el embargo del buque inscrito) o porque lo imponen algunas normas internacionales.

Extracto del índice de la obra:
I. El mercado asegurador y reasegurador de responsabilidad civil derivada de la navegación de un buque.
II. La responsabilidad civil derivada del ejercicio de la navegación marítima como interés asegurable en derecho español
III. El seguro obligatorio de responsabilidad genérica por reclamaciones de derecho marítimo del Convenio LLMC 1976/1996 (texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y RD 1616-2011)
IV. Coberturas de riesgos de contaminación por hidrocarburos (CRC 1992 y BUNKERS 2001)
V. Coberturas de riesgos de muerte y lesiones de pasajeros (Reglamento CE 392/2009, Convenio de Atenas 2002, Directrices OMI 2006)
VI. El seguro obligatorio de la responsabilidad civil de las embarcaciones de recreo o deportivas (RD 607/1999 y Ley de Contrato de Seguro)
VII. Coberturas de riesgos de responsabilidad civil en las embarcaciones pesqueras de bajura de Galicia (Ley 11/2008)
VIII. Otros seguros pendientes de entrada en vigor. Contaminación marítima por sustancias distintas a hidrocarburos (LNM, Ley de Responsabilidad Medioambiental y Convenio HNS). Repatriación, muerte o incapacidad de los marineros (Convenio de Trabajo Marítimo de 2006). Remoción de pecios (Convenio Nairobi)
Conclusiones
Legislación
Jurisprudencia
Ficha Técnica:
E. Sierra Noguero
"El Seguro de responsabilidad civil derivada de la navegación de buques. Especial referencia a los seguros obligatorios"
Fundación MAPFRE, Madrid, 2016 (Colección Cuadernos de la Fundación n. 217)
437 págs.
ISBN: 978-84-9844-604-3
[versión en PDF] [versión ePub]

viernes, 21 de abril de 2017

Jurisprudencia - Concesión de la nacionalidad española basada en documentación expedida por autoridades Saharauis


Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Sentencia de 8 septiembre 2016, Rec. 1747/2014: Nacionalidad española. Validez de los certificados de nacimiento y penales expedidos por las autoridades Saharauis. Las autoridades españolas competentes legalizaron los certificados de nacimiento y de antecedentes penales presentados por la actora en la vía administrativa, siendo así que la misma Administración española negó validez a los mismos sin justificar debidamente que aquellos actos de legalización incurrieran en infracción del ordenamiento jurídico. La resolución denegatoria infringió los principios de confianza legítima y buena fe.
Ponente: García García-Blanco, Isabel.
Nº de Recurso: 1747/2014
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Iustel - Diario Del Derecho, 21 abril 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: SAN 3505/2016 - ECLI: ES:AN:2016:3505]

DOUE de 21.4.2017 - CESE


Comité Económico y Social Europeo
[522º Pleno del CESE de los días 25 y 26 de enero de 2017]

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital»[COM(2016) 593 final — 2016/0280 (COD)] sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y determinados derechos afines a los derechos de autor aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión»[COM(2016) 594 final – 2016/0284 (COD)] y sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados usos permitidos de obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso y por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información»[COM(2016) 596 final — 2016/0278 (COD)]

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (refundición)»[COM(2016) 411 final — 2016/019 (CNS)]
Nota: Véase el documento COM(2016) 411 final: Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (refundición).

Bibliografía - Matrimonio infantil, precoz y forzado


Matrimonio infantil, precoz y forzado (1.ª Parte)
Teresa PERAMATO MARTÍN, Fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer
Diario La Ley, Nº 8965, Sección Doctrina, 21 de Abril de 2017
El matrimonio infantil es una violación de los derechos humanos que afecta mayoritariamente a niñas que, además de provocarles gravísimos daños en su salud física, psicológica y reproductiva, reduce sus oportunidades de educación y empleo y las hace más vulnerables a la violencia en el ámbito de la pareja. Por ello a nivel institucional se viene reclamando que se prohíba el matrimonio de menores de 18 años y que se adopten por los Estados una serie de medidas para poner a fin a esta práctica.
Con la reforma efectuada del art. 48 del C.C. español por la Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria no se ha dado cumplimiento a la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de 2010 pues, en la actualidad, en España se pueden casar los menores emancipados sin autorización judicial; ello podría favorecer los matrimonios infantiles impuestos pues, tampoco la emancipación requiere autorización del juez.
Por otra parte, el matrimonio infantil y precoz todavía es una práctica muy frecuente en determinados países y en España residen muchas niñas procedentes de esos Estados en edades en riesgo de ser sometidas a estas prácticas; a ello ha de añadirse otra realidad, la de los matrimonios rituales o consuetudinarios que no tienen acceso al registro civil sin olvidar, tampoco, el riesgo del matrimonio infantil y precoz en las situaciones de conflicto y crisis humanitarias lo que nos puede hacer enfrentarnos a la lamentable realidad ya constatada del matrimonio de niñas en los campos de refugiados a causa de la desesperanza y la pobreza y los riesgos de agresiones sexuales a que están expuestas.
Para proteger a todas esas niñas se hace necesario que se eleve la edad del consentimiento matrimonial a los 18 años sin excepciones que no sean autorizadas por el juez sopesando siempre el grado de madurez de la menor y constatando que concurre su consentimiento libre y pleno; sería conveniente regular la posibilidad de que todos los matrimonios accedan al registro civil, también los rituales; que se regulen normas de extranjería que impidan la reagrupación familiar de mujeres que se casaron siendo menores de la edad estipulada y se establezcan protocolos que garanticen la protección e integración de estas niñas y mujeres y, por último, que se castigue como delito no sólo el matrimonio forzado sino también el matrimonio infantil y precoz.

jueves, 20 de abril de 2017

Convocado el "IV Certamen Internacional de Derecho Internacional Privado Millennium"



IV Certamen Internacional de Derecho Internacional Privado Millennium

Se convoca el Cuarto Certamen Internacional de Derecho Internacional Privado Millennium, cuyo objeto es la difusión de esta rama del Derecho mediante la elaboración de trabajos específicos sobre la disciplina.
El Certamen se desarrollará en las categorías de profesionales y estudiantes.


Bases de la Convocatoria del IV Certamen Internacional de Derecho Internacional Privado Millennium

Categoría Estudiantes

Podrán participar todos los estudiantes de la asignatura Derecho Internacional Privado nacionales o residentes en cualquier país de la Unión Europea o terceros Estados, bien del Grado en Derecho, bien de dobles Grados en los que se imparta la materia Derecho internacional privado. Pertenecen a esta categoría aquellos estudiantes que hayan cursado su carrera en el presente año universitario 2016-2017. Asimismo, se incluyen en esta categoría los estudiantes de Máster, que durante la carrera hayan cursado la asignatura de Derecho Internacional Privado.

Formas de participación:
1. La participación consistirá en la elaboración de un póster, de autoría exclusiva de los participantes, en el que se analice un caso jurisprudencial de Derecho Internacional Privado de la Unión Europea, de Derecho Internacional Privado español o Derecho Interregional. Podrán ser objeto de análisis resoluciones de los Tribunales españoles, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Internacional de Justicia.
2. Asimismo, puede elaborarse un trabajo en el que se presente por escrito un caso jurisprudencial de Derecho Internacional Privado de la Unión Europea, de Derecho Internacional Privado español o Derecho Interregional. La extensión mínima del trabajo será de 5 folios, tipo de letra times 12 puntos, interlineado sencillo.
Tanto el póster como el trabajo pueden ser redactados en español, francés, inglés, italiano o portugués. Se aceptan pósters y trabajos en coautoría de máximo 2 personas.

El Comité Científico seleccionará como máximo 14 póster que, a su juicio, presenten una mayor calidad y claridad en la presentación.
Los póster seleccionados, serán impresos y expuestos, para que todos los asistentes al Certamen los puedan observar y compartir ideas con sus autores.
El póster, redactado en español, francés, inglés, italiano o portugués, debe ajustarse a un tamaño DIN A0 (841x1189), en sentido vertical. Se recomienda no introducir excesiva información y emplear un tipo de letra que se visualice con claridad, en un tamaño relativamente grande. Dentro del póster se pueden incluir esquemas, gráficos, figuras, fotos etc. que faciliten su comprensión.
A modo de orientación acerca de cómo realizar un póster científico, puede consultarse el siguiente enlace.

Tras observar y valorar todos los póster, el Tribunal hará pública la elección de aquel que, a su juicio, presente mayor valor en la trasferencia científica.
Entre los asistentes al Certamen también se realizará una votación presencial para elegir el póster que, desde su punto de vista, merece un reconocimiento especialmente positivo.
Asimismo, se realizará otra votación a través de las Redes Sociales, en la que se podrá seleccionar, a juicio de los internautas, cuál es el mejor póster.

Por otro lado, el Comité Científico seleccionará los trabajos que, a su juicio, presenten una mayor calidad técnica y claridad en la exposición. Dichos trabajos serán defendidos oralmente, ante Tribunal, el día del Certamen.
La defensa del trabajo consistirá en la exposición, durante 5 minutos, de los aspectos más relevantes del caso. Se podrá acompañar de un resumen del supuesto en formato gráfico (power point, montaje de fotografías,...), que se debe enviar, en su caso, junto con el trabajo.

Tanto los trabajos, como los póster seleccionados, recibirán un diploma acreditativo de su selección para la Fase final del Certamen. Aquellos que no hayan sido seleccionados para la fase final recibirán un certificado acreditativo de su participación en el Certamen Internacional.
El profesor que haya supervisado la aportación presentada también recibirá una certificación de su tutoría.

Categoría Egresados y Profesionales

Podrán participar en la misma profesionales del Derecho, Licenciados, Graduados, post-graduados con título Máster, Doctores en Derecho o titulados en dobles licenciaturas o grados en las que se haya impartido la asignatura Derecho Internacional Privado residentes o nacionales de un país de la Unión Europea o terceros Estados.

La participación consistirá en la elaboración de una comunicación científica sobre un asunto de Derecho Internacional Privado de la Unión Europea o de Derecho Internacional Privado español. Se valorará muy positivamente la presentación, por parte de los profesionales, de supuestos reales de Derecho Internacional Privado, de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de su profesión. La extensión de dicha comunicación será de 5 folios, tipo de letra times, 12 puntos interlineado sencillo, incluidas notas al pie. El trabajo podrá ser redactado en español, francés, inglés, italiano o portugués, e incluirá un resumen o abstract en francés o inglés.

El Comité Científico seleccionará 10 trabajos que, a su juicio, presenten una mayor calidad técnica, claridad en la exposición y aportación novedosa a la materia. Los trabajos serán expuestos oralmente el día del Certamen. La exposición consistirá en la presentación, durante 15 minutos, de los aspectos más relevantes del tema objeto de comunicación.

Todos ellos recibirán un diploma acreditativo de su participación y selección en la fase final. Los trabajos que no hayan sido seleccionados para la fase final recibirán un certificado acreditativo de su participación en el Certamen Internacional.
El Despacho profesional o entidad a que represente el profesional, recibirá además distinción Millennium por contribuir a la difusión del conocimiento del Derecho Internacional Privado.


La defensa de los trabajos de ambas categorías y la exposición de los póster se realizará en el mes de mayo de 2017 en Zaragoza.
Todos los trabajos seleccionados, así como los póster podrán ser publicados, a criterio del Comité Científico, en la página web de Millennium DIPr. en el apartado correspondiente a “opinión y actualidad”.
Corresponde al Comité Científico la interpretación de cualquier aspecto relacionado con las presentes bases. La participación en el presente Certamen supone la aceptación de todas las bases del mismo.


Instrucciones para la remisión de trabajos

Los participantes en el Certamen Internacional deberán remitir por correo electrónico a la dirección [mcheliz(at)millenniumdipr.com] su solicitud junto con el trabajo elaborado y, en el caso de la categoría de estudiantes, el póster, haciendo constar los siguientes datos:
- Categoría por la que se presenta
- Nombres y apellidos del autor, nacionalidad, dirección postal, teléfono de contacto y dirección electrónica
- Universidad de procedencia
- Despacho o estudio legal al que pertenece o categoría profesional

El plazo de presentación de trabajos, tanto para la categoría de estudiantes como la de egresados y profesionales, concluirá el día 28 de abril de 2017. Durante el mes de mayo se dará a conocer el nombre de los seleccionados para la fase final.


Más información en este enlace.

DOUE de 20.4.2017


Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.
Nota: Y aquí nos llega la segunda corrección de errores de la, por lo visto, desafortunada versión en lengua española del Reglamento (UE) no 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014. En esta ocasión se corrigen nada menos que cinco preceptos. Véase la entrada de este blog del día 28.8.2014.

BOE de 20.4.2017


Corrección de errores de la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.
Nota: Véase la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, así como la entrada de este blog del día 15.3.2017.

miércoles, 19 de abril de 2017

BOE de 19.4.2017


Ley 1/2017, de 18 de abril, sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea, por la que se incorpora al ordenamiento español la Directiva 2014/60/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014.
Nota: Con esta norma se incorpora al Derecho español la Directiva 2014/60/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n ° 1024/2012 (véase la entrada de este blog del día 28.5.2014).
El objeto de esta ley es regular las condiciones de restitución de bienes culturales que hayan salido ilegalmente del territorio español y se encuentren en territorio de otro Estado miembro de la UE, así como la acción de restitución que se pueda presentar ante las autoridades españolas sobre los bienes que hayan salido de forma ilegal de un territorio de otro Estado miembro de la UE y que se encuentren en territorio español (art. 1).
De acuerdo con el art. 5, son competentes para conocer de la acción de restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal de un Estado miembro de la UE y que se hallen en territorio español los órganos del orden jurisdiccional civil, de acuerdo con lo que establezcan las leyes procesales y civiles.
Los procesos derivados del ejercicio de la acción de restitución ante los tribunales españoles se regirán por lo dispuesto en la LECiv en todo lo no previsto en esta ley, y se tramitarán por las reglas establecidas en los juicios verbales con las especialidades que se contienen en esta ley (art. 6).
La legitimación activa para el ejercicio de la acción de restitución corresponde únicamente los Estados miembros de la UE de cuyo territorio haya salido de forma ilegal el bien cultural (art. 7.2). La acción versará únicamente sobre la restitución del bien cultural, sin que ésta pueda ampliarse a cuestiones que puedan ser reclamadas a través de las acciones civiles, penales o de otra naturaleza que puedan proceder de acuerdo con el ordenamiento jurídico español (art. 8).
El art. 12 contiene una norma de conflicto sobre la ley aplicable a la propiedad del bien cultural tras su restitución:
"La propiedad del bien cultural tras su restitución se regirá por la legislación interna del Estado miembro requirente."
Esta ley se aplicará a los países miembros del EEE no integrados en la UE, teniendo a todos los efectos la condición de Estados requirentes o requeridos (DA 1ª). Por otro lado, también será aplicable a las salidas ilegales del territorio de los Estados miembros producidas antes del 1.1.1993, computándose el plazo de prescripción a que se refiere el art. 9, a partir de la entrada en vigor de esta ley (DA 2ª).
Esta ley entrará en vigor mañana, 20 de abril (DF 3ª).
Con la entrada en vigor de esta ley, se derogan expresamente la Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7 CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, así como el Real Decreto 211/2002, de 22 de febrero, por el que se actualizan determinados valores incluidos en la Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea.

Sobre el Proyecto de ley véase la entrada de este blog del día 25.11.2016