jueves, 23 de marzo de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (23.3.2017)


CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MICHAL BOBEK, presentadas el 23 de marzo de 2017, en el asunto C‑587/15 (Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Tribunal Supremo, Lituania)] (Petición de decisión prejudicial — Seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles — Accidente entre vehículos estacionados habitualmente en distintos Estados miembros — Reembolso de la indemnización pagada por la oficina nacional de seguros — Acción de repetición contra las personas responsables del accidente — Garantías procesales).
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"El Reglamento general del Consejo de Oficinas, adoptado mediante Acuerdo de 30 de mayo de 2002, adjunto como apéndice al anexo a la Decisión 2003/564/CE de la Comisión, de 28 de julio de 2003, sobre la aplicación de la Directiva 72/166/CEE del Consejo relativa a los controles sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, no puede interpretarse en el sentido de que exige que un acuerdo transaccional, alcanzado en el Estado miembro en donde tuvo lugar el accidente y sin la participación de la persona considerada responsable, sea ejecutado automáticamente contra dicha persona en el Estado miembro de matriculación del vehículo.
Los elementos de una reclamación de este tipo presentada por la oficina nacional de seguros en el Estado miembro de matriculación del vehículo en el marco de una acción de repetición contra la persona considerada responsable de un accidente de tráfico deben acreditarse plenamente conforme a las normas nacionales de este Estado miembro que regulan la responsabilidad civil, respetando en particular las garantías previstas en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea."

DOUE de 23.3.2017


Sentencia del Tribunal de la AELC, de 26 de julio de 2016, en el asunto E-28/15 — Yankuba Jabbi/Gobierno noruego, representado por el Organismo de recursos en materia de inmigración (Directiva 2004/38/CE — Derecho de residencia — Derechos derivados para nacionales de terceros países).
Fallo del Tribunal: "Cuando un nacional de un Estado miembro del EEE, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), y el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE, ha creado o consolidado una convivencia familiar con un nacional de un tercer país durante su residencia efectiva en un Estado del EEE distinto a aquel del cual sea nacional, las disposiciones de dicha Directiva se aplicarán por analogía cuando dicho ciudadano del EEE retorne con el miembro de la familia a su Estado de origen."

Nota: Véase la solicitud de dictamen consultivo al Tribunal de la AELC efectuada por el Oslo tingrett (Tribunal de Distrito de Oslo) con fecha de 9 de noviembre de 2015 en el asunto Yankuba Jabbi contra el Estado de Noruega (Asunto E-28/15), así como la entrada de este blog del día 22.12.2016.

miércoles, 22 de marzo de 2017

Jurisprudencia - La expulsión del territorio nacional como regla general y de aplicación preferente frente a la multa pecuniaria


Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso, Sede de La Coruña, Sección 3, Sentencia de 28 Septiembre 2016, Rec. 218/2016: Sanción de expulsión del territorio nacional. En aplicación de la STJUE de 23 de abril de 2015, la sanción de expulsión ha de entenderse como regla general y de aplicación preferente frente a la multa pecuniaria. Situación de permanencia ilegal en España del apelante sin el contrapeso de un sólido arraigo o voluntad de inserción social en España, no habiéndose acreditado cualificadas razones humanitarias.
Ponente: López González Benigco.
Nº de Recurso: 218/2016
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Iustel - Diario Del Derecho, 22 marzo 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: STSJ GAL 6738/2016 - ECLI: ES:TSJGAL:2016:6738]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (22.3.2017)


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 22 de marzo de 2017, en los asuntos acumulados C‑124/16, C‑188/16 y C‑213/16 (Tranca): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Directiva 2012/13/UE — Derecho a la información en los procesos penales — Derecho a ser informado de la acusación — Notificación de un auto de autorización de un decreto de propuesta de imposición de pena — Modalidades — Designación obligatoria de un representante — Persona encausada no residente y sin domicilio fijo — Comienzo del cómputo del plazo para formular oposición a partir de la notificación al representante.
Fallo del Tribunal:
"Los artículos 2, 3, apartado 1, letra c), y 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro como la controvertida en los litigios principales, que, en el marco de un proceso penal, establece que el encausado que no resida en ese Estado miembro o que no disponga de un domicilio fijo en éste o en su Estado miembro de origen tiene la obligación de designar a un representante a efectos de recibir la notificación de un auto de autorización de un decreto de propuesta de imposición de pena que le atañe y que el plazo para oponerse a ese auto, antes de que éste se convierta en título ejecutivo, se computa desde la notificación de dicho auto al representante.
El artículo 6 de la Directiva 2012/13 exige que, en cuanto el interesado tenga conocimiento efectivo de ese auto, se le reintegre en la misma situación que si dicho auto se le hubiera notificado en persona y, en particular, que disponga del plazo de oposición íntegro, en su caso, mediante una reposición a la situación anterior.
Corresponderá a los órganos jurisdiccionales remitentes velar por que el procedimiento nacional de reposición a la situación anterior y los requisitos a los que se supedite el ejercicio de dicho procedimiento se apliquen de conformidad con las anteriores exigencias, de modo que este procedimiento permita el ejercicio efectivo del derecho de defensa que establece el citado artículo 6."

martes, 21 de marzo de 2017

Jurisprudencia - Derecho de una trabajadora del departamento de atención al público a usar el velo islámico


Juzgado de lo Social N°. 1 de Palma de Mallorca, Sentencia 31/2017 de 6 Feb. 2017, Rec. 478/2016: Vulneración del Derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto. Negativa de la empresa al uso por parte de la trabajadora -que presta servicios en el departamento de servicio al pasajero y de cara al público- del velo islámico como una expresión de la libertad religiosa. Se ha acreditado que la empresa no mantiene una política de neutralidad religiosa, obedeciendo la prohibición impuesta a la trabajadora de uso de velo islámico a una exigencia meramente estética, que no es comparable con el uso de meros adornos. La empresa no ha concretado ningún perjuicio en su imagen por el uso del hiyab, constando que a la trabajadora se le ha autorizado por Aena el uso del velo en la fotografía de su tarjeta de identificación, al no concurrir motivos de seguridad.
Ponente: Ramos Monserrat, María del Pilar.
Nº de Sentencia: 31/2017
Nº de Recurso: 478/2016
Jurisdicción: SOCIAL
Diario La Ley, Nº 8945, Sección Jurisprudencia, 21 de Marzo de 2017
ECLI: ES:JSO:2017:2

Nota: En sentido contrario, véase la sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2017, en el asunto C‑157/15 (G4S Secure Solutions), así como la entrada de este blog del día 14.3.2017.

DOUE de 21.3.2017


-Decisión (UE) 2017/479 del Consejo, de 8 de diciembre de 2016, sobre la firma, en nombre la de Unión, y la aplicación provisional de un Acuerdo entre la Unión Europea y Noruega sobre normas suplementarias en relación con el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados, como parte del Fondo de Seguridad Interior, para el período comprendido entre 2014 y 2020.
Nota: Mediante el presente acto se autoriza la firma del Acuerdo entre la UE y Noruega, que, a excepción de su art. 5, se aplicará provisionalmente a partir del día siguiente al de su firma.
Para el texto del Acuerdo véase la referencia siguiente en esta misma entrada.
-Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega sobre normas suplementarias en relación con el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados, como parte del Fondo de Seguridad Interior, para el período comprendido entre 2014 y 2020.


Comité de las Regiones
(119º Pleno, 10, 11 y 12 de octubre de 2016)

-Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — El pilar europeo de derechos sociales.
Nota: Véase el documento COM(2016) 127 final: COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. Apertura de una consulta sobre un pilar europeo de derechos sociales.

lunes, 20 de marzo de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-652/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 19 de diciembre de 2017 — Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Аhmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite.
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Se deduce del artículo 78, apartados 1 y 2, letras a), d) y f), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, del 12 considerando y del artículo 1 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición), que la razón para la inadmisibilidad de las solicitudes de protección internacional que establece el artículo 33, apartado 2, letra e), de dicha Directiva constituye una disposición de efecto directo que los Estados miembros no pueden abstenerse de aplicar, por ejemplo, aplicando disposiciones de Derecho nacional más favorables, con arreglo a las cuales la primera solicitud de protección internacional, tal y como exige el artículo 10, apartado 2, de la Directiva, debe examinarse determinando, en primer lugar, si el solicitante reúne los requisitos para ser refugiado y, en segundo lugar, si es una persona con derecho a protección subsidiaria?
2) ¿Se deduce del artículo 33, apartado 2, letra e), de la Directiva 2013/32 en relación con los artículos 7, apartado 3, y 2, letras a), c) y g), y del considerando 60 de la misma Directiva, que en las circunstancias del procedimiento principal es inadmisible una solicitud de protección internacional presentada por uno de los progenitores en nombre de un menor acompañado si el hijo es miembro de la familia de la persona que solicitó protección internacional alegando ser refugiado a efectos del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra?
3) ¿Se deduce del artículo 33, apartado 2, letra e), de la Directiva 2013/32 en relación con los artículos 7, apartado 1, y 2, letras a), c) y g), y del considerando 60 de la misma Directiva, que en las circunstancias del procedimiento principal es inadmisible una solicitud de protección internacional presentada en nombre de un mayor de edad si en el procedimiento ante la autoridad administrativa competente la solicitud se fundamentó únicamente en el hecho de que el solicitante es miembro de la familia de la persona que solicitó protección internacional alegando ser refugiado a efectos del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra, y en el momento de presentar la solicitud el solicitante no tenía derecho a ejercer una actividad profesional?
4) ¿Exige el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (refundición), en relación con el considerando 36 de la misma Directiva, que para valorar la existencia de los fundados temores a ser perseguido o del riesgo real de sufrir daños graves se ha de atender exclusivamente a hechos y circunstancias referidos al solicitante?
5) ¿Admite el artículo 4 de la Directiva 2011/95 en relación con su considerando 36 y el artículo 31, apartado 1, de la Directiva 2013/32 una jurisprudencia nacional de un Estado miembro conforme a la cual:
a) la autoridad competente está obligada a examinar las solicitudes de protección internacional de los miembros de una misma familia en un procedimiento conjunto cuando dichas solicitudes se fundamentan en los mismos hechos, concretamente en la alegación de que sólo uno de los miembros de la familia es refugiado;
b) la autoridad competente está obligada a suspender el procedimiento relativo a las solicitudes de protección internacional presentadas por los miembros de la familia que personalmente no cumplen los requisitos para tal protección, hasta la conclusión del procedimiento relativo a la solicitud del miembro de la familia basada en que el interesado es refugiado a efectos del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra;
es admisible tal jurisprudencia también desde el punto de vista del interés del menor, del mantenimiento de la unidad familiar y del respeto de la vida privada y familiar, así como del derecho a la permanencia en el Estado miembro hasta que se examine la solicitud, en particular a la luz de los artículos 7, 18 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; de los considerandos 12 y 60 y el artículo 9 de la Directiva 2013/32; de los considerandos 16, 18 y 36 y el artículo 23 de la Directiva 2011/95, y de los considerandos 9, 11 y 35 y los artículos 6 y 12 de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional?
6) ¿Se desprende de los considerandos 16, 18 y 36 y del artículo 3 de la Directiva 2011/95 en relación con su considerando 24 y los artículos 2, letras d) y j); 13 y 23, apartados 1 y 2, de la misma Directiva, que es admisible una disposición nacional como la controvertida en el procedimiento principal, contenida en el artículo 8, apartado 9, de la Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (Ley de asilo y refugiados), con arreglo a la cual los miembros de la familia de un extranjero a quien se ha reconocido la condición de refugiado también se consideran refugiados, siempre que ello sea compatible con su estatuto personal y no existan razones de Derecho nacional para excluir el reconocimiento de la condición de refugiado?
7) ¿Se deduce del régimen de los motivos de persecución que contiene el artículo 10 de la Directiva 2011/95 que la presentación de una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado de origen del interesado fundamenta su pertenencia a un determinado grupo social a efectos del artículo 10, apartado 1, letra d), de dicha Directiva, o la presentación de tal demanda se ha de considerar como opinión política en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra e), de la Directiva?
8) ¿Se deduce del artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32 que el órgano jurisdiccional está obligado a examinar el fondo de los nuevos motivos de protección internacional formulados durante el procedimiento judicial pero que no fueron alegados en el recurso contra la decisión de denegación de la protección internacional?
9) ¿Se deduce del artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32 que el órgano jurisdiccional está obligado a pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud de protección internacional sobre la base del artículo 33, apartado 2, letra e), de dicha Directiva en el procedimiento judicial relativo al recurso contra la decisión de denegación de la protección internacional, cuando la solicitud ha sido examinada, tal y como exige el artículo 10, apartado 2, de la Directiva, determinando en primer lugar si el solicitante reúne los requisitos para ser refugiado y, en segundo lugar, si es una persona con derecho a protección subsidiaria?"
-Asunto C-676/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud (República Checa) el 27 de diciembre de 2016 — CORPORATE COMPANIES s.r.o./Ministerstvo financí ČR.
Cuestión planteada: "¿Están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 2, apartado 1, punto 3, letra c), de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, en relación con el artículo 3, apartado 7, letra a), de la misma Directiva, las personas que, con carácter profesional, venden sociedades ya inscritas en el Registro Mercantil y constituidas a efectos de dicha venta («empresas preconstituidas»), y cuya venta se lleva a cabo mediante la transmisión de una participación en la filial objeto de la venta?"
-Asunto C-15/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus (Finlandia) el 13 de enero de 2017 — Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp./Rajavartiolaitos.
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe interpretarse la expresión «las costas o los intereses conexos» del artículo 220, apartado 6, de la Convención sobre el Derecho del Mar o la expresión «la costa o intereses conexos» del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2005/35/CE, sobre la base de la definición de la expresión «costa o intereses conexos» recogida en el artículo II, apartado 4, del Convenio Internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes que causen una contaminación por hidrocarburos de 1969?
2) Según la definición contenida en el artículo II, apartado 4, letra c), del Convenio de 1969 citado en la primera cuestión prejudicial, el término «intereses conexos» hace referencia entre otros aspectos al bienestar de la región interesada, incluida la conservación de los recursos marinos vivientes y de su flora y fauna. ¿Debe aplicarse esta disposición también a la conservación de los recursos vivientes y de la flora y fauna en la zona económica exclusiva o por el contrario esta disposición del Convenio se aplica únicamente a la conservación de los intereses de la zona costera?
3) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿A qué se refiere la expresión «las costas o los intereses conexos» del artículo 220, apartado 6, de la Convención sobre el Derecho del Mar o la expresión «la costa o intereses conexos» del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2005/35/CE?
4) ¿Qué significa la expresión «recursos de su mar territorial o de su zona económica exclusiva» en el sentido del artículo 220, apartado 6, de la Convención sobre el Derecho del Mar y del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2005/35/CE? ¿Se entienden como recursos vivientes solamente las especies aprovechables o se incluyen también las especies asociadas o dependientes de ellas en el sentido del artículo 61, apartado 4, de la Convención sobre el Derecho del Mar, como por ejemplo especies de plantas o animales utilizadas como alimento por las especies aprovechables?
5) ¿Cómo deben definirse las expresiones «amenace causar» del artículo 220, apartado 6, de la Convención sobre el Derecho del Mar y «amenace con suponer» del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2005/35/CE? ¿Debe determinarse la causalidad de la amenaza partiendo del concepto de riesgo abstracto o concreto o de algún otro modo?
6) Al valorar los requisitos para el ejercicio de la competencia del Estado ribereño establecidos en el artículo 220, apartado 6, de la Convención sobre el Derecho del Mar y el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2005/35/CE, ¿debe considerarse que los graves daños causados o la amenaza de causarlos suponen un daño mayor que la contaminación considerable del medio marino causada o la amenaza de causarla en el sentido del artículo 220, apartado 5? ¿Cómo debe definirse la contaminación considerable del medio marino y cómo debe ponderarse al valorar los graves daños causados o la amenaza de causarlos?
7) ¿Qué circunstancias deben tenerse en cuenta al valorar la gravedad de los daños causados o de la amenaza de causarlos? ¿Deben tenerse en cuenta en la valoración, por ejemplo, la duración y la extensión geográfica de los efectos perjudiciales que suponen los daños? En caso de respuesta afirmativa: ¿Cómo deben valorarse la duración y el alcance de los daños?
8) La Directiva 2005/35/CE es una directiva de mínimos y no impide a los Estados miembros adoptar medidas más restrictivas en materia de contaminación procedente de buques con arreglo al Derecho internacional (artículo [1, apartado 2]) ¿Es posible aplicar medidas más restrictivas que las del artículo 7, apartado 2, de la Directiva donde se regula el ejercicio de la competencia del Estado ribereño para intervenir contra un buque en tránsito?
9) A la hora de interpretar los requisitos para el ejercicio de la competencia del Estado ribereño establecidos en el artículo 220, apartado 6, de la Convención sobre el Derecho del Mar y en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva, ¿pueden ser de relevancia las circunstancias geográficas y ecológicas específicas así como la vulnerabilidad del área del Mar Báltico?
10) Al hablar de una «prueba objetiva y clara» en el sentido del artículo 220, apartado 6, de la Convención sobre el Derecho del Mar y el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2005/35/CE, ¿además de a la prueba de que un buque ha cometido una infracción contra las disposiciones indicadas, se hace referencia a la prueba de las consecuencias de la descarga? ¿Qué tipo de prueba debe exigirse referente a la amenaza de graves daños a las costas o los intereses conexos o a los recursos de su mar territorial o de su zona económica exclusiva, como por ejemplo las poblaciones de aves o peces o el medio marino en la zona? ¿Significa el requisito de una prueba objetiva y clara, por ejemplo, que la valoración de los efectos perjudiciales de los hidrocarburos vertidos en el medio marino se tiene que basar siempre en investigaciones y estudios concretos sobre los efectos de las descargas de hidrocarburos que se han producido?"
-Asunto C-33/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bezirksgericht Bleiburg (Austria) el 23 de enero de 2017 — Čepelnik d.o.o./Michael Vavti.
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE y la Directiva 2014/67/UE, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior, en el sentido de que prohíben a los Estados miembros imponer a un comitente nacional una retención del pago y la prestación de una fianza por el importe del precio pendiente de la obra contratada cuando el único objetivo que se persigue con la retención del pago y la prestación de la fianza es asegurar el cobro de la multa que, en su caso, pueda imponerse, a través de un procedimiento separado, a un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro?
En caso de respuesta negativa a esta cuestión:
a) ¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE y la Directiva 2014/67/UE, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior, en el sentido de que prohíben a los Estados miembros imponer al comitente nacional una retención del pago y la prestación de una fianza por el importe del precio pendiente de la obra contratada, si el prestador de servicios establecido en otro Estado miembro que va a ser sancionado con una multa no está legitimado para impugnar la resolución por la que se exige la fianza en el procedimiento relativo a la prestación de fianza respecto de un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro, y un recurso del comitente nacional contra dicha resolución carece de efecto suspensivo?
b) ¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE y la Directiva 2014/67/UE, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior, en el sentido de que prohíben a los Estados miembros imponer al comitente nacional una retención del pago y la prestación de una fianza por el importe del precio pendiente de la obra contratada por el único motivo de que el prestador de servicios está establecido en otro Estado miembro?
c) ¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE y la Directiva 2014/67/UE, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior, en el sentido de que prohíben a los Estados miembros imponer al comitente nacional una retención del pago y la prestación de una fianza por el importe del precio pendiente de la obra contratada aunque éste aún no sea exigible y el importe del precio definitivo de la obra todavía no se haya determinado, debido a la existencia de obligaciones recíprocas y derechos de retención?"

Bibliografía - Ciberespacio, ciberderecho y ciberabogados


Ciberespacio, ciberderecho y ciberabogados
Álvaro ÉCIJA BERNAL, Abogado. Socio director de ÉcixGroup
Diario La Ley, Nº 2, Sección Ciberderecho, 2 de Enero de 2017
El ciberespacio es el entorno en la que va a desarrollarse buena parte de la actividad de las personas y entidades. Sin embargo, este entorno estratégico carece de cualquier tipo de ordenación normativa. Ambas circunstancias plantean importantes desafíos a los juristas en general y a los abogados en particular. Este trabajo se corresponde con un capítulo del libro El ciberespacio un mundo sin ley, publicado por Wolters Kluwer en la biblioteca inteligente Smarteca y disponible gratuitamente para todos los lectores del Diario LA LEY.

domingo, 19 de marzo de 2017

Bibliografía - Novedad editorial


Se ha publicado la obra colectiva "Derecho e Islam en una Sociedad Globalizada", coordinada por Zoila Combalía, Mª del Pilar Diago Diago y Alejandro González-Varas Ibáñez, y editada por Tirant lo Blanch.

Una de las características más destacadas de las sociedades del s. XXI es la del contacto entre el mundo islámico y Occidente. Las personas arrastran consigo su Derecho, fruto de la historia y la cultura de sus lugares de origen. Cuando instituciones procedentes del mundo islámico penetran en los países europeos, surgen nuevos desafíos y conflictos con el consiguiente desconcierto de los ordenamientos y operadores jurídicos que no siempre cuentan con las herramientas necesarias para afrontarlos. El libro pretende ser una contribución en este terreno. Además de unas claves generales, se plantean algunas cuestiones específicas (como la alimentación halal, la situación de las mezquitas o el reconocimiento de la kafala islámica), así como una referencia a las transformaciones acontecidas a raíz de las revueltas del mundo árabe, pues la globalización de nuestra sociedad hace inevitable que lo que ocurre en los países islámicos nos afecte aquí también. La experiencia de los coautores en este ámbito aporta a la obra rigor y calidad científica, especialmente necesarios en una temática tan sensible como la que se aborda.

Extracto del índice de la obra:
Capítulo 1: Nuevos desafíos sociales y jurídicos derivados de la presencia del Islam en las sociedades occidentales del s. XXI, por Zoila Combalía.
I. Introducción.
II. El consenso en materia de derechos humanos.
III. El respeto a la diversidad.
IV. Estado secular e Islam.
V. Conclusión.

Capítulo 2: El Islam en Europa y los conflictos ocultos en el ámbito familiar, por Mª del Pilar Diago Diago.
I. Introducción.
II. Los conflictos ocultos y la realidad del Islam en la Europa del s. XXI.
III. Antecedentes histórico reciente en el Derecho español: Tribunales y Derecho Cheránico en la provincia española del Sahara.
IV. Diferentes sistemas jurídicos, diferentes soluciones jurídicas.
V. La autonomía de la voluntad como posible herramienta superadora de los conflictos ocultos.
V. Consideraciones finales.

Capítulo 3: L’idéal de neutralité religieuse, por Olivier Borel..
I. Introduction.
II. Un principe de laïcite à géometrie variable.
III. L’encadrement de la liberte religieuse, entre rhetorique juridique et faits sociologiques.

Capítulo 4: El Islam y la Administración en España, por Ricardo García García.
I. Introducción: Las relaciones entre la Administración y los musulmanes en España.
II. El Islam en España.
III. Las manifestaciones concretas de la cooperación entre la Administración y los musulmanes en España. Un sujeto de cuasi derecho público: La Comisión Islámica de España (CIE).
IV. Conclusiones.

Capítulo 5: La cuestión de la alimentación religiosa en Europa: cuestiones legales y consecuencias económicas, por Jaime Rossell.
I. Introducción.
II. El sacrificio religioso.
III. Certificación y distribución: el mercado alimentario Halal y Kosher.

Capítulo 6: La situación jurídica de las mezquitas en España y en el ámbito internacional, por Alejandro González-Varas Ibáñez.
I. Introducción.
II. El establecimiento de mezquitas en el ordenamiento jurídico español.
III. La preocupación internacional por el odio religioso y la difusión de estereotipos negativos por causa de la religión.
IV. La problemática en torno a la mezquita.
V. Conclusiones.

Capítulo 7: La Kafala islámica: institución jurídica protegida en España por la prestación social de orfandad, por María Dolores Ortiz Vidal.
I. Introducción.
II. El reconocimiento en España de resoluciones de Kafala constituidas en el extranjero: el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996.
III.Los efectos jurídicos que una Kafala constituida en Marruecos puede producir en España.
IV. La equiparación funcional de la Kafala marroquí y la adopción española, a los solos efectos de poder acceder a una pensión por orfandad.
V. Consideraciones finales.

Capítulo 8: Egipto y la primavera árabe, por Juan Ferreiro Galguera.
I. Antecedentes.
II. Revueltas y elecciones (febrero 2011 - julio 2012).
III. Gobierno de Morsi: julio 2012 - julio 2013.
IV. Golpe de Estado y gobierno tutelado por militares.
Ficha técnica:
"Derecho e Islam en una Sociedad Globalizada"
Z. Combalía, Mª.del P. Diago, A. González-Varas (Coords.)
Tirant lo Blanch, noviembre 2016
310 págs. - 28,40 €
ISBN: 9788491195283

Se constituye la Red Iberoamericana de Investigación Interuniversitaria para el Diálogo Jurídico entre Europa y América (REDIJEA)


Se ha constituido la Red Iberoamericana de Investigación Interuniversitaria para el Diálogo Jurídico entre Europa y América (REDIJEA). Su finalidad es propiciar el diálogo entre las diferentes tradiciones jurídicas europeas e iberoamericanas con el objeto de reflexionar conjuntamente, compartir experiencias y facilitar la búsqueda de soluciones a problemas jurídicos comunes.

Los problemas y retos que tiene planteados la comunidad jurídica iberoamericana no pueden ser adecuadamente comprendidos ni afrontados si no se sitúan en un contexto más amplio y global, que trasciende el ámbito de los concretos países que la componen. Se trata, en efecto, de una comunidad que se asienta a ambos lados del Atlántico, en Europa y en el Continente Americano. El Derecho de dos de los países que la integran, España y Portugal, se encuentra fortísimamente influenciado por la normativa emanada de las instituciones de la Unión Europea. Pero además, la prodigiosa intensificación de las relaciones internacionales a escala global ha propiciado que las naciones iberoamericanas del otro lado del océano hayan de trabar vínculos cada vez más estrechos con el ámbito jurídico de la Unión Europea y con el de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya no es posible ni deseable abordar los problemas jurídicos desde la perspectiva unilateral de la tradición jurídica común de las naciones iberoamericanas, sino que es preciso tomar en consideración los referidos ingredientes europeo y norteamericano.

En el referido contexto de creciente complejidad se inscriben asimismo toda una serie de fenómenos de integración regional americana, que han desembocado en la creación de estructuras tales como UNASUR, CELAC, ALBA, OEA, etc.

REDIJEA aspira a constituirse en un instrumento útil para gestionar tan elevado grado de complejidad, propiciando el diálogo entre las diferentes tradiciones y perspectivas jurídicas con el objeto de compartir experiencias y facilitar la búsqueda de soluciones a los problemas jurídicos que se plantean en los diferentes niveles (nacional, regional etc.).

Son objetivos de REDIJEA:
  • Contribuir a la mejora de la legislación y la jurisprudencia de los países concernidos mediante iniciativas que fomenten el mutuo conocimiento y el estudio conjunto de los problemas, como por ejemplo la elaboración de leyes modelo o de estudios sistemáticos de jurisprudencia comparada.
  • Consolidar una estructura organizativa permanente de colaboración entre investigadores de distintas universidades y países.
  • Crear estructuras de investigación y reflexión para promover el dialogo entre Europa y América en materia jurídica.
  • Fomentar actividades de carácter académico de difusión y divulgación en las cuestiones propias de nuestras actividades.
  • Realización de cursos, seminarios o conferencias sobre las cuestiones vinculadas a la red.
  • Promover, en su caso, programas para la formación de los alumnos de grado, master y doctorado.
  • Favorecer la formación general de profesionales del Derecho, con el objeto de capacitarlos para operar a nivel nacional, regional e internacional, siempre con una visión integracionista del espacio iberoamericano del conocimiento.

Página web de REDIJEA: http://redijea.com/

Revista de revistas (12 a 19 de marzo)


-Archiv für die civilistische Praxis: 2016, núm. 5; 2016, núm. 6.
-Civitas Revista Española de Derecho Europeo: núm. 61 (2017).
-Revista de Derecho Mercantil: núm. 303 (2017).
-RDUNED - Revista de derecho UNED: núm. 19 (2016).

sábado, 18 de marzo de 2017

Aparece una nueva revista: "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies"


Ha aparecido una nueva revista electrónica en abierto: "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies", dirigida por Angela Di Stasi, Ordinario di Diritto dell’Unione europea (Università degli Studi di Salerno).

La Rivista online Freedom, Security & Justice: European Legal Studies è un periodico quadrimestrale pubblicato in modalità open access che utilizza il web come efficace strumento di circolazione e diffusione di un prodotto culturale reso immediatamente fruibile per i lettori.
Essa si propone di sviluppare le linee tematiche e di ricerca già seguite nell’ambito del complesso delle attività scientifiche promosse dall’Osservatorio sullo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (www.slsg.unisa.it) - operante presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università degli studi di Salerno dal 2012 - che continua a perseguire la sua mission garantendo, fra l’altro, un monitoraggio, con cadenza mensile, della giurisprudenza della Corte di giustizia e degli atti normativi dell’Unione europea concernenti lo SLSG.
Tale e-Journal muove dalla radicata consapevolezza dell’esistenza di altri autorevoli luoghi (cartacei e non) di approfondimento scientifico rispetto agli argomenti che saranno oggetto di confronto e di riflessione. Circoscrive e limita, pertanto, il suo focus tematico alla dimensione europea dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nelle sue proiezioni interne ma anche esterne, ospitando scritti di studiosi italiani e stranieri riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali, la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, i controlli sulle persone alle frontiere interne e la politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo alle frontiere esterne, nonché le embrionali forme di “cooperazione amministrativa”. Infine, intende valorizzare le interazioni - anche sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali in un’ottica “multilivello” - tra le attività normative e giurisprudenziali poste in essere dalle istituzioni europee e le loro ricadute nell’ordinamento statale attesa la diversità tra sistemi e tradizioni giuridiche degli Stati membri dell’Unione europea.
Così come lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia continua il suo percorso di - non facile - rimozione delle perduranti asimmetrie applicative tra le dimensioni della libertà, della sicurezza e della giustizia, anche la nuova Rivista Freedom, Security & Justice: European Legal Studies si propone di eliminare, in progress, eventuali limiti aspirando a fornire un contributo, il più possibile elevato, al dibattito dottrinale in corso e al progresso della conoscenza scientifica in tema.

Contenido del primer número (2017 n. 1):
Editoriale, Angela Di Stasi.

Saggi e Articoli:
-Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia a misura di minori: la sfida (in)compiuta dell'Unione europea nei casi di sottrazione internazionale, Maria Caterina Baruffi.
-In the Court(s) We Trust - A Procedural Solution to the Mutual Trust Dilemma, Dominik Düsterhaus.
-Mobilità nell'impiego e diritti dei lavoratori: riflessioni tra cooperazione in materia civile e relazioni esterne dell'Unione europea, Caterina Fratea.
-La tutela transnazionale del credito nell'ordinamento dell'Unione europea, Angela Maria Romito.

Commenti e Note:
-Le direttive sui diritti processuali. Verso un «modello europeo di giustizia penale»?, Valentina Faggiani.
-La libera circolazione degli atti pubblici in materia civile: un passo avanti nello spazio giudiziario europeo, Maria Font i Mas.
-Forced Migration Management and the Right to Access to an Asylum Procedure in the Area of Freedom, Security and Justice: Human Rights Between Responsibility and Solidarity, Sílvia Morgades-Gil.
-La dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Sviluppi recenti e sfide aperte, Alfredo Rizzo.

Agradezco la información a la Profesora Maria Font Mas, de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

DOUE de 18.3.2017


-Reglamento (UE) 2017/458 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 en lo relativo al refuerzo de los controles mediante la comprobación en las bases de datos pertinentes en las fronteras exteriores.
Nota: Véase el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), así como la entrada de este blog del día 23.3.2016.

-Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo a la propuesta de la Comisión por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 y la Directiva 2009/101/CE — Acceso a información sobre la titularidad real e implicaciones para la protección de datos.
Nota: El 5 de julio de 2016, la Comisión publicó una serie de modificaciones a la Directiva (UE) 2015/849 y a la Directiva 2009/101/CE destinadas a luchar de forma directa e incisiva contra la evasión fiscal, así como contra el blanqueo de capitales, a fin de establecer un sistema tributario más justo y eficaz. Este dictamen examina las implicaciones que tienen dichas modificaciones para la protección de datos.

jueves, 16 de marzo de 2017

Jurisprudencia - Efectos del trabajado en situación irregular de un extranjero a efectos del subsidio de desempleo


Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 78/2017 de 31 Ene. 2017, Rec. 3345/2015: Desempleo para extranjeros. Extranjeros irregulares. Denegación. Inmigrante sin autorización para trabajar que posteriormente regulariza su situación personal y laboral. No puede computar el primer período trabajado y sumar ambos tiempos para lucrar la prestación del desempleo, pues se trata de dos períodos distintos: el segundo no subsana o regulariza al primero de ellos. Voto Particular.
Ponente: Luelmo Millán, Miguel Angel.
Nº de Sentencia: 78/2017
Nº de Recurso: 3345/2015
Jurisdicción: SOCIAL
Diario La Ley, Nº 8942, Sección Jurisprudencia, 16 de Marzo de 2017
ECLI: ES:TS:2017:650