viernes, 20 de octubre de 2017

Bibliografía - Legitimación para el ejercicio de la acción de competencia desleal


Legitimación para el ejercicio de la acción de competencia desleal. Conceptos de know how, patente y secreto industrial
Pedro-José VELA TORRES, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo
Diario La Ley, Nº 9065, Sección Comentarios de jurisprudencia, 20 de Octubre de 2017
Competencia desleal: revelación de secretos (art. 13 LCD) y aprovechamiento de una infracción contractual ajena que tiene por objeto la explotación de un secreto industrial o empresarial. Carga de la prueba. Legitimación activa de la empresa que licenció el know-how para explotar en España un sistema de reparación de tuberías sin obra, para el ejercicio de esta acción de competencia desleal frente a la licenciataria que llevó a cabo la revelación de secretos y los terceros que se aprovecharon de esta infracción contractual. Concepto de participación en el mercado español.

Nota: Véase la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 474/2017 de 20 julio 2017, Rec. 578/2015, así como la entrada de este blog del día 18.9.2017.

jueves, 19 de octubre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (19.10.2017)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 19 de octubre de 2017, en el asunto C‑231/16 (Merck): Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Marca de la Unión Europea — Artículo 109, apartado 1 — Acciones civiles sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales — Litispendencia — Concepto de “los mismos hechos” — Uso del término “Merck” en nombres de dominios y en plataformas de redes sociales en Internet — Acción basada en una marca nacional seguida de una acción basada en una marca de la Unión — Inhibición — Alcance.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que el requisito, que en él se establece, de la existencia de «los mismos hechos» únicamente se cumple, cuando las acciones por violación, basadas respectivamente en una marca nacional y en una marca de la Unión, se promueven entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, en la medida en que dichas acciones se refieran a una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros.
2) El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, cuando dos acciones por violación de marca, basadas, la primera, en una marca nacional, en relación con una supuesta violación en el territorio de un Estado miembro, y, la segunda, en una marca de la Unión, en relación con una supuesta violación en todo el territorio de la Unión Europea, se promueven entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar debe inhibirse de conocer de la parte del litigio relativa al territorio del Estado miembro al que se refiera la acción por violación ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se haya acudido en primer lugar.
3) El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el requisito, que en él se establece, de la existencia de «los mismos hechos» ya no se cumple cuando ―tras un desistimiento parcial por un demandante, siempre que se haya formulado válidamente, de una acción por violación basada en una marca de la Unión y dirigida inicialmente a prohibir el uso de dicha marca en el territorio de la Unión Europea, refiriéndose tal desistimiento al territorio del Estado miembro objeto de la acción ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se acudió en primer lugar, acción basada en una marca nacional y dirigida a prohibir el uso de dicha marca en el territorio nacional― las acciones de que se trata ya no se refieren a una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros.
4) El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de identidad de las marcas, el órgano jurisdiccional al que se acudió en segundo lugar únicamente debe inhibirse a favor del tribunal al que se acudió en primer lugar en la medida en que las citadas marcas sean válidas para productos o servicios idénticos."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena) de 19 de octubre de 2017, en el asunto C‑425/16 (Raimund): Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 96, letra a) — Acción por violación de marca — Artículo 99, apartado 1 — Presunción de validez — Artículo 100 — Demanda de reconvención por nulidad — Relación entre una acción por violación de marca y una demanda de reconvención por nulidad — Autonomía procesal.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 99, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que la acción por violación de marca ejercitada ante un tribunal de marcas de la Unión, de conformidad con el artículo 96, letra a), de dicho Reglamento, no puede desestimarse por una causa de nulidad absoluta, como la prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), del citado Reglamento, sin que ese tribunal haya estimado la demanda de reconvención por nulidad presentada por el demandado frente a esa acción por violación de marca, sobre la base del artículo 100, apartado 1, del mismo Reglamento, y fundamentada en esa misma causa de nulidad.
2) Las disposiciones del Reglamento n.º 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que el tribunal de marcas de la Unión pueda desestimar la acción por violación de marca, mencionada en el artículo 96, letra a), de dicho Reglamento, por una causa de nulidad absoluta, como la prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), del citado Reglamento, aun cuando la resolución sobre la demanda de reconvención por nulidad, presentada de conformidad con el artículo 100, apartado 1, del mismo Reglamento y fundamentada en esa misma causa de nulidad, no haya adquirido firmeza."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MICHAL BOBEK, presentadas el 19 de octubre de 2017, en los asuntos acumulados C‑274/16, C‑447/16 y C‑448/16 (flightright, Becker, Barkan y otros): [Peticiones de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania)] Procedimientos prejudiciales — Reglamentos (CE) n.º 44/2001 y (UE) n.º 1215/2012 — Competencia para conocer de una demanda interpuesta en el marco del Reglamento (CE) n.º 261/2004 — Vuelo con retraso — Viajes compuestos de varios tramos — Concepto de “en materia contractual” — Prestación de servicios — Lugar de cumplimiento — Demandado domiciliado en un tercer país.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal lo siguientes:
"En lo que respecta al asunto C‑274/16, flightright GmbH contra Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A., propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Amtsgericht Düsseldorf (Tribunal Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) en los siguientes términos:
El artículo 7, apartado 1, letra b), segundo guion, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que cuando se transporta a pasajeros por ruta aérea en un viaje que se compone de dos tramos, tanto el lugar de salida del primer tramo como el lugar de llegada del segundo tramo constituyen el lugar de cumplimiento a efectos de dicha disposición, aunque la demanda se dirija contra la compañía aérea que ha operado el primer tramo, en el cual se ha producido el retraso, y no contra la compañía con la que el pasajero celebró un contrato.

En relación con el asunto C‑448/16, Mohamed Barkan y otros contra Air Nostrum L.A.M., S.A., propongo al Tribunal de Justicia que responda al Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania) en los siguientes términos:
1) El artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “en materia contractual” se extiende a una demanda de compensación presentada con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91, contra una compañía aérea operadora que no es parte del contrato celebrado por el pasajero en cuestión con otra compañía aérea.
2) El artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que cuando se transportan pasajeros por ruta aérea en un viaje que se compone de dos tramos, tanto el lugar de salida del primer tramo como el lugar de llegada del segundo tramo constituyen el lugar de cumplimiento a efectos de dicha disposición, aunque la demanda se dirija contra la compañía aérea que ha operado el primer tramo, en el cual se ha producido el retraso, y no contra la compañía con la que el pasajero celebró un contrato.

En lo que concierne al asunto C‑447/16, Roland Becker contra Hainan Airlines Co. Ltd, propongo al Tribunal de Justicia que responda al Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania) en los siguientes términos:
El artículo 4 del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que las normas de competencia que establece dicho Reglamento no son aplicables a un demandado domiciliado fuera de la Unión, como es el caso del demandado del procedimiento principal. La competencia internacional del tribunal ante el cual se interpone la demanda debe determinarse, en consecuencia, en virtud de las normas aplicables en la demarcación de dicho tribunal. Ahora bien, las normas nacionales sobre competencia internacional no pueden hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio por parte de un pasajero de un derecho basado en el artículo 7 del Reglamento n.º 261/2004."

Bibliografía - El futuro de las cláusulas de fuerza mayor en los contratos internacionales


Fuerza Mayor, Exceptional Risks y force majeure. Common Law, Civil Law y entorno FIDIC. El futuro de las cláusulas de fuerza mayor en los contratos internacionales
Ignacio DE ALMAGRO COLORADO, Abogado y consultor FIDIC; Lukas KLEE, Construction Contract Consultant
Diario La Ley, Nº 9064, Sección Tribuna, 19 de Octubre de 2017
En este trabajo el autor analiza los casos de Fuerza Mayor contractual en entornos FIDIC, su contenido y casos concretos y las circunstancias en que se producen.

Bibliografía - La reformulación de la doctrina en materia de derechos de los extranjeros en España


La reformulación de la doctrina en materia de derechos de los extranjeros en España: los avances de la jurisprudencia
Alberto PALOMAR OLMEDA, Profesor Titular (acred) de Derecho Administrativo
Diario La Ley, Nº 9064, Sección Dossier, 19 de Octubre de 2017
Se analizan en el presente trabajo un conjunto de Autos de admisión del Tribunal Supremo en relación con el nuevo recurso de casación y, en concreto, los que se centran en algunos aspectos en los que la normativa de derechos de los extranjeros en España muestra un cierto automatismo en la aplicación de la criterios, específicamente, los que se refieren a potenciales afecciones a la seguridad pública y los que se refieren a requisitos de carácter económico o adicionales para obtener las autorizaciones para residir o trabajar en España.
La jurisprudencia que se analiza y los pronunciamientos que corresponden al Tribunal Supremo presentan una línea evidente de continuidad entre los pronunciamientos del TJUE, los del Tribunal Constitucional y los de la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta línea de continuidad pasa por encontrar una interpretación motiva y dinámica de los requisitos, especialmente, los que se refieren a la afección a la seguridad pública y los que tienen que ver con las facultades de expulsión del territorio nacional que corresponden a las autoridades administrativas en materia de extranjería.
La comisión de delitos se ha convertido en un eje central para la aplicación del régimen sancionador tanto en el procedimiento específico como en la posibilidad de enervar la ejecución. Este efecto directo, según los pronunciamientos del TJUE, no puede producir, de forma automática y exige del juzgador una ponderación del delito, de la pena y de la incidencia de la misma en la comunidad.

DOUE de 19.10.2017


Decisión (UE) 2017/1908 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, relativa a la puesta en aplicación de determinadas disposiciones del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Visados en la República de Bulgaria y en Rumanía.
Nota: Las disposiciones del acervo de Schengen relativas al VIS, y que se recogen en el anexo, se aplicarán a Bulgaria y a Rumanía. Estas disposiciones se aplicarán una vez que todas las pruebas exhaustivas pertinentes relativas a las disposiciones que figuran en el anexo que deben realizarse por eu-LISA han sido efectuadas con éxito y se haya notificado a Bulgaria, Rumanía y la Comisión que dichas pruebas fueron efectuadas con éxito. Además, Bulgaria y Rumanía podrán invitar a expertos de los Estados miembros y de la Comisión a que revisen la aplicación de dichas disposiciones.
En espera de la adopción de la decisión del Consejo de suprimir los controles en las fronteras interiores de los Estados miembros, las autoridades competentes de Bulgaria y Rumanía responsables en materia de visados podrán acceder al VIS para realizar consultas en modo «solo lectura» y solo para determinados fines.

miércoles, 18 de octubre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (18.10.2017)


CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR, presentadas el 18 de octubre de 2017, en el asunto C‑467/16 (Schlömp): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Stuttgart (Tribunal Civil y Penal de Stuttgart, Alemania)] Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Convenio de Lugano II — Artículos 27 y 30 — Litispendencia — Concepto de “tribunal”.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"En una situación como la que constituye el objeto del litigio principal, en la que un procedimiento de conciliación constituye una etapa obligatoria previa que ha de superarse antes de poder presentar una demanda ante un tribunal y en la que el procedimiento de conciliación y el procedimiento subsiguiente ante un tribunal se consideran dos fases independientes de un mismo procedimiento judicial, ha de entenderse que un tribunal conoce de un litigio en el sentido de los artículos 27 y 30 del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado el 30 de octubre de 2007, cuya celebración fue aprobada en nombre de la Comunidad por la Decisión 2009/430/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, en el momento en el que se presenta la solicitud ante el órgano de conciliación, siempre que el demandante adopte todas las medidas necesarias que le incumben para seguir adelante con el procedimiento ante el tribunal."

martes, 17 de octubre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (17.10.2017)


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 17 de octubre de 2017, en el asunto C‑194/16 (Bolagsupplysningen y Ilsjan): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Artículo 7, punto 2 — Competencia especial en materia delictual o cuasidelictual — Vulneración de los derechos de una persona jurídica mediante la publicación en Internet de información supuestamente inexacta sobre ella y la no supresión de comentarios que la afectan — Lugar donde se ha producido el daño — Centro de intereses de la persona jurídica.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 7, punto 2, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una persona jurídica, que afirma que la publicación de información inexacta sobre ella en Internet y la no supresión de comentarios que la afectan han vulnerado sus derechos de la personalidad, puede presentar una demanda al objeto de obtener la rectificación de dicha información, la supresión de esos comentarios y la reparación de la totalidad del perjuicio sufrido ante los tribunales del Estado miembro en que se halla su centro de intereses.
Cuando la persona jurídica ejerce la mayor parte de sus actividades en un Estado miembro distinto del de su domicilio, esta persona jurídica puede, basándose en el lugar en que se ha materializado el daño, demandar en ese otro Estado miembro al presunto autor de la lesión.
2) El artículo 7, punto 2, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que una persona que alega que la publicación de información inexacta en Internet y la no supresión de comentarios que la afectan han vulnerado sus derechos de la personalidad no puede presentar una demanda al objeto de obtener la rectificación de esa información y la supresión de esos comentarios ante los tribunales de cada Estado miembro en cuyo territorio la información publicada en Internet sea o haya sido accesible."

DOUE de 17.10.2017 - Parlamento Europeo


PARLAMENTO EUROPEO

-Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2015, sobre la pena de muerte (2015/2879(RSP))

-Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2015, sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, en interés de la Unión Europea, el Protocolo de 2014 del Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, 1930, de la Organización Internacional del Trabajo, en lo que respecta a las cuestiones relativas a la cooperación judicial en materia penal (06731/2015 — C8-0078/2015 — 2014/0258(NLE))

-Proceso europeo de escasa cuantía y proceso monitorio europeo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2015, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) no 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía y el Reglamento (CE) no 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (COM(2013)0794 — C7-0414/2013 — 2013/0403(COD))
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 7 de octubre de 2015 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2015/… del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o 861/2007 por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía, y el Reglamento (CE) n.o 1896/2006 por el que se establece un proceso monitorio europeo

-Servicios de pago en el mercado interior
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2015, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2013/36/UE y 2009/110/CE, y se deroga la Directiva 2007/64/CE (COM(2013)0547 — C7-0230/2013 — 2013/0264(COD))
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 8 de octubre de 2015 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2015/… del Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE

-Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de octubre de 2015, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se establece la fecha a partir de la cual surtirá efecto la Decisión 2008/633/JAI sobre el acceso para consultar el Sistema de Información de Visados (VIS) por las autoridades designadas de los Estados miembros y por Europol, con fines de prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves (10506/2015 — C8-0193/2015 — 2015/0807(CNS))

Jurisprudencia - Prohibición legítima del uso del «hijab» a una interna en centro penitenciario


Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª, Auto 530/2017 de 17 Jul. 2017, Rec. 195/2017: Derecho a la libertad religiosa. Prohibición del uso del «hijab» a interna penada por razón de su relación con el terrorismo islámico. Inexistencia de vulneración. Legítima limitación por la autoridad penitenciaria de un pretendido símbolo religioso por razón de seguridad y buen orden. La prenda oculta parte de la cara y dificulta la identificación. Uso del hijab por la interna como una reivindicación yihadista en labor de radicalización hacia otras internas, que actúa además en detrimento de la finalidad rehabilitadora y reinsentadora de la pena. Voto particular.
Ponente: Poveda Peñas, Nicolás.
Nº de Auto: 530/2017
Nº de Recurso: 195/2017
Jurisdicción: PENAL
Diario La Ley, Nº 9062, Sección Jurisprudencia, 17 de Octubre de 2017
ECLI: ES:AN:2017:793A
[Texto de la resolución]

BOE de 17.10.2017


Ley 4/2017 de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.
Nota: En eta norma cabe destacar el art. 2.5, en relación con su ámbito de aplicación personal, en el que se establece que "las personas extranjeras con discapacidad accederán a los servicios, prestaciones y demás beneficios de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración".

lunes, 16 de octubre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-438/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 20 de julio de 2017 — Bundesrepublik Deutschland/Taus Magamadov
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Se opone la disposición transitoria del artículo 52, párrafo primero, de la Directiva 2013/32/UE a la aplicación de una normativa nacional que, para transponer el artículo 33, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE, que contiene una ampliación de los límites de la autorización conferida por su predecesora, establece que no se admitirá una solicitud de protección internacional cuando al solicitante le haya sido reconocida protección subsidiaria en otro Estado miembro, en la medida en que, a falta de un régimen transitorio nacional, tal normativa nacional es aplicable también a las solicitudes presentadas antes del 20 de julio de 2015? ¿Se aplica en todo caso cuando la solicitud de asilo aún está íntegramente comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 343/2003, en virtud del artículo 49 del Reglamento (UE) n.o 604/2013?
2) ¿Permite la disposición transitoria del artículo 52, párrafo primero, de la Directiva 2013/32/UE a los Estados miembros, en particular, transponer con efectos retroactivos la ampliación de los límites de la autorización que resulta del artículo 33, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE, con la consecuencia de que las solicitudes de asilo presentadas antes de la entrada en vigor de la Directiva 2013/32/UE y de la transposición al Derecho interno de esta ampliación de los límites de la autorización y que en el momento de la transposición aún no han sido resueltas con carácter definitivo tampoco son admitidas?"
-Asunto C-478/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Cluj (Rumanía) el 9 de agosto de 2017 — IQ/JP
Cuestiones planteadas:
"1) Si la expresión «los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro competentes para conocer del fondo del asunto», utilizada en el artículo 15, se refiere tanto a los órganos jurisdiccionales que resuelven el litigio en primera instancia como a los que conocen de los recursos. Se pregunta si puede tener lugar, en virtud del artículo 15 del Reglamento n.o 2201/2003, una remisión del asunto a un órgano jurisdiccional mejor situado para conocer de él en el caso de que el órgano jurisdiccional competente al que se pide la remisión a un órgano jurisdiccional mejor situado sea de apelación, mientras que el órgano jurisdiccional mejor situado juzga en primera instancia.
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial ¿qué suerte debería reservar, en opinión del Tribunal de Justicia, el órgano competente que procede a la remisión del asunto a un órgano jurisdiccional mejor situado a la sentencia pronunciada en primera instancia?"
-Asunto C-483/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Irlanda) el 9 de agosto de 2017 — Neculai Tarola/Minister for Social Protection
Cuestión planteada: "Si un ciudadano de otro Estado miembro de la Unión, tras sus doce primeros meses de ejercicio del derecho a la libre circulación, llega al Estado de acogida y trabaja (en virtud de un contrato que no sea de duración determinada) durante un período de dos semanas por las cuales recibe una retribución y, a continuación, queda involuntariamente en paro, ¿mantiene este ciudadano la condición de trabajador durante un período adicional no inferior a seis meses a efectos del artículo 7, apartado 3, letra c), y del artículo 7, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/38/CE, de forma que tenga derecho a percibir prestaciones de asistencia social o, en su caso, prestaciones de seguridad social en las mismas condiciones que si fuera un ciudadano residente en el Estado de acogida?"
-Asunto C-491/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 14 de agosto de 2017 — Hoteles Piñero Canarias, S.L./Keefe (representado legalmente por Eyton)
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Exige el artículo 11, apartado 3, que la demanda presentada por la persona perjudicada contra el tomador del seguro/asegurado afecte a cuestiones en materia de seguro, en el sentido de que plantee una cuestión sobre la validez o efecto de la póliza?
2) ¿Exige el artículo 11, apartado 3, que exista un riesgo de resoluciones judiciales contradictorias a menos que se permita la acumulación?
3) ¿Disponen los órganos jurisdiccionales de la facultad discrecional de autorizar o no la acumulación de una demanda que está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 3?"
-Asunto C-507/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 21 de agosto de 2017 — Google Inc./Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe interpretarse el «derecho de retirada», según ha sido consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 13 de mayo de 2014 sobre la base de las disposiciones de los artículos 12, letra b), y 14, letra a), de la Directiva de 24 de octubre de 1995, en el sentido de que el gestor de un motor de búsqueda que estima una solicitud de retirada está obligado a efectuar dicha retirada respecto de la totalidad de los nombres de dominio de su motor, de tal manera que los vínculos controvertidos dejen de mostrarse independientemente del lugar desde el que se realice la búsqueda a partir del nombre del solicitante, incluso fuera del ámbito de aplicación territorial de la Directiva de 24 de octubre de 1995?
2) En caso de respuesta negativa a esta primera cuestión, ¿debe interpretarse el «derecho de retirada», según ha sido consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia antes citada, en el sentido de que el gestor de un motor de búsqueda que estima una solicitud de retirada solamente está obligado a suprimir los vínculos controvertidos de los resultados obtenidos como consecuencia de una búsqueda realizada a partir del nombre del solicitante en el nombre de dominio correspondiente al Estado en el que se considera que se ha efectuado la solicitud o, de manera más general, en los nombres de dominio del motor de búsqueda que corresponden a las extensiones nacionales de dicho motor para el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea?
3) Además, como complemento de la obligación mencionada en la segunda cuestión, ¿debe interpretarse el «derecho de retirada», según ha sido consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia antes citada, en el sentido de que el gestor de un motor de búsqueda que estima una solicitud de retirada está obligado a suprimir, mediante la técnica denominada de «bloqueo geográfico», desde una dirección IP supuestamente localizada en el Estado de residencia del beneficiario del «derecho de retirada», los resultados controvertidos obtenidos como consecuencia de una búsqueda realizada a partir de su nombre, o incluso, de manera más general, desde una dirección IP supuestamente localizada en uno de los Estados miembros sujetos a la Directiva de 24 de octubre de 1995, y ello independientemente del nombre de dominio utilizado por el internauta que efectúa la búsqueda?"
-Asunto C-514/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la cour d’appel de Liège (Bélgica) el 23 de agosto de 2017 — Ministère public/Marin-Simion Sut
Cuestión planteada: "¿Puede interpretarse el artículo 4, apartado 6, de la Decisión marco 2002/584 en el sentido de que no es aplicable a hechos respecto de los que un órgano jurisdiccional del Estado emisor ha dictado una pena privativa de libertad, desde el momento en que esos mismos hechos únicamente conllevan en el territorio del Estado de ejecución una multa, de modo que, de conformidad con el Derecho interno del Estado de ejecución, resulta imposible ejecutar la pena privativa de libertad en el Estado miembro de ejecución, en detrimento de la reinserción social de la persona condenada y de sus lazos familiares, sociales o económicos y demás vínculos?"

Bibliografía - El testamento en España de un no residente sobre sus bienes en territorio español


¿Sirve de algo el testamento en España de un no residente sólo para sus bienes en nuestro país?
Ricardo CABANAS TREJO, Leticia BALLESTER AZPITARTE, Notarios.
Diario La Ley, Nº 9061, Sección Doctrina, 16 de Octubre de 2017
Recientes pronunciamientos de la Dirección General de los Registros y del Notariado ponen en duda, no ya la conveniencia, sino la misma posibilidad de que un no residente otorgue en España un testamento, sólo para los bienes en nuestro país. Por el contrario, opinan los autores que estas disposiciones mortis causa, ni son incompatibles con el Reglamento 650/2012, ni deben ser erradicadas por sí mismas de nuestra práctica notarial, pero han de configurare claramente como una atribución a título particular o legado. De todos modos, la disposición española no podría desvincularse de lo hecho en el país de la residencia y por eso será necesario aportar determinada documentación extranjera. Además, tanto en el momento del otorgamiento del testamento, como después en el de la adjudicación, será necesario encajar esa disposición singular en la sucesión universal del causante en los términos de la única ley aplicable a la misma, punto en el que puede resultar problemática su coordinación con nuestra legislación registral, si aquella ley sólo reconoce al legado eficacia obligacional. Al margen de esto, la disposición española también puede facilitar los trámites sucesorios futuros.
Este artículo quiere llamar la atención sobre la posibilidad y conveniencia de que un ciudadano no residente otorgue en España un testamento sólo para sus bienes en nuestro país, en especial después de que la Dirección General de los Registros y de Notariado se haya mostrado, de forma no demasiado clara, en contra de esta opción testamentaria.

BOE de 16.10.2017


Recurso de inconstitucionalidad n.º 2557-2017, contra el artículo 3 por el que se da nueva redacción a los artículos 621-1 a 621-54 (contrato de compraventa), y a los arts. 621-56 y 621-57 (contrato de permuta) del libro sexto del Código civil de Cataluña; artículo 4, por el que se da nueva redacción a los arts. 622-21 a 622-42 del Código civil de Cataluña; contra el artículo 9, en tanto que introduce una disposición transitoria primera en el libro sexto del Código civil de Cataluña, de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
Nota: El TC acuerda levantar la suspensión del art. 3, en la parte por la que se da nueva redacción a los arts. 621-1 a 621-54 (contrato de compraventa) y a los arts. 621-56 y 621-57 (contrato de permuta); del art. 4, por el que se da nueva redacción a los arts. 622-21 a 622-42 del Código civil de Cataluña y del art. 9, en tanto que introduce una disposición transitoria primera en el libro sexto del Código Civil de Cataluña, de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
Véase el Recurso de inconstitucionalidad n.º 2557-2017, así como la entrada de este blog del día 14.6.2017. Véase, igualmente, la Ley 3/2017 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 15 de febrero, así como la entrada de este blog del día 8.3.2017.

domingo, 15 de octubre de 2017

Bibliografía - La protección del personas laboral al servicio de las embajadas españolas


De la protección del personal laboral al servicio de las embajadas españolas.
Nuria MARCHAL ESCALONA, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado (Universidad de Granada)
Bitácora Millennium DIPr., nº 6 (Prepublicación)
SUMARIO: I. Introducción II. De la competencia judicial internacional. III. El Derecho aplicable y la (des) protección del personal laboral al servicio de la Administración española en el exterior IV. La extinción del contrato del personal laboral al servicio de embajadas españolas 1. Introducción 2. Del despido: de su posible calificación como norma imperativa y de su aplicación en Derecho Internacional Privado V. Conclusiones.

El presente estudio pretende analizar hasta qué punto el personal laboral de nacionalidad española que presta sus servicios en las embajadas españolas en el extranjero puede disfrutar o no de la protección que les confiere el Derecho español.

Revista de revistas (8 a 15 de octubre)


sábado, 14 de octubre de 2017

Bibliografía - Novedad editorial


Se ha publicado la 27ª edición de la "Legislación básica de Derecho Internacional Privado", de los profesores Alegría Borrás, Nuria Bouza, Francisco J. Garcimartín y Miguel Virgós, editada por la Editorial Tecnos.

Esta obra constituye una sistematización —con abundantes notas y concordancias, además de referencias a las direcciones de Internet útiles para completar y poner al día determinados datos— de los textos básicos de Derecho internacional privado vigentes en el ordenamiento español, precedidos de una introducción.
Dado el amplio volumen de normas que contiene, la estructura de la obra pretende hacer intuitiva su utilización. Así, partiendo de la Constitución española y de los Tratados de la Unión Europea, las normas más relevantes para el Derecho internacional privado se han agrupado en dos grandes bloques, consagrado el primero a las normas de carácter general, tanto procesales como en materia civil y mercantil, y el segundo a las normas específicas en los diferentes sectores (personas físicas, familia y sucesiones, sociedades, obligaciones y bienes), incluyendo también un apartado dedicado a las normas de Derecho concursal y , finalmente, un apartado dedicado al arbitraje y la mediación. En cada uno de estos sectores los textos se presentan siempre en el mismo orden, incluyéndose primero las normas de Derecho de la Unión Europea con incidencia en el ámbito del Derecho internacional privado, cuya importancia ha aumentado notablemente en los últimos tiempos, las del Derecho convencional y, finalmente, las normas internas. Este amplio conjunto de textos, actualizados hasta julio de 2017, está destinado a facilitar tanto la docencia universitaria como la labor de los profesionales del Derecho.

Extracto del índice:
Introducción a la 27ª edición
Selección de direcciones de Internet
I. Normas fundamentales
II. Normas procesales de carácter general
1) Normas de la Unión Europea y normas convencionales relacionadas
2) Normas convencionales
3) Normas de Derecho interno
III. Normas de carácter general en materia civil y mercantil
IV. Personas físicas, familia y sucesiones
1) Persona física
2) Familia y protección de menores
3) Alimentos
4) Sucesiones
V. Sociedades, obligaciones y bienes
1) Persona jurídica
2) Obligaciones contractuales
3) Obligaciones extracontractuales
4) Derechos reales y garantías
5) Bienes culturales
6) Propiedad intelectual e industrial
7) Títulos valores
8) Mercado y competencia
VI. Derecho concursal
VII. Arbitraje y mediación
Índice cronológico de disposiciones
Índice de disposiciones en atención a su fuente de origen
Índice analítico
Ficha técnica:
Legislación básica de Derecho Internacional Privado, 27ª ed.
Edición de A.Borrás, N.Bouza, F.J.Garcimartín, M.Virgos
Editorial Tecnos, 2017 - Biblioteca de Textos Legales n. 139
1696 págs. - 35,20 €
ISBN: 978-84-309-7187-9

DOUE de 14.10.2017


Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea.
Nota: En la exposición de motivos de la norma se explica que las situaciones en que diferentes Estados miembros interpretan o aplican de modo diferente las disposiciones de los acuerdos y convenios fiscales bilaterales, o el Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas (90/436/CEE) («Convenio de Arbitraje de la Unión») pueden crear graves obstáculos fiscales para las empresas que operan a escala transfronteriza. Generan una carga fiscal excesiva a las empresas y pueden dar lugar a distorsiones e ineficiencias económicas e incidir negativamente en las inversiones transfronterizas y el crecimiento. Por esta razón, es necesario que existan mecanismos en la Unión que garanticen la resolución efectiva de los litigios relacionados con la interpretación y aplicación de tales tratados fiscales bilaterales y del Convenio de Arbitraje de la Unión, en particular los litigios que dan lugar a doble imposición.
Los mecanismos existentes previstos en los tratados fiscales bilaterales y el Convenio de Arbitraje de la Unión podrían no permitir resolver de modo efectivo dichos litigios en todos los casos de manera oportuna. El ejercicio de seguimiento efectuado en el marco de la aplicación del Convenio de Arbitraje de la Unión ha puesto de manifiesto algunas deficiencias importantes, en particular en lo que se refiere al acceso al procedimiento y en lo que se refiere a la duración y la conclusión efectiva del procedimiento. Con el fin de crear un marco fiscal más justo, es preciso mejorar las normas sobre transparencia y reforzar las medidas contra la elusión fiscal. Al mismo tiempo, en aras de un sistema fiscal justo, es preciso velar por que los mecanismos de resolución de litigios sean integradores, eficaces y sostenibles. Es menester asimismo mejorar los mecanismos de resolución de litigios para responder al riesgo de que aumente el número de litigios por doble o múltiple imposición en los que puedan estar en juego cuantías potencialmente elevadas como consecuencia de prácticas de auditoría más regulares y específicas establecidas por las administraciones tributarias.

La resolución de litigios debe aplicarse a las diferentes formas de interpretar y aplicar los tratados fiscales bilaterales y el Convenio de Arbitraje de la Unión, en particular a las diferencias de interpretación y de aplicación que dan lugar a doble imposición. Esto debe alcanzarse mediante un procedimiento que se inicia con la presentación del caso a las autoridades tributarias de los Estados miembros afectados con miras a la resolución del litigio por procedimiento amistoso. Debe alentarse a los Estados miembros a que recurran a formas de resolución de litigios alternativas no vinculantes, como la mediación o la conciliación, durante las fases finales del período del procedimiento amistoso. De no llegarse a un acuerdo amistoso en un plazo determinado, el caso debe someterse a un procedimiento de resolución de litigios. Debe haber flexibilidad en la elección del método para la resolución de litigios, bien mediante estructuras ad hoc, bien mediante estructuras más permanentes. Los procedimientos de resolución de litigios podrían adoptar la forma de una comisión consultiva compuesta por representantes de las autoridades fiscales afectadas y de personalidades independientes o podrían tener la forma de una comisión de resolución alternativa de litigios (esta última aportaría flexibilidad en la elección de los métodos de resolución de litigios). Por otro lado, en su caso, los Estados miembros podrían elegir, por medio de un acuerdo bilateral, utilizar cualquier otro procedimiento de resolución de litigios, como el procedimiento de arbitraje de la «oferta definitiva» (también conocido como arbitraje de «la última mejor oferta»), para resolver el litigio de manera vinculante. Las autoridades tributarias deben tomar una decisión vinculante definitiva por referencia al dictamen de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios.
La mejora del mecanismo de resolución de litigios debe basarse en los sistemas existentes en la Unión, incluido el Convenio de Arbitraje de la Unión. No obstante, el ámbito de aplicación de la presente Directiva ha de ser más amplio que el del Convenio de Arbitraje de la Unión, que se limita exclusivamente a los litigios en materia de precios de transferencia y a la atribución de beneficios a los establecimientos permanentes. La presente Directiva debe aplicarse a todos los contribuyentes sujetos al impuesto sobre la renta y el patrimonio cubierto por los tratados fiscales bilaterales y el Convenio de Arbitraje de la Unión. Al mismo tiempo, los individuos y las microempresas y pequeñas y medianas empresas deben tener una menor carga administrativa cuando acceden al procedimiento de resolución de litigios. Además, debe reforzarse la fase de resolución de litigios. En concreto, conviene delimitar la duración de los procedimientos de resolución de los litigios de doble imposición y establecer las condiciones del procedimiento de resolución de litigios para los contribuyentes.

Esta Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE, y será aplicable a toda reclamación presentada a partir del 1.7.2019 en adelante respecto de las cuestiones en litigio referentes a rentas o patrimonio obtenidos en un ejercicio fiscal que se haya iniciado el 1.1.2018 o con posterioridad a esa fecha. No obstante, los Estados miembros podrán acordar aplicar la presente Directiva a toda reclamación que se haya presentado con anterioridad a dicha fecha o a ejercicios fiscales anteriores (art. 23). Por su parte, los Estados miembros deberán haberla transpuesto a más tardar el 30.6.2019 (art. 22.1).

viernes, 13 de octubre de 2017

Jurisprudencia - Procedimiento diseñado para engañar por medios informáticos a una serie de empresas internacionales


Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia de 16 febrero 2017, Rec. 1245/2016: Condena por delito continuado de estafa en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil y un delito de participación en organización criminal. La sofisticación en el procedimiento diseñado para engañar por medios informáticos a una serie de empresas internacionales revela una organización criminal con estabilidad y reparto de tareas. Un conjunto de personas, actuando desde varios países, se aprovecharon del prestigio internacional de una empresa española dedicada a la explotación y comercialización de mercurio, para obtener un beneficio económico injustificado, a cuyo efecto crearon un dominio alojado en el Reino Unido. Desarrollaron una página web a la que se accedía a través de dicho dominio, imitando el estilo, diseño y contenido de la página de la empresa española, eliminando los datos de contacto auténticos y sustituyéndolos por otros; cuando los clientes de la empresa accedían por error a la página web alojada en el dominio creado, se les facilitaban teléfonos de contacto y direcciones de correo electrónico que correspondían a personas que actuaban en concierto con los que habían creado la falsa página web. Con dicha actuación, los clientes de la empresa contactaron con personas que nada tenían que ver con ella, quienes, actuando en colaboración con los que habían creado la falsa página web, ofrecían partidas de mercurio a precios ventajosos, exigiendo que se remitiera a las cuentas por ellos designadas cantidades en efectivo en concepto de señal o como confirmación de los pedidos.
Ponente: Conde-Pumpido Touron, Cándido.
Nº de Recurso: 1245/2016
Jurisdicción: PENAL
Iustel - Diario Del Derecho, 13 octubre 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: STS 483/2017 - ECLI: ES:TS:2017:483]

Congreso de los Diputados - Convenio internacional


El Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Japón relativo al Programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas, hecho en Tokio el 5 de abril de 2017 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 67-1, de 13.10.2017).
Nota: Mediante el presente Acuerdo, cada parte contratante se compromete a facilitar la tramitación y expedición a los nacionales del otro país que residan en él de un visado para el programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas.

Juripsrudencia - Abogado que estafa a clientes extranjeros prometiéndoles permisos residencia sobre falsos contratos


Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 540/2017 de 12 Jul. 2017, Rec. 1621/2016: Concurso de delitos. Medial entre falsedad documental y estafa. Cometido por el Abogado que tramitó numerosos expedientes de extranjería en su despacho –a través de becarios- para la obtención de permisos de trabajo y residencia de extranjeros, aportando contratos de trabajo falsos y otros documentos confeccionados al efecto en sociedades o empresas inactivas, cobrando a los clientes a sabiendas de la denegación de los mismos. Continuidad delictiva. Nexo causal precedente entre el engaño, el error y el desplazamiento patrimonial en perjuicio de las víctimas. Falsedad en documento privado, en cuanto que la mendacidad en los sellos de entrada en oficina pública, no iba dirigida a incorporarse a expediente alguno, sino en simular tal entrada, para estafar a los perjudicados. Penalidad. Minoración de la pena a 3 años de prisión por absorción de la falsificación por la estafa. No puede mantenerse tampoco la estafa agravada por encima de 50.000 euros, por no existir datos concluyentes al respecto. Condena por delito continuado de estafa básico del art. 249 CP.
Ponente: Sánchez Melgar, Julián.
Nº de Sentencia: 540/2017
Nº de Recurso: 1621/2016
Jurisdicción: PENAL
Diario La Ley, Nº 9060, Sección Jurisprudencia, 13 de Octubre de 2017
ECLI: ES:TS:2017:2871

Bibliografía - El fraude del realquiler vacacional


El fraude del realquiler vacacional
Vicente MAGRO SERVET, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Doctor en Derecho
Diario La Ley, Nº 9060, Sección Doctrina, 13 de Octubre de 2017, Editorial Wolters Kluwer
Analiza el autor el fraude que se está produciendo en casos de alquiler vacacional de inmuebles llevado a cabo por inquilinos de inmuebles con contratos de larga duración, lo que provoca un importante beneficio económico y una estafa al arrendador que no conoce el destino de su propio inmueble. Se analizan la viabilidad de las vías civil y penal, y la forma de afrontar el arrendador este problema para obtener la inmediata recuperación de la posesión de su inmueble, evitando, también, caer en actuaciones que pueden constituir un ilícito penal o civil.
Se realiza un detallado estudio de la vía civil y penal para afrontar este problema, ofreciéndose del mismo modo una propuesta de reforma legislativa que resolvería este problema grave provocado por los grandes beneficios que está produciendo esta nueva figura del alquiler vacacional, pero, sobre todo, para evitar el retraso en la recuperación del inmueble por el propietario perjudicado.

Bibliografía - La hipoteca inmobiliaria en el marco de la inversión extranjera para el desarrollo inmobiliario en Cuba


La hipoteca inmobiliaria en el marco de la inversión extranjera para el desarrollo inmobiliario en la República de Cuba
Lourdes DÁVALOS LEÓN, Abogada del Área de Derecho Mercantil de Uría Menéndez (Madrid), Licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana y la Universidad Complutense de Madrid; Amadeu BLASCO MUÑOZ, Responsable de la Asesoría Jurídica Procesal y Recuperaciones - RED de SAREB
Diario La Ley, Nº 9060, Sección Tribuna, 13 de Octubre de 2017, Editorial Wolters Kluwer
Los autores analizan en el presente trabajo la situación de la figura jurídica de la hipoteca en Cuba, centrándose exclusivamente en el régimen de la hipoteca voluntaria inmobiliaria. Abordan las posibles perspectivas de reforma para una correcta aplicación.

DOUE de 13.10.2017


-Actualización de la lista de permisos de residencia a que se refiere el artículo 2, apartado 16, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).
Nota: Véase el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).
Véanse igualmente las listas de permisos de residencia publicados con anterioridad en DOUE C247, de 13.10.2006, p. 1; DOUE C153, de 6.7.2007, p. 5; DOUE C192, de 18.8.2007, p. 11; DOUE C271, de 14.11.2007, p. 14; DOUE C57, de 1.3.2008, p. 31; DOUE C134, de 31.5.2008, p. 14.; DOUE C207, de 14.8.2008, p. 12; DOUE C331, de 21.12.2008, p. 13; DOUE C3, de 8.1.2009, p. 5; DOUE C64, de 19.3.2009, p. 15; DOUE C239, de 6.10.2009, p. 2; DOUE C298, de 8.12.2009, p. 15; DOUE C308, de 18.12.2009, p. 20; DOUE C35, de 12.2.2010, p. 5; DOUE C74, de 24.3.2010, p. 13; DOUE C82, de 30.3.2010, p. 26; DOUE C103, de 22.4.2010, p. 8; DOUE C108, de 7.4.2011, p. 6; DOUE C157, de 27.5.2011, p. 5; DOUE C201, de 8.7.2011, p. 1; DOUE C216, de 22.7.2011, p. 26; DOUE C283, de 27.9.2011, p. 7; DOUE C199, de 7.7.2012, p. 5; DOUE C214, de 20.7.2012, p. 7; DOUE C298, de 4.10.2012, p. 4; DOUE C51, de 22.2.2013, p. 6; DOUE C75, de 14.3.2013, p. 8.; DOUE C77, de 15.3.2014, p. 4; DOUE C118, de 17.4.2014, p. 9; DOUE C200, de 28.6.2014, p. 59, DOUE C304, de 9.9.2014, p. 3; DOUE C390, de 5.11.2014, p. 12; DOUE C210, de 26.6.2015, p. 5; DOUE C286, de 29.8.2015, p. 3; DOUE C151, de 28.4.2016, p. 4; DOUE C16, de 18.1.2017, p. 5; DOUE C69, de 4.3.2017, p. 6; DOUE C94, de 25.3.2017, p. 3; DOUE C297, de 8.9.2017, p. 3.

Comité Económico y Social Europeo
(527º Pleno de los días 5 y 6 de julio de 2017)

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La industria de los productos falsificados y pirateados» (Dictamen de iniciativa).

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso».

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Directiva 2002/58/CE (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas).

jueves, 12 de octubre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12.10.2017)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 12 de octubre de 2017, en el asunto C‑218/16 (Kubicka): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (UE) n.º 650/2012 — Sucesiones y certificado sucesorio europeo — Ámbito de aplicación — Bien inmueble situado en un Estado miembro que no reconoce el legado vindicatorio — Denegación del reconocimiento de los efectos reales de dicho legado.
Fallo del Tribunal: "Los artículos 1, apartado 2, letras k) y l), y 31 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la denegación del reconocimiento por una autoridad de un Estado miembro de los efectos reales del legado vindicatorio, reconocido por el Derecho aplicable a la sucesión que el testador ha elegido con arreglo al artículo 22, apartado 1, del citado Reglamento, cuando la denegación se basa en que ese legado se refiere al derecho de propiedad de un inmueble situado en dicho Estado miembro, cuya legislación no reconoce la institución del legado con efecto real directo en la fecha de apertura de la sucesión."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 12 de octubre de 2017, en el asunto C‑278/16 (Sleutjes): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Directiva 2010/64/UE — Artículo 3, apartado 1 — Derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales — Traducción de “documentos esenciales” — Concepto de “documentos esenciales” — Resolución judicial de autorización de un decreto de propuesta de proposición de pena dictada tras un procedimiento unilateral abreviado y que condena a su destinatario a una multa por una infracción leve.
Fallo del Tribunal: "El artículo 3 de la Directiva 2010/64 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, debe interpretarse en el sentido de que un acto como una resolución prevista por el Derecho nacional para sancionar infracciones penales leves dictada por un juez tras un procedimiento unilateral abreviado constituye un «documento esencial» a los efectos del apartado 1 de dicho artículo, del cual deben recibir una traducción escrita que respete los requisitos formales que establece la referida disposición las personas sospechosas o acusadas que no comprendan la lengua del proceso de que se trate, con el fin de permitirles ejercer su derecho de defensa y de salvaguardar de este modo la equidad del proceso."

DOUE de 12.10.2017 - Comité de las Regiones


Comité de las Regiones
(124º Pleno, 12-13 de julio de 2017)

-Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Migración en la ruta del Mediterráneo Central.
Nota: Véase el documento JOIN(2017) 4 final, COMUNICACIÓN CONJUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO EUROPEO Y EL CONSEJO. Migración en la ruta del Mediterráneo Central Gestionar los flujos, salvar vidas en el mar, así como su Anexo.

miércoles, 11 de octubre de 2017

Jurisprudencia - Un extranjero sin permiso de residencia y de trabajo no tiene derecho a prestación por desempleo


Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 991, Sentencia de 31 enero 2017, Rec. 1153/2015: La prestación por desempleo no la puede obtener el extranjero que se encuentra en situación irregular en España, dada la ineficacia a efectos prestacionales que de la legislación de extranjería se deriva, que no se sana por el hecho de que haya regularizado posteriormente su situación, lo que únicamente le da derecho a las prestaciones que, en su caso, haya podido generar por ese periodo trabajado legalmente y cotizado. Votos particulares.
Ponente: Luelmo Millán, Miguel Ángel.
Nº de Recurso: 1153/2015
Jurisdicción: SOCIAL
Iustel - Diario Del Derecho, 11 octubre 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: STS 656/2017 - ECLI: ES:TS:2017:656]

martes, 10 de octubre de 2017

Jurisprudencia - No cabe sustituir pena de prisión por la de expulsión de extranjero residente legalmente en España por hechos anteriores a la LO 1/2015


Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 514/2017 de 6 Jul. 2017, Rec. 2479/2016: Abusos sexuales. Cometidos por el acusado -de nacionalidad boliviana- sobre nieta de 10 años. Delito continuado. Penalidad. Se deja sin efecto la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional del penado, una vez que accediese al tercer grado, acordada en la instancia. Improcedencia de sustituir la pena de prisión por la expulsión del territorio español, respecto de extranjero residente legalmente en España, por hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la LO 1/2015. Las previsiones de la anterior regulación contenidas en el art. 89 CP sólo contemplaban la posibilidad de su aplicación a los extranjeros no residentes legalmente en España.
Ponente: Palomo del Arco, Andrés.
Nº de Sentencia: 514/2017
Nº de Recurso: 2479/2016
Jurisdicción: PENAL
Diario La Ley, Nº 9058, Sección Jurisprudencia, 10 de Octubre de 2017
ECLI: ES:TS:2017:2741

Jurisprudencia - Canje de permiso de conducir en fraude de ley para poder conducir en España tras la pérdida de todos los puntos


Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 612/2017 de 13 Sep. 2017, Rec. 1956/2016: Conducción sin permiso. Por pérdida de puntos. Canjes fraudulentos de permisos de conducir. Fijación de doctrina legal. Interés casacional. No pueden detentarse dos permisos, y usar el que convenga en cada momento, sobre todo cuando se circula por un Estado cuyas autoridades impiden tal conducción como consecuencia de las infracciones cometidas, que acarrean la caducidad de su vigencia por pérdida total de puntos. No cabe que el canje se haga en defraudación de una norma penal de un Estado miembro, ni puede impedir disposiciones sancionadoras, de tal manera pueda dejar de aplicarse una sanción de privación de la licencia de conducir por pérdida de puntos en uno de los Estados. Virtualidad del nuevo modelo único de permiso de conducción en todos los Estados miembros de la UE, cuyas características y plazos de vigencia han de ser armonizados de acuerdo a sus prescripciones. En el caso, las autoridades españolas habían dejado sin vigencia el permiso de conducción del acusado, nacional español, por pérdida de puntos, notificándoselo adecuadamente, no pudiéndose amparar en la tenencia de otro de canje portugués, so pena de fraude de ley. Confirmación de condena.
Ponente: Sánchez Melgar, Julián.
Nº de Sentencia: 612/2017
Nº de Recurso: 1956/2016
Jurisdicción: PENAL
Diario La Ley, Nº 9058, Sección Reseña de Sentencias, 10 de Octubre de 2017
ECLI: ES:TS:2017:3250
[Texto de la sentencia]

BOE de 10.10.2017


Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre transporte internacional por carretera, hecho ad referendum en Ordino el 8 de enero de 2015.
Nota: Este Acuerdo entró en vigor el 10 de julio de 2017, es decir, hace tres meses (!!!). ¡Puntualidad la del MAEC a la hora de informar de estos actos!

lunes, 9 de octubre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-287/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 20 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Fidelidade-Companhia de Seguros, S.A./Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira (Procedimiento prejudicial — Seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles — Directiva 72/166/CEE — Artículo 3, apartado 1 — Directiva 84/5/CEE — Artículo 2, apartado 1 — Contrato de seguro celebrado sobre la base de falsas declaraciones relativas a la propiedad del vehículo y a la identidad del conductor habitual de éste — Tomador del seguro — Falta de interés económico en la celebración de ese contrato — Nulidad absoluta del contrato de seguro — Oponibilidad a los perjudicados).
Nota: Véase la entrada de este blog del día 20.7.2017.
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-386/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 27 de junio de 2017 — Stefano Liberato/Luminita Luisa Grigorescu
Cuestiones planteadas:
"1) ¿La infracción de las normas sobre litispendencia, contenidas en el artículo 19, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 2201/2003, incide exclusivamente en la determinación de la competencia judicial, con la consiguiente aplicación del artículo 24 del Reglamento n.o 2201/2003 o, por el contrario, puede constituir un motivo de denegación del reconocimiento, en el Estado miembro ante cuyos órganos jurisdiccionales se interpuso la primera demanda, de la resolución dictada en el Estado miembro ante cuyos órganos jurisdiccionales se presentó la segunda demanda, desde el punto de vista del orden público procesal, teniendo en cuenta que el artículo 24 del Reglamento n.o 2201/2003 sólo menciona las normas de determinación de la competencia judicial recogidas en los artículos 3 a 14, y no en el posterior artículo 19?
2) La interpretación del artículo 19 del Reglamento n.o 2201/2003 en el sentido de que es únicamente un criterio de determinación de la competencia judicial, ¿se opone al concepto europeo unitario de litispendencia y a la función y la finalidad de la normativa, que persigue establecer un conjunto de normas imperativas, de orden público procesal, en garantía de la creación de un espacio común caracterizado por la confianza y lealtad procesal recíproca entre los Estados miembros, dentro del cual pueda tener lugar el reconocimiento automático y la libre circulación de decisiones?

Jurisprudencia - Planteada cuestión prejudicial sobre si los abogados de oficio son comerciantes o profesionales


Juzgado de lo Social N°. 2 de Terrassa/Tarrasa, Auto de 27 Jun. 2017, Rec. 189/2017: Honorarios de los abogados. Reclamación a beneficiaria de justicia gratuita por la abogada de oficio de unos honorarios que exceden el 50% de la anualidad de la prestación de la Seguridad Social, puesto que no se impusieron las costas a ninguna de las partes. Planteamiento de cuestiones prejudiciales al TJUE en relación a la regulación de los estipendios de los abogados del turno de oficio, pues entiende el magistrado que un régimen tarifario de honorarios del turno de oficio puede persuadir a las clases más desfavorecidas de ejercitar sus derechos ante los tribunales. Así como que el establecimiento de un baremo de honorarios por el Colegio oficial sin intervención de las autoridades del Estado puede ocasionar una desventaja competitiva. También plantea si los abogados de oficio son comerciantes o profesionales en los términos del art. 2. c) Directiva 93/13/CE y del art. 2 b) Directiva 2005/29/CE.
Ponente: Vegas Ronda, Carlos Antonio.
Nº de Recurso: 189/2017
Jurisdicción: SOCIAL
Diario La Ley, Nº 9057, Sección La Sentencia del día, 9 de Octubre de 2017
ECLI: ES:JSO:2017:1A
[Texto de la resolución]

Bibliografía - El 'rechazo' de inmigrantes irregulares en las fronteras de Ceuta y Melilla


El «rechazo» de inmigrantes irregulares en las fronteras de Ceuta y Melilla
Daniel GRACIA PÉREZ DE MERGELINA, Doctorando en el Departamento de derecho Internacional «Adolfo Miajada de la Muela». Facultad de Derecho. Universidad de Valencia.
Diario La Ley, Nº 9057, Sección Doctrina, 9 de Octubre de 2017
En este trabajo el autor analiza la Disposición adicional décima, introducida en la Ley Orgánica de Extranjería por la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que ha supuesto la legalización de las conocidas como «devoluciones en caliente o automáticas» bajo la denominación legal de «rechazo en frontera». Su práctica, sin embargo, sigue planteando dudas de compatibilidad con la normativa internacional de Derechos Humanos y de protección internacional; así como su encaje dentro de la lógica operativa que disciplina el Acuerdo de readmisión de inmigrantes irregulares entre España y Marruecos de 1992. Incluso su conveniencia o necesidad queda en tela de juicio ante la entrada en vigor del nuevo Reglamento europeo 2016/1624 por el que se instituye una Guardia Europea de Fronteras y Costas.